Las semanas recientes han traído consigo de golpe sendos ejemplos de la importancia de la consistencia que debe tener un órgano regulador en la adopción de sus decisiones. La consistencia es un elemento esencial para que un regulador cumpla con el rol que le corresponde en un mercado donde existen fallas que impiden que haya competencia efectiva, que es el de subsanar oportuna y eficazmente las fallas que existen en los mercados sobre los que tienen un encargo o mandato específico, de forma tal que estos funcionen “como si” existieran condiciones de competencia. Ello permitirá que existan las señales adecuadas para que los agentes económicos puedan tomar las mejores decisiones, de manera oportuna.
La consistencia es un elemento necesario para que una institución construya credibilidad. A su vez, la suma de decisiones creíbles y eficaces, sustentadas siempre en un trabajo serio y profundo de investigación, permite a dicha institución construir su reputación. Una buena reputación se traduce en eficacia en la implementación de las decisiones.
Un ejemplo de ello es una decisión de Cofetel sobre la consolidación de áreas de servicio local (ASLs). Éstas son las áreas o zonas en las que se divide al país para definir el ámbito del servicio telefónico local, lo que significa que todas las llamadas que hagan los usuarios de cada una de esas ASLs a cualquiera otra de las ASLs, aunque sea vecina, será facturada por los operadores telefónicos como llamada de larga distancia.
Si bien es cierto que se trataba de un proyecto sometido a consulta pública a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es un hecho reconocido en toda la industria que Cofetel no tuvo la fortaleza para sostener -ante presiones de fabricantes de equipo de telecomunicaciones- su planteamiento original, consistente en que las casi 400 ASLs existentes hoy en día comenzarían a reducirse seis meses después de publicada la resolución definitiva y concluiría 12 meses después de eso. Lo resuelto por Cofetel, sustituye esa reducción gradual distribuida en un período de 18 meses, por una reducción de una vez por todas hasta el mes 24. El resultado es que millones de mexicanos seguirán pagando como llamadas de larga distancia, llamadas que deberían ser locales. Es una medida que debería haber entrado en vigor en 2008 pero que gracias a una estrategia litigiosa de Telmex, terminó por ser frenada por SCT. Esto significa que los ahorros en llamadas de larga distancia que millones de mexicanos deberían gozar desde hace poco más de cuatro años, no solo no han ocurrido, sino que tendrán que esperar otros 18 meses, al menos en cerca de una tercera parte de las ASLs.
La cuestión de fondo aquí es la falta de firmeza de Cofetel para mantener el plazo originalmente previsto para implementar la consolidación de ASLs. Todo indica que lejos de consideraciones económicas o técnicas, se trató de consideraciones políticas. Al incurrir en esta práctica, el regulador vulnera su capacidad para apegarse a una conducta consistente, y por tanto, provoca que sus decisiones carezcan de la credibilidad necesaria.
En el largo plazo, esta falta de credibilidad, originada por una actuación institucional inconsistente, afecta negativamente el desempeño del sector.
Esa debe ser una de las lecciones más importantes que deberán tener en cuenta quienes próximamente integren el pleno del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. No se trata solo de un adecuado marco legal, se trata de actuar con consistencia para construir credibilidad, en beneficio de todos.
