Cinque Terre

Daniel Iván

Miembro del equipo de Gestión y Formación de AMARC-México. Presidente de La Voladora Comunicación A.C. www.danielivan.com.

Código, privacidad y legislación

Hacia una caracterización de la web semántica

De entre todas las preguntas que desata la posibilidad de una web semántica la de las implicaciones de su respuesta a nosotros desde un plano de “conocimiento” (es decir, la posibilidad de que eventualmente “reaccione” a gustos, estados de ánimo y otras cosas que pueda llegar a “conocer de nosotros”) está desatando polémicas interesantes. Particularmente, la pregunta del valor semántico y monetario de ese conocimiento (es decir, su naturaleza aprovechable en el plano de los negocios) y las implicaciones que la materia de ese conocimiento puede llegar a tener en términos de seguridad y privacidad.

Vale la pena aclarar que esos dos conceptos van de la mano como precepto sine qua non de prácticamente todo aquel que “entienda” de problemas relacionados con la web. Otra aclaración es que estos temas no tienen nada de novedosos, sino que constituyen fáciles y oportunistas apropiaciones de temas que vienen pensándose desde hace mucho tiempo como problemas inherentes a la lógica de red de la que parte una buena parte de la construcción del universo digital, particularmente el ligado a Internet, aunque no privativamente.

La seguridad está relacionada con el ámbito de la cultura digital desde sus inicios. En la historia de la computadora ha estado ligada históricamente a dos de las más prósperas ramas de la cultura digital hasta hace poco: la industria del antivirus y la industria del back up. Ambas venden una solución parcial a una noción cuya urgencia raya más bien lo horrendo: la de que nuestro trabajo, datos, materiales de entretenimiento y otros bienes digitales estén a salvo de los muchos peligros a los que están expuestos por la extrañamente constante vulnerabilidad de las computadoras a ataques desde el exterior o, peor aún, a sus propios errores y a su propia decadencia. Esa industria basó la mayor parte de su lógica de negocios en vendernos la única solución plausible al problema a un costo conveniente para ellos y con un nivel de responsabilidad que ellos asumen frente al resultado de la protección en la práctica, nulo. De hecho, ese modelo de negocios es casi universal hoy en los bienes digitales, e incluso generó uno de los términos contractuales más controvertidos de los últimos años del siglo pasado, la lógica “as-is”.1 Muchos otros servicios, como aquellos en los que ponemos datos como cuentas bancarias, números telefónicos y otras delicadezas funcionan de la misma manera y no deberíamos utilizarlos sin tomarlo en cuenta porque hoy, todavía habremos quienes nos dejaremos estafar por Internet (tanto como hay quienes se dejan estafar en las paradas de autobús o en las ventanillas de los bancos).

Como se puede ver, valiente solución ha tenido el problema de la seguridad digital. De hecho, no es raro darse cuenta de que los ciudadanos más entendidos del mundo digital han puesto de realce que esos problemas no requieren una solución objetual única ni en la forma de un “servicio codificable”, sino un cambio de actitud del usuario y un uso combinado de las soluciones a mano que le garanticen, una salida plausible al problema cuando todas las demás fallen.

Algo muy parecido propone la lógica de red de la cultura digital a la preocupación por todos aquellos datos y rastros que entendemos como privados y que, de manera voluntaria casi siempre, emitimos hacia la esfera digital; aquellos que dan testimonio de nuestra intimidad y de los que tenemos, sin duda, una necesidad. Lo privado no debería estar en el ámbito público a menos, claro, de que nuestro objetivo sea la agitación. Asimismo, el usuario necesita una actitud activa en la configuración y desarrollo de esa privacidad y es allí donde muchas de las redes sociales más grandes fallan, siguiendo el ejemplo, no sólo gracias a la torpeza corporativa sino en la mayoría de las ocasiones por la ausencia de los usuarios en los foros de gobernanza que dan cuenta y testimonio, de las muchas preocupaciones que como usuarios compartimos. No estar es también una forma de hacer política; tal vez la más común en nuestros tiempos.

Sin embargo el mundo digital se ha procurado un espacio de diálogo que no se asume como infalible, pero sí como detonador de soluciones plausibles impulsadas desde el usuario y, principalmente, de manera descentralizada.

A menos de que se trate de leyes que sistemáticamente acoten la posibilidad de intervención estatal y provean la certeza del control de datos en manos de sus únicos posibles propietarios (es decir, usted y yo y todos aquellos que dejamos cada día nuestro rastro en internet), cualquier ley que dibuje un “ideal de privacidad digital” tendrá, como punto de inicio, el ardid totalitario. La privacidad convertida en bien común (es decir, público y en un espacio regulado por principios compartidos por la comunidad, que es lo que pobremente aspiran a ser las leyes) no es sino un sinsentido dialéctico y semántico o, en el peor de los casos, ardid o estratagema. Es el estatismo llevado al colmo, en todo caso. Sin olvidar, por supuesto, el aberrante papel que juegan las “Organizaciones No Gubernamentales” (que no lo son) y “expertos” que le exigen a sus gobiernos la creación o perfeccionamiento de fiscalías especializadas y policías cibernéticas que, en la mayoría de los casos, generan potestades meta legales la mar de escalofriantes. Incluso, a falta de análisis serio por parte de analistas no estatistas, podríamos caer en un silogismo que generalice y se equivoque (o tal vez no): las leyes que acotan la autoridad del Estado no existen y donde existen no funcionan; es decir, no existen.

Si seguimos el rastro de la caracterización de la privacidad como “propiedad” de los datos, notaremos que no hay en el flujo de información digital ningún actor que no se reclame ya como su potencial propietario. Sea como “facilitador infraestructural” de la información (no han sido pocos los ISP’s, corporaciones “dueñas” de redes sociales, compañías desarrolladoras de software y sistemas operativos que han elaborado TOS2 dedicados específicamente al control-propiedad de la información generada a través de su infraestructura), sea como “rector necesario” en el campo de la comunicación (los casos de China y otros países con estados abiertamente totalitarios son notables, aunque no lo son menos los casos de censura ex silenTio en países supuestamente democráticos, incluyendo a México). La casi total ausencia del usuario per se en ese reclamo por la propiedad de los datos es por lo menos notable, en tanto en ese discurso es él la víctima y el potencial vulnerador (o, en todo caso y como decía la canción, verdugo y criminal).

La red y su construcción como modelo de comunicación (el más importante en este momento, el más complejo hasta la fecha, el más universal, aunque a los tristes dueños o aspirantes a dueños de la infraestructura de telecomunicaciones de antena les cueste tanto aceptarlo) y, sobre todo, las personas que lo han ido construyendo, llevan demostrando poco menos de medio siglo su capacidad de autoorganización, de delimitación de campos de acción, y muy particularmente, su sentido común. Ese sentido común no se refleja únicamente en la hasta hace pocas décadas inédita posibilidad de nuevas relaciones humanas codificables, sino en una preocupación activa, de personas de carne y hueso y, sobre todo, constante, por proveer mecanismos de verificación de la seguridad (la ética hacker, la verdadera, no es sino la forma en la que la red se comunica sus vulnerabilidades y errores), por buscar mantenerla abierta a la posibilidad de participación más allá de limitantes económicas (el open source, el Creative Commons, las redes colaborativas de acceso público, etcétera, no son sino esfuerzos multitudinarios -lo crean las corporaciones o no- por mantener la red abierta a pesar del avance corporativo que también le era propio) y, muy principalmente, por dejar en el usuario la decisión de un uso responsable de la plataforma, con un sentido particularmente elevado de pertenencia a una comunidad que la red de redes no ostenta como aspiración, sino como una de sus más caras y reconocibles características. Así nació, y así se ha mantenido durante muchos años. Quienes se estén subiendo al carro de expertos que urgen a legislar internet deberían, por lo menos, revisar de manera coherente la historia de la red y no poner a jugar dos ideas tan disímbolas como “seguridad y privacidad” en un discurso tan decimonónico como estatista y fuera de lugar.

Hay algo inusualmente reduccionista, irresponsable o, por lo menos, patriarcal en la actitud de quienes a cada falla de un modelo construido por personas reaccionan diciendo “es la ausencia del Estado: legislemos”. O algo inusualmente mal intencionado.

Eso, por supuesto, es un juicio que le corresponde a la historia.

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