José Luis Peralta

Comisionado de la Cofetel.

Cinco comodines para la Banda Ancha en México

“Se viven tiempos de cambio, de renovación. Del planteamiento de propuestas originales, inéditas, y de insistencia sobre aquellas iniciativas no realizadas o no satisfechas todavía. La renovación sexenal del Poder Ejecutivo Federal siempre llega aparejada con discursos y ofertas por mejorar y crecer, por lograr mayores equilibrios que concreten el propósito superior de someter al fin la desigualdad social. Todos los ánimos coinciden para hacer surgir la posibilidad de estructurar una reconversión sustantiva, amplia e intensa, que a manera de componente revulsivo transforme a nuestra sociedad y beneficie por igual a todos los grupos e individuos que la conforman”.

Según los indicios, en telecomunicaciones, en el conjunto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la renovación institucional que se anuncia se antoja determinante y radical. En efecto, en el acuerdo nacional Pacto por México que reúne la voluntad e interés de las principales fuerzas y corrientes políticas del país y de la nueva Administración Pública Federal, los compromisos para el sector de las TIC claramente refieren a tales distintivos, tanto por el protagonismo que se les atribuye como por las funciones que se espera lleguen a desahogar y cumplir en el corto y mediano plazo.

El documento retoma1 y asume los dos protagonismos que contextualizan a las TIC en las sociedades modernas. Primeramente, se le distingue en tanto actor industrial y de servicios de gran dinamismo productivo, solvencia económica y suministro sobresaliente. Y a este perfil se adiciona después el considerarlo como un sector cuyos productos intermedios y terminales tienen una influencia decisiva para promover y alimentar el desarrollo en varios niveles y categorías, desde el imprescindible desarrollo humano que conquista calidad de vida y realización personal al ciudadano, hasta el crecimiento nacional sustentable, que encuentra en el sector un resorte privilegiado para reproducirse y magnificarse. Tal funcionalidad dual sustenta que las TIC se definan como un sector estratégico -con una preeminencia similar a la que argumentan el transporte, los servicios financieros, o la energía- y se les designe como actores de desempeño prioritario porque su concurso es fundamental para dos tareas primordiales: reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, y asimismo, detonar la actividad económica, la innovación productiva, y el desarrollo social y cultural de nuestro pueblo. Bajo estos principios, el texto precisa algunas directrices para profundizar la concurrencia económica y la expansión de los mercados en condiciones de paridad, anhelos que suponen el instrumentar una política de Estado fuerte y permanente, que entre otros objetivos fortalezca la independencia y actividad de los órganos reguladores -desde luego los dedicados a competencia económica (Compromiso 37 del Pacto) y a telecomunicaciones (Compromiso 40)- e igual implemente tribunales especializados en esas materias para preservar el estado de derecho y la seguridad jurídica de los capitales y sujetos participantes en los segmentos productivos (Compromiso 38). En las TIC, el arribar a una producción eficiente, con altos estándares de calidad y a precios accesibles para comunidades e individuos, son premisas centrales para “extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos”.2

A la búsqueda de mayor eficacia productiva y regulatoria se suman otras propuestas que atañen al uso, aprovechamiento y apropiación de las TIC por parte de los ciudadanos y las colectividades, temas donde se ilustra con claridad el efecto de arrastre que el sector ejerce sobre gran parte de las actividades socioeconómicas habituales. En esta línea es de subrayarse la especial relevancia del punto 2.2 del Pacto, el cual establece el empeño de “garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial”. Al desglosarse, tal mandato viene a ser estelar en tanto postula una enérgica modificación en el escenario de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, ya que habrá de reformarse nuestra Constitución Política para reconocer el derecho de acceso a la conectividad en banda ancha (Compromiso 39). Asumir este enunciado a plenitud, concretarlo en tiempo y forma, significa transformar al ciudadano en sujeto activo de las acciones de equipamiento en servicios y dispositivos, y con ello complementar el accionar del mercado porque la directriz involucra romper las brechas de acceso y de mercado de los servicios de telecomunicaciones3. Compensar la dinámica comercial, promover la cobertura y el acceso donde se carece de servicios o bien donde la población residente no puede adquirirlos, pone el énfasis en la demanda y procura que los concesionarios y permisionarios asimilen esos propósitos y contribuyan a su realización material en su ejercicio cotidiano. Por esto mismo es que la reforma planteada subraya además que habrán de concebirse los procedimientos del caso para evitar que los operadores autorizados eludan el cumplimiento de las resoluciones del órgano regulador. El fortalecimiento de la entidad encuentra así un mayor soporte operativo que le permitirá conducir el proceso a detalle y sobre todo con mayor firmeza y constancia.

Como acción estatal de alto nivel político e institucional, el Pacto por México supone pues cambios importantes en el entorno de las telecomunicaciones. Traducir sus propuestas en acciones determinadas y en tareas precisas a emprender tanto por la Administración Pública Federal y Estatal como por la sociedad y los agentes productivos, habrá de ser un desarrollo substancial porque sus resultados detallarán las pautas, los trabajos y las metas programáticas específicas a llevar a cabo para en efecto garantizar las modificaciones propuestas en el escenario histórico-material en el que se produce el suministro de los servicios. Tal encomienda no es de fácil desahogo porque significa realizar una labor intensa para conseguir los consensos y el arreglo entre agentes de muy distinto perfil y vocación, quienes ejercen sus intereses legítimos en el sector y buscan su permanencia. Integrarles para el dividendo del país; convencerles de ceder antes que de rivalizar; persuadirles de consentir para lograr el provecho de todos, es sin duda una labor compleja, que demandará los mejores oficios de quienes la lleven a cabo.

Contribuir en esa labor de debate y de acuerdo; enriquecer su ejercicio y fortalecer su dinámica; participar con ideas, estudios de caso, conceptos y experiencias, deben ser actividades que todos desarrollemos para intervenir en las instancias de discusión y acuerdo que se generen. Esta participación es imperativa para quienes tienen actividad en los sectores de las TIC y a quienes con seguridad interesa la resolución de sus problemas y la superación de sus carencias. Las TIC deben de crecer y desarrollarse para beneficio del país y de todos los mexicanos, y ante tal convicción es obligado el opinar y reflexionar sobre aquellas alternativas y modificaciones que estructuren los cambios necesarios.

En las páginas que siguen se presentan algunas ideas a considerar para la concepción y el diseño de iniciativas y acciones que concreten el derecho de acceso a la banda ancha, pronunciamiento que demanda la configuración de directrices de naturaleza distinta, ya de perfil técnico o económico, o bien de política pública y, en especial, de gobernanza, porque su realización demanda el involucramiento y concurso de la sociedad en su conjunto y de los principales protagonistas nacionales tanto de las TIC como de otras áreas de actividad. Las opiniones y juicios que aquí quedan expuestos y enumerados no son proposiciones acabadas, menos dictámenes concluidos. En algunos casos apenas representan un primer esbozo conceptual, a partir del cual puedan bordarse otros argumentos y explicaciones que mejoren y complementen los planteamientos originales. El perfeccionamiento de estas propuestas y de otras más que con seguridad se presentará por la apertura que ha instalado el Pacto, debe ser ejercicio y labor colectiva, para ensamblar la visión y el aporte de los interesados, mejorar la argumentación y finalmente optimizar los dictámenes y las propuestas terminales. Las ideas que enseguida se exponen deben considerarse entonces como premisas preliminares, embrionarias inclusive, que a manera de cualquier carta¡ comodín pueden entrar al juego para consolidar la postura de su poseedor, y conducirlo finalmente a ganar la partida.

Uno: hacia la conformación de un portafolio de proyectos completo e incluyente

Casi es ya un lugar común el considerar que las TIC tienen un impacto generalizado, cada vez más decisivo e importante, en prácticamente la totalidad de las actividades sociales. El trabajo; la educación; el ocio y entretenimiento; la cultura; la investigación científica y técnica; los deportes, las comunicaciones sobre todo, son actividades que han sido en efecto permeadas por la información y sus tecnologías. ¿Acaso hoy podemos imaginar el suministro de los servicios financieros sin la intermediación de las TIC? Una empresa cualquiera, ¿podría desempeñarse con éxito en el sector sin computadoras o sin telecomunicaciones; sin reproducir el modus operandi dominante de cualquier banco? Más aún todavía, ¿cuántos servicios han logrado debutar y afianzarse únicamente porque existen las TIC, y no tendrían más razón de ser ni objeto de trabajo si aquellas desaparecieran?

Si la injerencia de las TIC es universal y se extiende y profundiza día a día, ¿porqué los programas que las promueven parecen privilegiar solamente el equipamiento y dejan intocados los efectos que esos dispositivos y sistemas producen en las áreas de actividad donde se utilizan? ¿Es el mercado resorte suficiente y único para lograr el avance armónico y benefactor de las TIC en todos los campos de acción? ¿Se ha comprobado a suficiencia que no se requiere de la intervención estatal para conducir su transcurso y considerar todos los efectos posibles? ¿No corresponde al Estado el impulsar los impactos deseables de las TIC y contrarrestar aquellos perniciosos? ¿Cómo asegurar únicamente los provechos de esas aplicaciones y animar aquellas de mayor beneficio para el interés público? ¿No se requiere de un programa nacional que reconozca el impacto integral de las TIC y las promueva y aproveche en aquellos sectores y actividades donde son en efecto necesarias4?

Con motivo de la celebración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 2003 y 2005 por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), fue común que muchos países concibieran y estructuraran planes nacionales específicos para transitar al nuevo estadio de desarrollo social, sustento en la información y los dispositivos para procesarla y distribuirla. Sin embargo, este esfuerzo de planeación no se llevó a cabo en México y si bien se han implementado varios programas gubernamentales de promoción a las TIC y a sus aplicaciones sociales, no se ha dispuesto de una iniciativa completa, acabada, que promueva la aplicación de las TIC con el propósito de enriquecer y perfeccionar las actividades inherentes a ese campo de actividad. En este sentido, es fundamental atender por ejemplo el involucramiento de las TIC en el trabajo y el impacto que tienen sobre las habilidades y capacidades necesarias para aprovecharlas en los sistemas productivos. Ello implica el desarrollar programas muy intensos de adiestramiento de personal y de formación y capacitación que no pueden dejarse a la iniciativa sola de las empresas y la iniciativa privada. Es fundamental enfrentar estos dilemas como país, como una nación que se preocupa de sus recursos humanos y busca que tengan el mejor desarrollo profesional posible, mismo que habrá de generar una mayor riqueza nacional. Si la educación y el trabajo y otras tantas actividades sociales no pueden aislarse ya de los esquemas que aportan las TIC, no puede postergarse ya su atención y cuidado para conducir esa injerencia y obtener mayores ventajas de sus efectos.

Proclamar el derecho al acceso en banda ancha puede representar una base de arranque sólida y asentada para la concepción y el diseño de un programa integral de uso y apropiación de las telecomunicaciones, la radiodifusión y las TIC en lo general. De hecho, si se observa la estructura de exposición que presenta el Pacto por México, es evidente que para implementar buena parte de los acuerdos convenidos es posible considerar la intervención de las TIC, que en consecuencia podrían ser un instrumento para viabilizar con mayor eficiencia las acciones propias de la operación del Pacto. Las metas propias del combate a la pobreza; para la educación de calidad y con equidad; en materia de información y gestión educativa; para la protección del patrimonio cultural; y para la salvaguarda de los derechos humanos, en especial de los pueblos indígenas, por señalar algunas, son temas que podrían cultivarse con el aporte de las TIC y de la banda ancha como plataforma universal de acceso y de aplicaciones.

Delinear y proyectar sistemas y servicios en cada una de las líneas de desarrollo señaladas y en otras muchas que pueden surgir al concretarse los acuerdos específicos, podría ser además un extraordinario estímulo para los creadores de aplicaciones y para los programadores dedicados, quienes tendrían la oportunidad de aprovechar su inventiva y creatividad para desarrollar los esquemas de uso y aprovechamiento de la información con tales propósitos. La gran flexibilidad de las TIC sería entonces la base para culminar estas iniciativas, que desde luego podrían traducirse en líneas de negocio a explotar por los operadores autorizados, tanto en el mercado nacional como en los de exportación (Para el tema, ver por ejemplo Banco Mundial, 2009; y Czernich et al, 2009). Así pues, establecer una sinergia virtuosa entre los acuerdos del Pacto y las aplicaciones de las TIC en banda ancha, podría concretar en los hechos el derecho de acceso que habrá de plasmarse en nuestra Constitución.

Dos: un programa integrado y transversal que eslabone todos los componentes

Mas si para el ejercicio uniforme del derecho al acceso resulta primordial el fincar un impacto convergente y de beneficio social de las TIC en el más amplio universo de actividades sociales, en la estructura de los sistemas y plataformas tecnológicas de los servicios de banda ancha es básico por igual el desarrollar una política de promoción y de integración que repercuta en los sectores y actividades relacionadas. De inicio, destacan las tareas de investigación, desarrollo e innovación (I D i), las cuales representan hoy la piedra angular de la evolución tecnológica y son el soporte del perfeccionamiento productivo y el crecimiento económico en las sociedades modernas. Atender y estimular estas acciones, sobre todo para encaminarles hacia el diseño de soluciones que atiendan los problemas nacionales, no solo permite un manejo más independiente en la materia sino también genera otras externalidades positivas que fortalecen la capacidad nacional tanto a nivel económico creación de empleos; reducción del déficit comercial y en la balanza de pagos del intercambio tecnológico; disminución en el pago de regalías; posibilidad de exportación de las soluciones diseñadas- como en el ámbito social, donde debe cultivarse y perfeccionarse el capital humano que justamente hace evolucionar las plataformas tecnológicas. Aprovechar al máximo los recursos humanos adscritos a las actividades de I D i en TIC -al igual que la infraestructura científica y técnica dedicada, que en algunas regiones del país como Jalisco y Baja California norte alcanza dimensiones importantes- y propiciar el mayor desarrollo posible de las capacidades nacionales existentes mediante soportes específicos, son propósitos a la vez consistentes con otros acuerdos del Pacto, aquellos que justo refuerzan la vocación productiva de la ciencia, la tecnología y la innovación5. De esta forma, resulta imprescindible evolucionar hacia una etapa superior de desarrollo donde la innovación en TIC impulse la producción nacional de tecnología, y con ello se rebase su uso y consumo intensivos.

Un segundo gran apartado temático es la formación, capacitación e incluso entrenamiento de los ciudadanos en la apropiación de las TIC y en el manejo de las aplicaciones y servicios en banda ancha. En esta línea, algunos autores como Iturbe-Ormaetxe (2007) consideran incluso que el aprovechamiento cabal de las TIC implica el conseguir y obtener una nueva alfabetización, la cual conlleva tanto el conocer y comprender la realidad a través de la mediación del dispositivo tecnológico, como el aprender a pensar y a reflexionar con base en la incautación virtuosa de la herramienta y en la conducción y praxis creativa de sus ilimitadas capacidades de acopio, sistematización y presentación de información y datos. Así, pueden identificarse hasta cinco modalidades de esta alfabetización emergente, las cuales recorren en forma progresiva desde una primera fase informacional -donde se cultiva la capacidad de recopilar, organizar y evaluar la información para integrar una opinión cimentada en los resultados de esos análisis- hasta la alfabetización calificada como global y responsable, donde el ciudadano tanto posee el conocimiento para producir información original y distribuirla para su intercambio con cualquier receptor o audiencia, como dispone de la sensibilidad para comprender la interdependencia entre las personas, producto de las TIC y para examinar las consecuencias e impactos de la comunicación entre pares que se genera por esas vías de manera simultánea y permanente.

Bajo la conceptualización descrita, las TIC se comprenden como un vector privilegiado para la comprensión e interacción entre los seres humanos, cualidad que desde luego va mucho más allá de lograr el aprovisionamiento para el acceso físico y la consulta y exploración en la red. Conseguir que la ciudadanía en general disponga de estos conocimientos para ejercerlos y aprovecharlos en su vida diaria, es una meta que justo por ser superior y a largo plazo debe atenderse desde hoy, para abonar los primeros insumos que sustenten su entera satisfacción. El derecho al acceso, entonces, tendría un beneficio real y tangible, de rendimiento cotidiano y acumulativo para todos los residentes del país.

Tres: sobre la necesaria vinculación y simbiosis entre los derechos ciudadanos

Con base en Groisman, Bonofiglio y Nahón establecen un concepto importante para valorar las dimensiones de la reforma constitucional que establece el Pacto por México. “En tanto hecho de la cultura y no de la naturaleza, dicen los especialistas, la categorización de una actividad como servicio público depende las cambiantes necesidades sociales y de los valores dominantes de cada época” (2007: 1098). En las condiciones socioeconómicas de México, el argumento suscita una reflexión nodal: si como se reconoce en la misma introducción del Pacto, “el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país”6, resulta conveniente repensar la definición de los servicios públicos para advertir su pertinencia respecto al momento histórico que vivimos y al deseo conjunto de las fuerzas políticas de lograr una sociedad sin desigualdad ni marginación.

Al referir la última premisa a los servicios de banda ancha, surge la necesidad de precisar la intervención del Estado en la materia, en especial cuando el acceso habrá de tomar rango de derecho Constitucional. Para concretar ese mandato emerge en primera instancia el esfuerzo para equipar a toda la sociedad, objetivo que implica el acuerdo entre operadores y autoridades para establecer y desarrollar mecanismos legislativos y regulatorios idóneos, creativos, donde con imaginación se combine el interés comercial del concesionario por ampliar y explotar sus infraestructuras y servicios, con directrices de política pública, que busquen la extensión técnica y económica de la cobertura, sobre todo para garantizar el suministro en las regiones rurales de nuestro país, donde no existe suficiencia de servicios7. La escasez de alternativas de comunicación en estas zonas geográficas es todavía más lacerante por la franca paradoja que instala: donde más se requiere del concurso de las telecomunicaciones por el efecto de arrastre económico y social que producen, es donde menos opciones existen. Encontrar fórmulas inteligentes que ensamblen al mercado con la cobertura social resulta pues esencial y prioritario para abatir la desigualdad regional y entre los propios ciudadanos.

Pero como afirman los estudiosos del tema, la garantía del acceso físico a la red e incluso el fomento a la apropiación social de la tecnología y de sus aplicaciones, únicamente es la primera fase de un esfuerzo mayor que sólo el Estado puede afrontar y conseguir (Cfr. Mastrini, 2011). El enlace a las infraestructuras y plataformas tecnológicas, y la conectividad plena a velocidades suficientes y con anchos de banda adecuados a las aplicaciones que se solicitan y manejan, debe complementarse con una acción estatal decidida que a partir del fomento a la producción de contenidos e incluso como fuente originaria de los mismos, permita redistribuir información y conocimiento en la sociedad para equilibrar el intercambio y promover que los grupos de mayor vulnerabilidad económica logren obtener los servicios, contenidos y aplicaciones que concreten no ya su derecho de acceso, sino su derecho a la comunicación y al conocimiento. La producción de contenidos de interés público y de expresión regional; el fomento a la comunicación de las manifestaciones culturales de nuestro país; la promoción y el intercambio de fuentes alternativas de información; el fomento a la creatividad y a la creación artística y estética, y la promoción de la diversidad para enriquecer los temas y los géneros de la información, podrían integrarse entonces como iniciativas específicas para conformar un amplio acervo de productos simbólicos de entretenimiento, información y educación de alta calidad, los cuales vinieran a satisfacer no únicamente la demanda cultural de todos los grupos sociales, sino también los afanes y deseos de mayor participación política y de intervención en la gestión pública, requisitos sin los cuales es poco posible el concebir siquiera una sociedad igualitaria. Alimentar la discusión nacional sobre bases suficientes de información sería pues uno de los objetivos centrales a conquistar, y para ello es imprescindible redefinir los términos y condiciones en los que se prestan y regulan los servicios públicos relacionados con la información y la comunicación.

Cuatro: el aprovechamiento cabal de todos los recursos

En el terreno operativo, es posible sugerir otras iniciativas y acciones que complementen los acuerdos convenidos. Por ejemplo, la creación de tribunales especializados en telecomunicaciones que ha sido planteada, se relaciona por necesidad con el perfeccionamiento y actualización del marco regulatorio, para que todos los actores de las TIC sin excepción ni salvedad se desempeñen con condiciones jurídicas y legales uniformes, que a todos obligan. En este sentido conviene retomar la propuesta para generar un reglamento único convergente, actividad que lleva implícita la revisión crítica de toda la regulación secundaria para adaptar sus términos y contenidos a la simbiosis tecnológica y de mercados que emerge producto de la digitalización y convergencia. Con ello, se rebasa la concepción jurídico- política que durante mucho tiempo separó cada servicio para regular su operación, y se instalan nuevos criterios que incluso generen los incentivos necesarios para que las redes de telecomunicaciones transiten a las arquitecturas de nueva generación, donde ya no se distinguen ni separan los servicios, las aplicaciones y contenidos. A este caso pueden sumarse muchos más, que argumentan la necesidad de poner al día el marco jurídico-reglamentario que obliga al suministro de las telecomunicaciones.

En cuanto a los recursos públicos que habrán de aprovecharse para instrumentar el derecho de acceso, el Pacto enfatiza con justeza la necesidad de aprovechar de manera óptima el espectro radioeléctrico, en especial las bandas de frecuencias de 700 MHz y de 2.5GHz cuya utilización para servicios móviles es idónea por la propagación de la señal que aseguran. No obstante, también es posible el aprovechar otros segmentos con esquemas novedosos que incrementen la oferta pública de servicios. Muestra de ello es la explotación de otros segmentos radioeléctricos, como el segmento de 5470 a 5600 MHz y de 5650 a 5725 MHz, rangos de frecuencia que el 27 de noviembre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación como bandas de uso libre, con lo que se estructura la posibilidad de que la industria y el usuario particular inclusive dispongan del recurso para establecer y desarrollar redes inalámbricas de área local, ya que en materia de uso secundario se ha establecido que las bandas señaladas podrán aprovecharse sin necesidad de obtener concesión, permiso, autorización o registro alguno.

Otra medida de promoción que puede implementarse con rapidez es la eliminación de los impuestos especiales, que hasta ahora han gravado a las telecomunicaciones y propician el aumento de precios al usuario final. De hecho, convendría analizar la posibilidad de operar en sentido contrario, y generar estímulos fiscales para aquellas empresas o unidades productivas que generen redes de telecomunicaciones o bien aplicaciones específicas. De instalarse un entorno de promoción y fomento a la generación de servicios de valor agregado -que el Pacto reconoce en su apartado de Educación de Calidad y con Equidad, en el cual se determinan estímulos económicos para los creadores, sobre todo en proyectos científicos y tecnológicos (Compromiso 19) – podría ampliarse en forma sustantiva el espectro de opciones disponibles de comunicación y de información, a favor de la sociedad y de sus necesidades específicas en estos temas.

Cinco: la gobernanza como amalgama y fundamento de los esfuerzos por hacer

El Pacto por México, los mecanismos y actividades que se pusieron en operación para conseguirlo; la voluntad y esfuerzos que los actores políticos dedicaron para concretarlo, son muestra de que hoy en día la implementación de cualquier política pública demanda del mayor consenso posible entre los sujetos y actores involucrados. Los protagonistas del acuerdo han debido ceder y consentir; negociar y persuadir; convencer de que todos los participantes ganan si todos conceden, y para concretar lo que se ha logrado es preciso disponer ahora del respaldo de todas las fuerzas políticas, para que en los hechos se logre lo acordado y se perfeccione inclusive.

Las telecomunicaciones, las TIC, no se apartan del escenario descrito y es por ello que el desarrollo de las acciones programadas y de otras que surjan a medida que se concretan los acuerdos del Pacto, implican el desahogo de una intensa labor de diálogo, avenencia y compromiso que reúna las voluntades de todos los protagonistas del sector, incluyendo desde luego a la sociedad y a los grupos y organizaciones civiles que han surgido de ella. La coordinación permanente entre todos los agentes para la implementación de actividades conjuntas; el intercambio virtuoso de opiniones y de reflexiones críticas que corrijan las desviaciones y enriquezcan los aciertos; la propuesta de iniciativas y acciones particulares que lleven los acuerdos a la práctica e incluso más allá para obtener mayores beneficios; el reconocer los intereses de cada quien e incorporarlos en los planes en curso, para que tengan expresión y puedan garantizarse, son algunas de las mejores acciones posibles para que el amplio universo de interesados y de actores implicados se comprometan en respetar y hacer cumplir la reestructuración del sector y los cambios que se han anunciado.

La articulación virtuosa entre todos para lograr el interés público en telecomunicaciones demanda pues la interacción y retroalimentación como principio, ya que el conjunto de participantes toma las decisiones sin que prevalezca el interés particular de alguno de ellos. Todos logran poder e influencia en el resultado final, y éste conjunta la voluntad de todos porque se ha reconocido y respetado su interés específico y se le ha reflejado en el convenio final. La estructura en red, horizontal, para el intercambio entre pares, garantiza el involucramiento de cada parte, alimentando la negociación, el acuerdo, la colaboración en equipo y el liderazgo compartido, asumido por todos sin supremacías ni discriminaciones. En este enfoque todos ganan y lo que se pierde es compensado por lo que se conquista y logra.

El compromiso por lograr los acuerdos del Pacto por México en telecomunicaciones y en TIC se sustenta entonces en la participación de todos. De empresas, gobiernos; ciudadanos y organizaciones. A todos compete el mejorar lo acordado, y nadie puede sustraerse de cumplir su parte para que los acuerdos funcionen. Con las ideas y reflexiones que se han entregado, se ha pretendido contribuir al proceso y alertar sobre algunos temas que se consideran fundamentales, imprescindibles.

El intercambio y el debate apenas comienzan y a los pasos que se han dado, a las etapas planteadas, habrán de sumarse otras más para que, con madurez, nuestra sociedad participe y determine qué modelo final de telecomunicaciones y de TIC habrá de resurgir. Enhorabuena si así sucede. Porque esa decisión será entonces de todos.

Bibliografía citada:

Banco Mundial (2009). Información y comunicación para el desarrollo. Washington, Banco Mundial.

Barrantes, R. y Agu%u0308ero, A. (2010). El acceso universal a las telecomunicaciones y su vínculo con las políticas de banda ancha en América Latina. Lima; Instituto de Estudios Peruanos y Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información (Dirsi).

Bonofiglio, N. y Nahón, C. (2007). “¿Entes de regulación y control? Imprecisiones del moderno esquema de regulación: reflexiones y enseñanzas del caso argentino”. En: Revista RAP; Volumen 6, Número 41; noviembre-diciembre. Czernich, Nina et al (2009). “Broadband infrastructure

and economic growth”. En: CESifo working paper, No. 2861, http://hdl.handle.net/10419/30590 Iturbe-Ormaetxe, J. (2007). Web 2.0: trabajo eficaz en red. Septiembre. (www).

Kolko, J. (2010). Does broadband boost local economic development? San Francisco; Public Policy Institute of California.

Mastrini, G. (2011). “Medios públicos y derecho a la comunicación. Una aproximación desde América Latina”. En: Lecciones del Portal de Comunicación. Disponible en: http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?lng=esp&id=65 Fecha: 6 de enero de 2013.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (2012). Plan nacional para consolidar acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las TIC. México, SCT.

Notas:

1 La información sobre las directrices y los compromisos planteados en el Pacto se ha obtenido de: http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf Fecha: 26 de diciembre de 2012.

2 Ibidem; punto 2.1 de los Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.

3 Conforme la conceptualización de Barrales y Agüero (2010), la brecha de mercado se entiende como el límite hasta el cual los servicios pueden lograr su expansión eficaz, es decir lograr rentabilidad para animar la reinversión de activos. Por su parte, la brecha de acceso refiere a la dificultad de ofrecer servicios cuyo costo rebasa la capacidad de pago de la población residente, quienes por tanto carecen de los recursos suficientes para contratarlos.

4 No se pretende desconocer las importantes iniciativas que empresas y gobiernos han llevado a cabo para aprovechar a las TIC en nuestro país. Lo que se sugiere sin embargo es que ha faltado un Plan nacional que justamente aproveche los aportes de los proyectos específicos realizados, y contemple su generalización para el beneficio colectivo y para la mayor parte de las actividades sociales.

5 A la letra, el punto 2.3 del Pacto establece que “se sentarán las bases para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento, para lo cual daremos un impulso y articulación sin precedente a la ciencia, la tecnología y la innovación”. En consecuencia, el Compromiso 46 del documento determina que se canalizará una inversión hasta del 1% del PIB para las actividades en ciencia y tecnología; el 47 establece por su parte que se determinarán prioridades y objetivos nacionales en esa materia, y finalmente el 48 señala proclama que se aumentará el número de investigadores y centros dedicados, con el objetivo de incrementar el número de patentes que el país genera. Cfr. Op. Cit. Nota 1. En cada uno de estos rubros, sería deseable que la banda ancha fuera uno de los temas centrales a explorar.

6 Cfr. Op. Cit. Nota 1; introducción del punto 1 del Pacto por México, Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades.

7 El último informe realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estableció que los hogares radicados en localidades con más de 15 mil habitantes, se presenta una penetración del 55% en teléfono fijo; del 77% en telefonía móvil (al menos un teléfono del 40% en cuanto a posesión de computadoras y del 30% en cuanto a la conexión de Internet. En el medio rural, donde se numeran hasta 188 mil 593 poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes, sólo el 6.1% de los hogares tiene teléfono fijo y el 36% poseen al menos un teléfono móvil. En computadoras únicamente el 6% de los hogares dispone de alguna unidad y sólo la mitad de éstas (3%) se conecta a la red. SCT, 2012.

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