Cinque Terre

Sergio Octavio Contreras

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Doctor en Ciencia Política. Comunicólogo y master en sociedad de la información por la @UOCuniversitat. Profesor universitario. Consultor y conferencista en redes sociodigitales. Twitter: @Ciberpensador

Ciberdemocracia

En este mundo hipertecnológico las estructuras tradicionales que sostienen el orden social parecen modificarse desde sus cimientos. Los teléfonos móviles que permiten la comunicación casi perpetua, las redes sociales que aceleran la circulación de la información o laproducción de contenidos individuales exhibidos a una colectividad, conforman novedosos espacios donde ahora los individuos y los grupos adquieren significados. Uno de estos espacios es la democracia.

Algunos autores consideran que las modificaciones en las estructuras democráticas son producto de la aplicación de nuevas tecnologías. Las funciones de las instituciones y las políticas públicas ahora se configuran en lo que se ha llamado como e-democracia o ciberdemocracia. Pero, ¿hasta qué punto las innovaciones electrónicas constituyen una emergente democracia?, ¿qué rasgospueden identificarse en las democracias que permitan definir el orden social como resultado de la cibernética? Una amplia literatura asegura que las redes digitales son la base de una nueva forma democrática, y otra ve los cambios tecnológicos como una herramienta más al servicio de los tradicionales modelos democráticos, e incluso ve a las innovaciones como nuevas formas de control social.

La democracia tiene varias definiciones. Desde la perspectiva normativa se le puede considerar como una forma en que se organiza la sociedad, la cual otorga un determinado poder a un grupo de personas para que representen intereses colectivos. En las sociedades modernas la forma en la cual se ejerce el poder es mediante lo institucional. En las definiciones clásicas, la democracia fue considerada como una especie de gobierno, donde el poder reside en la colectividad, y no en la individualidad. Platón y Aristóteles la dividieron en tres tipos: monarquía, aristocracia y democracia.

En el siglo XVIII, la impronta revolucionaria añadió otros elementos diferentes al concepto. Para Jean-Jacques Rousseau la libertad del individuo dentro de una sociedad solo puede ejercerse a través de una libertad democrática. La libertad dentro del sistema social configuró las democracias liberales, donde los individuos gozaban de ciertos derechos al tiempo de responder a obligaciones impuestas por los representantes de la colectividad. En la teoría de John Rawls, la legitimidad para ejercer el poder por parte de un Estado, tendrá su origen en el respeto a la libertad de los integrantes de la sociedad. En la conformación de los Estados modernos se decidió otorgar cierta libertad a los individuos a cambio de cierto control sobre los mismos. Es decir, la libertad en la modernidad, siempre será una libertad condicionada.

Entre otros teóricos, Robert Dahl intentó ir más allá de los derechos del individuo y el interés colectivo. Enmarcó a la democracia en una serie de procedimientos que le dieran legitimidad (1987): 1) que cada individuo pueda votar; 2) que cada voto tenga el mismo nivel de influencia; 3) que gane quien haya obtenido más votos; 4) que los sujetos puedan elegir la opción que decidan; 5) que todos los integrantes de la sociedad cuenten con el mismo nivel informativo a la hora de elegir su preferencia; 6) que quienes reciban más votos desplacen a las que recibieron menos; 7) que se cumplan las órdenes de quienes resultaron elegidos por la votación y 8) que todas las elecciones cumplan con los siete puntos anteriores.

Desde otra visión, la democracia implica no solo el cumplimiento de un procedimiento para elegir representantes del poder público. Las demandas sociales al Estado deberán ser resueltas en forma democrática por sus representantes. Corresponderá al sistema político, conformado por una serie de instituciones, dar respuesta a tales demandas y cumplir las necesidades de la sociedad. Enfoques como el de Almond y Verba, consideran que la acción del individuo frente a lo político está determinada por la cultura política. Pero tal cultura funciona a partir de mecanismos psicológicos, es decir, la actitud frente a lo político tendrá como base el conocimiento de lo público, la afectividad que pueda existir hacia lo institucional y la evaluación sobre su funcionalidad. En el campo de la ciencia política, desde una visión racionalista, el comportamiento del individuo político es comprendido a partir de la búsqueda por maximizar la utilidad de sus actos: el individuo al actuar en función y sobre sus derechos, adquiere la ciudadanía.

Tal ciudadanía, en la concepción de Bryan Turner, es parte de una construcción social: podría decirse que ésta ha sido hecha a un lado por los conflictos y las luchas sociales dentro de una arena política y cultural donde los grupos sociales compiten entre sí por el acceso a los recursos (Turner 1990). En este sentido, un componente esencial de las democracias actuales será el ciudadano activo y su participación en asuntos públicos. De acuerdo con Pipa Norris, la ciudadanía se ejerce a partir de la confianza social y el activismo asociativo: acudir a elecciones, escribir a representantes, firmar peticiones, manifestaciones, organizaciones voluntarias, donaciones, etcétera. En las sociedades complejas, la participación puede operar en dos sentidos. La primera en forma legal, como los referéndums para someter a voto popular un determinado acto administrativo, la creación de comités de participación o la conformación de asambleas ciudadanas. La segunda forma de participación es la no institucional, aquella que se lleva a cabo fuera de los mecanismosestablecidos, como las movilizaciones sociales, los plantones frente a instituciones públicas, la toma de edificios o plazas, etcétera. En este sentido, Giovanni Sartori asegura que la democracia implica la participación, dado que su fortalecimiento no solo es determinado por la acción del Estado y sus instituciones, o bien, por otros actores como los partidos políticos. Los ciudadanos juegan un papel importante como mecanismo de mejora continua de la misma democracia.

En el último siglo, el cambio tecnológico en los sistemas de comunicación ha modificado el espacio donde participa la sociedad civil. Este pasó de los sitios físicos como los auditorios o los cabildos, a las pantallas de televisión, señales de radio y páginas de diarios. Los medios se convirtieron en el nuevo escenario donde lo público se visibiliza. Los asuntos derivados del Estado ahora transitaban por un medio que conectaba a los ciudadanos convertidos en consumidores mediáticos. Esta difusión de contenidos de los medios tradicionales ha sido cuestionada por diversas teorías debido a su carácter jerárquico y de fácil manipulación. Los medios tradicionales configuraron un espacio de difusión donde el sistema político tiene lo posibilidad de influir en la agenda y en la distribución de los temas. Sin embargo, en las últimas dos décadas, el desarrollo de Internet transformó parte del escenario que había sido construido en la centuria pasada por los medios tradicionales.

Ciberdemocracia

La ciudadanía y la democracia presuponen la existencia de un espacio de comunicación, donde los invididuos deben saber leer para poder criticar la ley y ser parte de su elaboración. Para Pierrre Lévy, en la actualidad el nuevo espacio público está constituido por las redes digitales, por la comunicación interactiva. Tal capacidad la permite el ciberespacio, proporciona al individuo y a la colectividad una mayor libertad, existe una ámplia interdependencia comunicativa para manifestar expresiones a nivel planetario y a su vez, para dominar las nuevas herramientas técnicas. El ciudadano enmarcado en las democracias liberales está evolucionando debido a las redes digitales: un incremento en su libertad, el desarrollo del ciberactivismo a escala mundial, ciudades y regiones “digitales”, ágoras virtuales, gobiernos cada vez más transparentes al servicio del ciudadano y el voto electrónico (Lévy, 2004).

Los elementos que definen a las democracias al transitar hacia espacios virtuales conforman nuevas posibilidades para su desarrollo. Las actividades de las instituciones públicas son más visibles que antes de la liberación de Internet en 1993. Las personas tienen mayor libertad de emitir comentarios políticos en las redes que en la vida real. Los representantes populares pueden recibir demandas ciudadanas a través de sus páginas oficiales. La gestión política ya no solo se realiza en los edificios públicos. Decisiones de los gobernantes transitan por el teléfono móvil. Las elecciones se inclinarán cada vez a la ausencia del votante, quien en un futuro no tan lejano será capaz de sufragar desde cualquier parte. Las libertades ciudadanas, el ejercicio del poder público, las formas de deliberación y debate, ahora pueden montarse en las redes electrónicas. Esta posibilidad, es lo que podríamos llegar a considerar como ciberdemocracia.

Actualmente las políticas públicas del Estado moderno, su diseño y puesta en marcha, tienden a descentralizarse del poder central político. La funcionalidad de lo institucional requiere cada vez de la participación de los ciudadanos (Aguilar, 2010). En este sentido, existe la tendencia a nivel internacional al uso de nuevas tecnologías para generar mayor participación social. El paradigma del gobierno abierto o el gobierno digital, se orienta a estos objetivos: las políticas públicas deben ser ante todo tecnocéntricas. Estudios de organismos no gubernamentales registran problemas globales que afectan las democracias actuales. Tales problemas no son propios de determinadas sociedades, sino que aquejan a gran cantidad de naciones. Por ejemplo, en la mayoría de los países existe una crisis de confianza sobre el poder político, y es cuestionado el papel que juegan los medios de comunicación tradicionales. Una reciente investigación puso al descubierto que la pérdida de legitimidad por parte de los representantes sociales se debe en parte a que los gobiernos intentan legitimar sus programas mediante la transmisión de mensajes, mediatizando la política con fines de legitimación (Gutiérrez, 2011).

Recientes estudios revelaron que los políticos continúan empleando los medios de difusión como principal vehículo para exhibir su ideología, utilizan formas de interacción tradicionales como la organización de ruedas de prensa o las entrevistas para enviar el mensaje a las audiencias (Yanes, 2009). Para Labio, la comunicación a nivel global no tiene la libertad que se cree. Los medios luchan por las noticias con fines económicos. Los temas son disputados por grupos empresariales trasnacionales, quienes imponen sus intereses a los contenidos periodísticos. A nivel individual según Lessing, la libertad que tienen los usuarios de internet para crear y compartir información generó en los últimos años una cultura libre de contenidos que actualmente compite con las noticias que transmiten los medios tradicionales. Mientras que los contenidos en Internet tienden a ser libres, el Estado da valor económico a tal libertad.

Investigaciones realizadas en 25 países europeos durante épocas de cambio de gobiernos, demostraron que a mayor penetración de Internet aumenta entre los ciudadanos el consumo de información electoral y política, en detrimento de los canales tradicionales de comunicación: radio, televisión y prensa (Lusoli, 2005). En los últimos años partidos, instituciones electorales, grupos de presión, burocracias públicas y entidades de poder mundial, han comenzado a utilizar las nuevas tecnologías (Chadwick, 2006). Algunos teóricos ven en las redes un canal propicio para la participación ciudadana, pero tal participación depende de lo que Warschauer definió como disposición tecnológica. Para que una sociedad se modifique por el uso tecnológico, es necesario en primer lugar la difusión del artefacto. El uso de redes digitales en el campo político norteamericano demostró que los artefactos son importantes para determinar la conducta política de los ciudadanos a partir de oleadas rivales y grupos de identidad (Christakis y Fowler, 2010).

Según el informe Global Internet Report 2014 hecho por la asociación internacional Internet Society, una de las características de las prácticas de Internet se relaciona con los procesos electorales. Empresas vinculadas a las nuevas tecnologías y organizaciones civiles participan en las contiendas políticas. Google abrió plataformas especiales durante 2012 para dar seguimiento a los comicios en Estados Unidos, Chile, Japón, México y Australia. En Italia el Movimiento Cinco Stelle presentó en 2013 una plataforma en línea para incorporar las opiniones de los electores e incidir desde las redes en el proceso político. Estonia representa el mayor avance en contiendas electrónicas pues todas sus elecciones suceden a través de internet.

En naciones como la India, Brasil, Filipinas o Kazajstán, las autoridades realizan ensayos para integrar el modelo virtual de votos. Otra de las prácticas que se registran en el mundo consiste en dar seguimiento a la actividad pública de los candidatos que fueron elegidos. En Estados Unidos o el Reino Unido, después de que el representante toma posesión del cargo, el electorado usa Internet para seguir influyendo en las decisiones políticas.

Las redes sociales se han convertido en parte de los procesos electorales. Una encuesta hecha en Estados Unidos a dos mil 253 personas adultas en 2012, reveló que 63% de los internautas no publican contenidos de candidatos durante las campañas electorales, el 12% envió al menos un correo electrónico para promover a los aspirantes y el 10% mandó un mensaje de texto a sus conocidos. Solo 36% de los encuestados que tiene a algún aspirante como amigo en Internet, afirmó compartir a veces información política en sus espacios virtuales (Rainie, 2012). Conforme al Estudio 2011 de Hábitos y Percepciones de los Mexicanos sobre Internet y Diversas Tecnologías Asociadas, publicado por World Internet Project, 41% de los internautas mexicanos consideran que la red es una herramienta política para que la gente le diga al gobierno lo que debe de hacer; el 48% cree que mediante Internet las autoridades pueden saber lo que las personas piensan; el 64.4% piensa que la red le dará mayor poder político a la sociedad y el 59% está de acuerdo en que mediante esta tecnología la gente puede comprender mejor la política.

Una investigación efectuada en México a más de dos mil mensajes de Twitter durante la campaña electoral federal de 2012, reveló que la contienda careció de debate de temas y se enfocó principalmente en la promoción de la imagen de los contendientes. Aparecieron prácticas clásicas del sistema político: el troleo, la descalificación, el acarreo digital y la retórica demagógica apegada a sus intereses y discursos (Chavarría, 2014).

En enero de 2014 en España se presentó y se difundió por Internet el manifiesto Mover ficha: convertir indignación en cambio político. El documento firmado por una treintena de intelectuales, periodistas, académicos y activistas que habían apoyado a los indignados españoles fue el inicio del partido Podemos. Con el fin de contender en las elecciones europeas en mayo de ese año, los impulsores se propusieron lograr tres objetivos: el apoyo de al menos 50 mil personas en Internet, construir una plataforma política con la participación abierta y buscar la unidad con otros movimientos de izquierda. En 20 días afiliaron a 100 mil personas y en las elecciones primarias abiertas de la Eurocámara fue el cuarto partido más votado, logrando cinco escaños.

En México el aparato político comenzó a utilizar desde hace una década, sitios oficiales para difundir propaganda electoral. En un registro realizado a las contiendas de 2000, 2006 y 2010, se comprobó empíricamente que existe una débil cultura política por parte del electorado, y la ausencia de conductas éticas por parte de los integrantes del sistema político. Los espacios de participación ciudadana se convirtieron en rines de enfrentamientos, tanto de los candidatos, como de los partidos, las instituciones del Estado y los ciudadanos.

En las elecciones, cuyos fragmentos llegan a pasar por Internet, es común observar una prevalencia de la irracionalidad de lo político: filtración de rumores, difusiónde chismes, calumnias, diatribas, fomento de grabaciones ilícitas, publicación de datos de la vida privada, así como la difusión de cualquier información verdadera o no, en tanto pueda dañar la imagen del adversario. Basta con observar la contienda presidencial mexicana de 2012: los candidatos y sus partidos convirtieron las redes en un espacio emocional donde se montaron campañas negras, negativas, ciberacarreo, usuarios falsos, propagación de chismes, etcétera. En la red abundó el sentimentalismopor encima del razonamiento (Ver etcétera número 140).

Mediante Internet, y sus extensiones como las tabletas digitales o los teléfonos móviles, es posible que el arsenal de prácticas que conforman el concepto de democracia puedan ser utilizadas para la construcción de una ciberciudadanía y la mejora de las instituciones públicas. Es cierto que Internet puede ser una nueva plaza para el debate de lo público, pero parecería ser más un ideal que una posibilidad real, al menos en estos tiempos. Es necesario reflexionar en qué medida las democracias actuales han transitado sus características al ciberespacio, y hasta qué punto puede identificarse una ciberdemocracia. Las recientes protestas de cibernautas en Hungría lograron que el gobierno diera marcha atrás a un impuesto, o la organización de protestas mediante redes que hicieron los jóvenes en Hong Kong, ¿son indicios de ciberdemoracias o simplemente son las mismas demandas sociales, solo que ahora canalizadas mediante artefactos en red?

Por otro lado, en países donde Internet ha jugado un papel importante para el cambio en las formas de gobierno no necesariamente han representado mejoras democráticas. Podemos ejemplificar algunos casos en Medio Oriente donde después de la caída de algunos regímenes entre 2010 y 2012, en el fondo no se presentó la transición a un sistema democrático occidental avanzado.

Hay evidencia de que las transformaciones tecnológicas pueden propiciar cambios políticos, pero parece ser que para esto existen dos condicionantes. Por un lado el ciudadano debe tener conocimiento de lo político y por otro los políticos estar dispuestos al cambio. En los países con democracias frágiles no existen dichas condicionantes: los ciudadanos no se interesan en la política, sus posiciones ideológicas se nutren de las raíces de la irracionalidad, no participan de lo público y desconfían profundamente del Estado, en tanto el sistema político es inmaduro, continúa comportándose con base en los intereses personales, de grupo o de partido, y lo que menos le interesa es el bien común.

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