Cinque Terre

Fernando Mejía Barquera

Periodista y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

¿Cambios profundos?

Creado el 23 de marzo de 1983 por decreto presidencial, el Imer cumple 25 años en medio del debate sobre su futuro: continuar como entidad de carácter gubernamental o dejar de guiarse por las directrices del Ejecutivo para transformarse en un medio público que tenga como referente de su actividad a las necesidades sociales de servicio, información, difusión cultural y entretenimiento.

El Imer ha visto pasar su primer cuarto de siglo metido en una camisa de fuerza. Su decreto de creación otorga el poder sobre la administración y operación del instituto a una Junta Directiva, integrada mayoritariamente por secretarios de Estado y otros funcionarios gubernamentales de menor jerarquía, y a un director general nombrado por el Presidente de la República. La Junta Directiva, que opera como órgano de gobierno, establece las líneas a seguir y el director general las ejecuta. En 25 años, el decreto de creación del Imer sólo ha tenido una modificación importante: en 2000, al iniciarse el sexenio de Vicente Fox, el instituto dejó de estar sectorizado en la Secretaría de Gobernación, como lo marcó el texto original del decreto en 1983, y pasó a depender de la Secretaría de Educación Pública (al menos formalmente, porque la influencia de Gobernación sobre el Imer durante el régimen foxista fue manifiesta). Como consecuencia de esto, el presidente de la Junta Directiva dejó de ser el secretario de Gobernación, que fue sustituido por el titular de la SEP. ¿Qué se puede esperar de un órgano de gobierno donde predominan los criterios de funcionarios gubernamentales? Lógicamente, apego a la política del Ejecutivo. Así tiene que ser incluso legalmente: el Imer es un medio del gobierno que éste utiliza en función de sus proyectos políticos.

Problemática compleja

Durante dos décadas y media el instituto ha tratado de cumplir cinco objetivos derivados de una compleja problemática: 1) difundir con la mayor eficacia posible el mensaje gubernamental (aunque a veces el Imer ni siquiera le ha interesado a los gobiernos como vehículo para su propaganda 2) captar más audiencia para sus emisoras, la mayoría de las cuales suele estar en los lugares más bajos de rating (lo que ha llevado a constantes cambios en el perfil y la programación de las estaciones 3) incrementar la generación de recursos propios para tratar de compensar su permanente déficit financiero provocado por un habitualmente escaso presupuesto otorgado por el gobierno (lo cual ha generado una discusión sobre si el Imer debe dar prioridad a la emisión de publicidad en sus emisoras concesionadas y si debe buscar patrocinios para las permisionadas 4) mejorar el estado de la infraestructura material, en riesgo siempre de que la obsolescencia tecnológica la alcance y rebase (problema que, obviamente, genera gastos importantes y permanentes a una entidad que normalmente trabaja con estrechez económica 5) regularizar la situación jurídica de algunas de sus emisoras que, como consecuencia de la forma en que se creó el instituto, han funcionado en medio de la confusión o el conflicto legal (hay en él estaciones permisionadas y concesionadas, e incluso una que originalmente perteneció al Departamento del DF y fue entregada al Imer, situación que recientemente derivó en un conflicto con el gobierno capitalino).

Reforma profunda

Perece que ha llegado el momento de que el gobierno y la sociedad decidan cuál debe ser el camino para el Imer. Por supuesto, lo deseable sería que esta entidad, operadora de 17 radiodifusoras en la República, iniciara una transformación que la convirtiera en medio público, una entidad de Estado, no de gobierno, con una administración independiente del Poder Ejecutivo y con objetivos muy claros de servicio, información, difusión cultural y entretenimiento. Con un presupuesto público que le permita no sufrir déficit financiero y con posibilidad de generar recursos propios mediante la publicidad (el Imer es privilegiado en ese aspecto al tener estaciones concesionadas) y la prestación de servicios (¿por qué las instancias de gobierno tienen que pagar cantidades millonarias en servicios a medios privados, para producir mensajes radiofónicos, si existe una entidad estatal con experiencia y capacidad profesional para hacerlo?). Una entidad pública con noticiarios y programas informativos plurales, que esté a la vanguardia en la promoción y el análisis de los problemas nacionales y que cuente con un código de ética y un defensor de los radioescuchas. El Imer necesita una reforma profunda.

Recientemente el diario La Jornada (24 de enero de 2008) publicó la versión de que se aproxima una reforma al decreto de creación del instituto. Uno de los cambios sería incluir al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República en la Junta Directiva con la intención de que coadyuve en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá no pase de ser rumor. Ésas son las reformas que el Imer no necesita.


Periodista.

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