Con rigor intelectual no hay quien pueda reducir la vida a la interacción entre buenos y malos, pero con el mismo rigor tampoco puede dejar de reconocerse que la vida misma es tan compleja y rica en variantes, que también comprende la existencia de buenos y malos. En relación con la vida pública, el parámetro para definirlo parte de un consenso generalizado, es el bien de la nación por encima de los intereses particulares, y eso diluye la existencia de un juez que lo dictamine arbitrariamente.
No hay quienes, con solvencia ética, puedan asegurar que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y la falta de competencia beneficie al país. Tampoco hay razones que, asentadas en la ley, sostengan que la rectoría del Estado en los ramos de la radiodifusión y las telecomunicaciones signifique una involución autoritaria. Menos aún hay pensamientos sólidos que justifiquen el denuesto y la injuria como método para defender intereses empresariales. Y, sin embargo, todo eso se dijo y se hizo para defender el plan de negocios de Televisa y TV Azteca convertido en ley y que fue aprobado por el Congreso hace poco más de un año.
Otros, en cambio, desde el principio advirtieron el despojo a la nación que era ese conjunto de normas hechas a modo de las grandes empresas mediáticas. Una y otra vez lo señalaron, pero no sólo denunciaron sino que, acuciosos, también en el terreno legal lo demostraron: las concesiones no han de darse a perpetuidad ni el criterio comercial debe primar para otorgarlas, el ofrecimiento de otros servicios supone el mecanismo de licitación y un pago respectivo al Estado, además, dijeron, debe establecerse el soporte legal de impulso a los llamados medios públicos y comunitarios. Con argumentos como esos, 47 senadores promovieron la acción de inconstitucionalidad y fueron atendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, fundamentalmente, resolvió en su favor porque antepuso el interés del país.
Hubo malos en esta historia, claro que sí, aunque afirmarlo parezca digno de un panfleto. Pero aun despojando el término de su carga moral, sólo un huidizo empleo de nuestro idioma podría dejar de advertirlo frente a las distorsiones en que incurrieron los defensores de esas leyes. Ellos aseguraron que ésa era la única forma de modernizar la radiodifusión y las telecomunicaciones, que si su plan no se aprobaba los medios públicos y los comunitarios tenían el riesgo de desaparecer. Proclamaron que la subasta funcionaba según sus leyes como criterio de desempate, a pesar de que eso no figura en tales ordenamientos. No querían que las empresas que representan pagaran al país por la prestación de servicios de un bien público. No quisieron cambiar ni una sola coma al plan de negocios y al querer avasallar el resultado fue que, en esencia, ni una sola coma sobrevivió de su proyecto. Su derrota está en el ámbito legal, que es el decisivo a final de cuentas, pero también se halla en la falta de probidad ética y moral. Carecen de legitimidad.
Un donaire aparentemente maduro y, sobre todo, políticamente correcto, diría que no existen los buenos más que en las películas de aventuras o epopeyas. Pero en este caso específico quienes cuestionaron la Ley Televisa vivieron una aventura incierta y además protagonizaron una epopeya, no sin incurrir en algunos excesos que aquí advertimos -y lo seguiremos haciendo cuando lo dicten las convicciones propias-. El final fue como cinematográfico, pero en la vida real. Ganaron, ganamos, ganó el país y la resolución de la Corte impele a una segunda parte de la trama en la que el Congreso de la Unión podría, ahora sí, jugar un papel decisivo para la reforma integral de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Ojalá que también un esfuerzo como esos tenga a otros interlocutores o al menos distintas formas de hacer política para representar con provecho a los intereses de las empresas de medios. Mientras eso se construye, permítanos, amable lector, ofrecerle un recuento de los temas antedichos, al mismo tiempo que festejar en estos días, que son también los más importantes en la vida profesional de los editores de etcétera y es que como dijo el clásico: la patria es primero.
