El inicio del procedimiento de rescate de concesiones vigentes en la banda de 2.5 GHz, de las que MVS es el principal concesionario, anunciado el pasado 8 de agosto por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, es una decisión equivocada y profundamente costosa para el país.
No se trata únicamente de un acto arbitrario y opaco que afecta los legítimos derechos de un concesionario, sino sobre todo, una decisión de política pública que amerita un análisis a fondo porque perjudica el desarrollo del sector en su conjunto y el bienestar de los consumidores, otorgando de facto ventajas competitivas a otros operadores que ya concentran el mercado.
Un poco de historia
Desde sus orígenes, MVS Comunicaciones es una empresa que ha innovado y fomentado la competencia en el sector de las telecomunicaciones en México. Han sido cinco momentos que han marcado el avance del sector en el país: los lanzamientos de la televisión vía microondas, de Directv, del Internet móvil e-go y del proyecto “Banda Ancha Móvil Para Todos”.
Cuando la banda de 2.5 GHz no tenía la importancia que hoy se le atribuye, en prácticamente todo el mundo se comenzó a utilizar para el servicio de televisión vía microondas. MVS tuvo la visión y la determinación de apostar por frecuencias en las que ninguna empresa se atrevió a arriesgar, al solicitar la asignación de concesiones en esa banda para prestar el servicio de audio y televisión restringida. Desde 1989 MVS ha operado y explotado ininterrumpidamente esas concesiones cumpliendo a cabalidad con las obligaciones que emanan de los títulos respectivos.
Con la evolución tecnológica, la banda de 2.5 GHz fue identificada como idónea para servicios de banda ancha móvil de nueva generación. A diferencia de otras bandas del espectro, las cuales se utilizan primordialmente para prestar servicios de voz, la de 2.5 GHz es sobre todo para datos (Internet y conectividad), los cuales se transportan a alta velocidad y en elevadas capacidades. Pero más allá de las implicaciones técnicas, es necesario mencionar que la banda de 2.5 GHz sirve para que los usuarios accedan a Internet de manera rápida y productiva, lo que despertó el apetito de los operadores dominantes, cuasi monopolios, de la industria de las telecomunicaciones en nuestro país.
La injerencia de Televisa
Han sido ampliamente documentadas la injerencia y exigencia por parte de Televisa y organismos afines para que a MVS le sean retiradas las concesiones que tiene en la banda de 2.5 GHz, tratando con ello de eliminar la competencia que le significaría a esa empresa tener a MVS como competidor, tal y como sucedió con la entrada de Dish México, al mercado de la televisión de paga.
El 1 de agosto de 2007 el pleno de la Cofetel emitió por unanimidad opinión favorable a las solicitudes de prórroga de las concesiones de MVS. La determinación de la Cofetel dice a la letra en su resolutivo primero: se emite opinión favorable respecto a las seis solicitudes de prórroga por un periodo igual al originalmente establecido en los Títulos de Concesión de los cuales es titular la empresa MVS Multivisión”.
Después de la opinión favorable de la Cofetel, la empresa Televisa a través de su filial de televisión de paga Cablevisión y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), igualmente controlada por Televisa, enviaron sendos documentos al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, donde solicita reservar y reasignar porciones de la banda 2.5GHz, concesiones sujetas a prórroga por parte de MVS, a fin de destinarlas para nuevas concesiones para prestar servicios de banda ancha.
Cabe decir que en el documento que remitió Cablevisión a la SCT incluye posturas falsas pero que fueron retomadas por la autoridad sectorial apropiándose de ellas. Por ejemplo, Cablevisión formula peticiones que imputan falsamente el uso de la banda de 2.5 GHz por parte de MVS, como la “omisión en el pago de contraprestaciones por el aprovechamiento de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico”, lo cual nunca ha ocurrido.
Por su parte, el 22 de agosto de 2008 la Canitec emitió una comunicación: “En virtud del interés que diversos agremiados a la Cámara que represento han manifestado para prestar servicios de banda ancha utilizando frecuencias del espectro radioeléctrico a ser concesionadas por esta SCT”; la Canitec solicita exactamente lo mismo que Cablevisión: reasignar, por parte de la SCT, el uso de la banda de 2.5 GHz.
Después de los documentos de Cablevisión y la Canitec, la Cofetel emitió una nueva resolución a través de la cual sustituye las opiniones favorables en relación a la prórroga de diversas concesiones otorgadas a MVS, para negar su solicitud. Es decir, derivado de la presión de Televisa, a través de Cablevisión y Canitec, finalmente el 5 de agosto de 2010 la SCT niega a MVS la modificación en sus títulos de concesión para ofrecer el servicio de banda ancha móvil.
En diciembre de 2011 la SCT notifica a MVS el no refrendo de las concesiones vencidas. Sin embargo, las presiones de Televisa no cesaron y el 6 de agosto de 2012 el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, partidario de los intereses de Televisa, pidió iniciar los procedimientos para declarar el rescate de la banda 2.5 GHz para licitarla nuevamente. Previo a ello, los legisladores del Partido Verde Javier Orozco y Gerardo Flores Ramírez, ambos identificados por la Coalición Ciudadana Democracia y Medios y por la AMEDI, como elementos fundamentales de la “Telebancada”, publicaban sendos artículos en los que afirmaban que lo que procede es el rescate de la banda, y en un acto de clarividencia pura, el 8 de agosto, mismo día en que se dio a conocer el inicio del procedimiento del rescate, Gerardo Soria, Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, puntualizaba: la “Banda 2.5 Ghz: nefasto legado de este gobierno”.
Pero la “coincidencia” más asombrosa procede del ejecutivo de Televisa, Javier Tejado Dondé, en la que solo para ilustrar, menciono dos ejemplos: el primero, su adelanto un día previo a que la SCT diera a conocer en su boletín número. 50 con fecha 2 de marzo de 2012, de la información sobre la negativa de prórroga a las concesiones de MVS y, más recientemente, el 7 de agosto de 2012, con un día de anticipación también, cuando predice el rescate.
El 8 de agosto de 2012, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, informó que negaba la prórroga de todas las concesiones vencidas en la banda de 2.5 GHz e iniciaba el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes.
Esta concatenación de hechos y presiones documentados por parte de Televisa, seguidos del acatamiento fiel por parte de instancias sectoriales y regulatorias del gobierno, demuestran claramente la incapacidad de la autoridad de actuar, analizar y decidir por su propia cuenta en el tema de la banda de 2.5 GHz, haciéndose eco de intereses y operadores de suyo favorecidos.
El “rescate”
El secretario Pérez-Jácome ha centrado el procedimiento de rescate fundamentalmente en dos puntos: la subutilización de la banda y la supuesta negativa de MVS al pago de una contraprestación. Sobre esto, es necesaria una reflexión a detalle.
Desde 2004 MVS lanzó en nuestro país, y por primera vez en el mundo, a través de MVS Net servicios de banda ancha inalámbrica por medio de la explotación y uso de la banda de 2.5GHz. Durante 2004 y 2005 se construyó la red correspondiente en las ciudades de México, Guadalajara, Mexicali, Monterrey y Toluca y se celebraron contratos con las empresas Axtel, Alestra, Avantel, Marcatel, Protel y Mexis, entre otros operadores, para que MVS les proveyera soluciones de última milla. En su momento esta red funcionó como la única alternativa real para otros operadores de telecomunicaciones que les permitió llegar al cliente final sin tener que utilizar los servicios del competidor dominante. Para el año 2008 se alcanzó la cifra de 47 mil suscriptores, con más de 450 empleados directos y una inversión superior a los 80 millones de dólares, tan solo para la construcción y operación de la red.
En junio y agosto de 2009, MVS presentó ante las autoridades de la SCT y el Pleno de la Cofetel escritos en los que solicitaba la autorización para la adopción de tecnologías de punta, entre ellas LTE, y ofrecer servicios de cuarta generación. Un año después, la SCT respondió negándonos esa oportunidad a pesar de que desde 2009 se les había advertido no solo a la SCT, sino también a la Secretaría de Economía, a la SHCP, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Trabajo, de las apremiantes condiciones económicas por las que atravesaba MVS Net. Todos nuestros escritos fueron desatendidos y la respuesta siempre fue la misma, negativas y más negativas, lo que ocasionó cerrar la empresa MVS Net y despedir a 450 empleados.
No obstante, MVS no renuncia a la convicción de competir en contra de los jugadores dominantes, y el 6 de abril de 2011 presentó ante la opinión pública el ambicioso proyecto “Banda Ancha Móvil Para Todos”. Dicho proyecto tenía como objetivo ofrecer, a través de un consorcio concesionario, la creación de una red de banda ancha con tecnología LTE que permitiría la transmisión de datos como movilidad total, a la máxima velocidad disponible y a un precio accesible para millones de mexicanos. Dicha red, contaba con una inversión inicial solo en infraestructura superior a los mil millones de dólares y daría cobertura a más de 55 millones de personas en México. Proyecto que las autoridades también rechazaron.
El secretario Pérez-Jácome señaló en su mensaje del 8 de agosto que el rescate que han decidido iniciar “tiene como propósito la prestación de servicios móviles avanzados de telecomunicaciones, conocidos como de cuarta generación, que permiten la transmisión de mayor cantidad de información a más velocidad y precios más accesibles”. Precisamente, lo mismo que desde hace varios años MVS ha querido hacer y que las autoridades lo han impedido. Es decir, desde hace más de tres años las autoridades fueron gestando y aplicando un cuadro de subutilización que les permitiera, de manera discrecional y artera, despojar a MVS de las frecuencias que legalmente tiene concesionadas para entregárselas a sus competidores.
Además, si la intención es dar el mejor y más eficiente uso a la banda 2.5 GHz, el “rescate” de la misma es la peor política posible, pues el clima litigioso auguraría un largo proceso judicial que despojaría al concesionario de su derecho a la explotación de la banda, a los usuarios de un servicio de Internet más barato y rápido, y al resto de la industria de la certidumbre jurídica para realizar sus inversiones. Todo ello en beneficio de los actuales operadores que concentran el mercado y que observan con beneplácito la no participación de un nuevo competidor.
En lo que se refiere al pago de la contraprestación, es completamente falso que MVS se niegue a pagar. Por el contrario, aceptamos la metodología fijada por la SHCP para determinar el monto de la contraprestación, simplemente solicitamos que este promedio se ajustara a la realidad de la economía mexicana, lo que también nos fue negado.
Las propuestas del gobierno federal han sido claramente inconsistentes. En su primera propuesta, el monto determinado se basó en el promedio de 14 licitaciones internacionales, el cual incluía una amplia gama de bandas que ofrecen servicios de telecomunicaciones distintos a los de la banda 2.5 Ghz, ajustadas al tamaño de la economía. Una evaluación posterior retomó los resultados de 13 licitaciones en la banda de 2.5 Ghz, pero sin ajuste por el tamaño y poder adquisitivo de la economía nacional, por lo que el monto propuesto está claramente por encima del promedio mundial. Así, mientras que la SHCP pretendía una contraprestación de 10.5 centavos de dólares por MHz/POB -aproximadamente 27 mil millones de pesos, MVS sostenía que la cantidad más alta que soportaba un plan de negocios para un nuevo competidor en el mercado era de 4 centavos de dólar por MHz/POB -aproximadamente 11 mil millones de pesos, cantidad que, es necesario destacar, es superior a lo recaudado en las licitaciones de la banda 2.5 GHz realizadas en múltiples países, así como a las licitaciones 20 y 21 efectuadas en nuestro país en 2010, en la que se otorgó un relevante descuento a Televisa-Nextel y se defendió que el proceso no tenía fines recaudatorios para impulsar la inversión necesaria para el despliegue de la red 3G.
El 15 de agosto de 2012, siete días después del inicio del procedimiento de rescate, el secretario de Comunicaciones y Transportes afirmó que: “El Gobierno dio a la empresa MVS y a Joaquín Vargas todas las facilidades para utilizar las frecuencias, lo que se pedía a MVS era que pagara la contraprestación económica a la que tiene derechoel Estado mexicano”.
Para ilustrar el juego perverso que ha llevado a cabo el gobierno federal en torno al pago de la contraprestación, así como las supuestas “facilidades” que se ofrecieron para utilizar las frecuencias, es conveniente señalar que el 28 de marzo de 2012 la SHCP dio una respuesta a una solicitud de información realizada por Observatel en la que afirmaba que, en relación con su solicitud en la que piden las fórmulas, cálculos, comparativos, así como todos los documentos empleados por esa Secretaría y aquellos en los que consta la determinación (incluyendo la forma en que se llegó a dicha determinación) de la contraprestación que se debe pagar por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico en la banda de 2.5 GHz, “la SHCP no ha recibido por parte de las autoridades correspondientes, la solicitud para la determinación de contraprestación alguna por el otorgamiento de la concesión o prórroga para la explotación de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico señalada en la solicitud de acceso a la información que se contesta”.
Pero lo importante aquí, es que con fecha 4 de abril de 2012, siete días después de la respuesta que dio la SHCP a Observatel, MVS fue notificada por la SCT en el sentido de que: la SHCP en coordinación con la SCT ha realizado diversos ejercicios para fijar el monto de dicha contraprestación, tomando como base referencias y mejores prácticas internacionales y exigían dar respuesta en un plazo de cinco días hábiles para manifestar de forma expresa e indubitables si MVS aceptaba o no.
En otras palabras, lo que no hicieron cuando menos en los dos últimos años, lo realizaron, me imagino que trabajando horas extras, en siete días. Pero lo patético es que, ante una solicitud de información realizada vía la Ley de Transparencia y en la que se solicitó “copia de los cálculos y fórmulas utilizadas por la SCT para establecer el monto de la contraprestación sobre la banda 2.5 GHz, así como cuántos y qué funcionarios de la SHCP, participaron de manera formal o informal en la elaboración de los documentos”, la SCT respondió, el 8 de mayo de 2012, que: “sobre el particular, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en esta Subsecretaría de los cálculos y fórmulas utilizadas para establecer el monto de a contraprestación sobre la banda 2.5 GHz sin encontrar constancia o registro alguno… en virtud de lo señalado anteriormente, no es posible entregar la información requerida por el solicitante, debido a la inexistencia de la información”.
Lo anterior, además de grave es lamentable y vergonzoso. De no tener ningún documento lo elaboraron en siete días, notificaron a MVS y, posteriormente, el documento es declarado inexistente. Es decir, fijaron una contraprestación, establecieron un plazo de cinco días para responder si MVS aceptaba o no, con base en documentos que no existen. ¿Así, o más facilidades?
En diversas manifestaciones públicas, en las reuniones de negociación y en el propio oficio de notificación del inicio del procedimiento de rescate, el gobierno federal ha dicho que el motivo por el cual rechazó el proyecto de “Banda Ancha Móvil Para Todos” fue la falta de acuerdo respecto al monto de la contraprestación a pagarse por las prórrogas y la autorización para prestar servicios de banda ancha. Se ha reconocido públicamente que la prioridad gubernamental descansó en el componente recaudatorio. Es lamentable que en aras de elevar los ingresos fiscales se haya sacrificado la oportunidad de abrir el mercado a nuevos competidores. El valor del espectro debe de ser consecuencia de una política pública y no a la inversa.
Es falso que MVS haya propuesto o solicitado una contraprestación fuera de parámetros y mejores prácticas internacionales. Por el contrario, se realizaron una gran diversidad de propuestas que permitirían proteger el interés económico del Estado y a la vez realizar el proyecto con viabilidad tecnológica y financiera. Tan fue así que el 4 de noviembre de 2010 la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) emitió una opinión donde no encontró elementos que pudieran configurar alguna práctica monopólica o concentración indebida por parte de MVS: “se estima que el despliegue de una nueva red de banda ancha inalámbrica con cobertura nacional en la banda de 2.5 Ghz, puede tener un impacto favorable en las condiciones de competencia y libre concurrencia”.
A pesar de todo, la SCT decidió iniciar el procedimiento de rescate.
Atentado a la libertad de expresión y discrecionalidad
Los detalles de lo ocurrido el viernes 4 de febrero de 2011 y los días subsecuentes fueron dados a conocer por Joaquín Vargas, Presidente de MVS Comunicaciones, en una conferencia de prensa y una sesión informativa los días 15 y 22 de agosto.
Lo que se desprende del conjunto de acontecimientos y de las pruebas aportadas por MVS es que el gobierno federal, a través de funcionarios federales, condicionó gestionar el asunto de la banda de 2.5 Ghz a cambio de una disculpa pública de la periodista Carmen Aristegui en los términos exigidos por el gobierno, lo cual constituye un flagrante atentado a la libertad de expresión. La ausencia de política pública de telecomunicaciones, la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de las concesiones, los criterios políticos y las presiones sobre la autoridad de operadores dominantes en la televisión, atentaron contra la libertad de expresión de la comunicadora y contra el derecho de una empresa y sus accionistas de certidumbre jurídica y no discriminación en la negociación de un tema que implica llevar banda ancha móvil a la mayoría de los mexicanos.
El atentado a la libertad de expresión ocurrido el viernes 4 de febrero y la amenaza gubernamental acaecida el 13 de febrero de 2011, se cumplió y materializó el pasado jueves 8 de agosto de 2012, cuando el titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, anunció que no refrendaría las concesiones vencidas de MVS e iniciaría el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la banda de 2.5GHz.
La ausencia de una política pública en telecomunicaciones
A diferencia de la percepción general, una auténtica política de telecomunicaciones no sólo promueve el crecimiento del sector, sino que fomenta la inversión en infraestructura para hacer crecer las redes existentes y crear nuevas, amplía la cobertura de servicios, la competencia a través de todas las plataformas, la convergencia como nuevo paradigma de la digitalización que hace evolucionar los modelos de negocio tradicionales basados en el status quo, la certidumbre jurídica para que las empresas puedan hacer inversiones a largo plazo, recuperar sus rendimientos y todos los jugadores actúen bajo las mismas reglas del juego, sin discriminación. El objetivo de la política pública de telecomunicaciones debe de ser llevar a México hacia el nuevo modelo de desarrollo que es la Sociedad de la Información y el Copernocimiento, en la cual la información, el conocimiento, la creatividad y la innovación son las nuevas materias para la generación de riqueza, crecimiento económico y desarrollo social. Sin embargo, todas las acciones realizadas por la actual administración generaron el efecto contrario como lo demuestran los magros resultados obtenidos en la materia.
El país carece de una auténtica y congruente política pública de telecomunicaciones que fomente el desarrollo del sector y la industria en beneficio de los consumidores. La forma como la política pública beneficia a los usuarios es a través de más servicios, a menor precio y con mayor calidad, justamente lo que desde hace más de cinco años MVS ha pretendido llevar a cabo.
El proyecto “Banda Ancha Móvil Para Todos” de MVS, traía diversos beneficios para los usuarios y para alcanzar las metas de cobertura y penetración de Internet de banda ancha del gobierno federal. El primer beneficio es que el proyecto de explotación de la banda 2.5 GHz garantizaba banda ancha móvil a la mitad de precio y al doble de velocidad que la actual oferta del servicio por operadores de telefonía, cable y fibra óptica establecidos.
El objetivo es replicar el exitoso modelo de Dish México en la televisión de paga satelital pero ahora en la banda ancha móvil y generar más competencia en el mercado, reducir los precios e incrementar la velocidad de Internet, llevar el servicio a los estratos medios y bajos de la población, incrementar la cobertura de banda ancha en el país, fomentar el desarrollo y uso de aplicaciones sociales y contribuir a la digitalización y el avance de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México.
Lo anterior generaría competencia en un sector de las telecomunicaciones de suyo concentrado, permitiría masificar en un lapso breve de tiempo la banda ancha e incrementar considerablemente la conectividad y la digitalización en el país, contribuyendo de manera destacada a la educación, la salud, el teletrabajo y la gobernabilidad del país a través de la tecnología de última milla más avanzada: Long Term Evolution (LTE).
El proyecto de MVS contribuiría de manera importante para que el gobierno alcanzara sus propias metas de competencia, cobertura y convergencia. Competencia, porque entraría al mercado de banda ancha móvil un nuevo jugador, pero con el valor agregado de precios bajos y velocidades al doble de las actuales, es decir, no sería un nuevo competidor en el mercado de nicho de los usuarios
de mayores ingresos, sino que el modelo de negocios se basaba en la masificación del servicio para llegar a todos los estratos sociales. Cobertura, porque la banda de 2.5 Ghz y el modelo de negocios del proyecto garantizaría una penetración masiva del servicio en ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país. Y Convergencia, porque diversas empresas podrían sumar y ofrecer movilidad a sus clientes a través de la red móvil de alta capacidad y velocidad del consorcio concesionario.
¿Ante qué está MVS?
Ante la embestida del gobierno federal que en complicidad con los poderes fácticos, pretenden eliminar a una empresa cuya única falta cometida es tratar de competir, y competir en dos vertientes. La primera ofreciendo servicios de telecomunicaciones con la mejor calidad al menor
precio. La segunda, por contar con servicios informativos que se han caracterizado por no doblegarse al poder, ni a la presión que han ejercido poderes formales y fácticos sobre MVS.
Como bien lo ha señalado Joaquín Vargas: “Si el gobierno federal no desiste de su decisión de rescatar la banda de 2.5 GHz y ratifica el atropello, atará de manos al gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, al restringirle su libertad para definir la política pública de telecomunicaciones aplicable a la banda de frecuencias citada. Esta resolución heredará al nuevo gobierno un problema jurídico que no se justifica bajo ningún aspecto… Por todo ello, invitamos a legisladores, analistas, académicos, profesionales de la comunicación y a todos aquellos interesados en el tema, para que se debata la urgente necesidad de modificar el marco legal aplicable a los medios de comunicación, con el propósito de evitar que en el futuro se repita el atropello que hoy afecta a MVS”.
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