Cinque Terre

Irasema Rodríguez

Ayotzinapa

Del lado de los llamados medios críticos, algunos han ido más allá de consignar el informe de la CIDH y las irregularidades que este organismo encontró en las indagatorias del caso; invalidan por completo las investigaciones de la PGR y buscan construir su propia verdad, pero más con adjetivos y valoraciones políticas que con elementos reales de investigación periodística.

La pasión en los géneros de opinión

En la gran cantidad de textos sobre Ayotzinapa, algunos se han destacado por la pasión con que sus autores defienden su postura. Sin reparar en adjetivos e incluso en afirmaciones, han contribuido más a polarizar que a alentar un debate profundo; sus autores tienen la responsabilidad ética de que sus percepciones personales se equilibren con datos concretos o elementos de sustento, no siempre ocurre así.

El columnista de El Universal, Ricardo Alemán dedicó cinco entregas al caso: en la primera sugiere que el informe de la CIDH puede inscribirse en una “venganza” de su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza contra el gobierno federal por cerrarle el paso hacia la titularidad de la CNDH. Cuestiona los argumentos del GIEI y advierte en ellos la intención de dinamitar a las instituciones mexicanas. En la segunda califica como “delictivo” el informe del GIEI porque no hay elementos legales para que los expertos lleven a cabo funciones que corresponden a las instancias de procuración de justicia y porque sus conclusiones de basan más en conjeturas que en evidencias. En la tercera y la cuarta, el autor señala que la CIDH omitió ser más acuciosa en investigar los nexos de algunos de los normalistas con cárteles del narcotráfico y de éstos con el PRD y Morena. Y en la quinta, el autor afirma que con la revelación del estudio genético realizado en Innsbruck, queda demostrado que el informe de la CIDH es mentiroso a tal grado, que los “expertos” deberían ser expulsados del país.

En la contraparte, Denise Dresser se ha referido al caso en sus dos últimas columnas en Reforma, en la del 7 de septiembre hace una interpretación maniquea sobre las anomalías consignadas en el informe del GIEI para asegurar que fue el Estado el responsable de la desaparición de los normalistas; acusa que la investigación de la PGR está repleta de mentiras y testimonios falsos, mientras que el reporte de la CIDH lo está de evidencias. En la del 14 de septiembre, hace una serie de preguntas con afirmaciones encubiertas sobre el caso. En el interrogatorio, dirigido a la PGR la autora le marca a la dependencia la ruta que debe seguir para llegar a la verdad revelada por el GIEI, no sin advertir sobre una contraofensiva mediática para descalificar a la CIDH y una intención de “desviar la atención” para encubrir al Ejército como responsable de los hechos.

En La Jornada, el 14 de septiembre se publica el artículo “Encarando al narcogobierno”, en el que John Ackerman “se cuelga” e incluso distorsiona el contenido del informe de la CIRT para descargar su ira contra el gobierno de Peña Nieto. En forma categórica, afirma que el ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un acto de represión política que se debe castigar al más alto nivel. Según el autor, el informe del GIEI ha confirmado lo que la sociedad mexicana tenía claro desde un principio: “Peña Nieto es un cínico mentiroso que se burla constantemente del pueblo mexicano y cuya principal función es poner las instituciones del Estado mexicano al servicio de los más oscuros intereses oligárquicos, mafiosos y delincuenciales”. Concluye que si bien el trabajo técnico de la CIDH es “impecable” su negativa a dilucidad “el trasfondo político del crimen y señalar directamente la responsabilidad de Pena Nieto, revela lo limitado de su actividad. Es decir, el articulista reprocha a la CIDH el no erigirse en el tribunal que declare culpable al Ejecutivo Federal.

Lejos de la verdad

El informe de la CIDH sin duda derribó varios de los endebles cimientos de la investigación oficial y dejó en claro que la verdad está aún lejos de aparecer, pero también puso en jaque a los medios de comunicación, que al igual que hace un año, se dividen en bandos que comprometen con una sola visión del complejo entramado que dio lugar a uno de los episodios más aciagos no sólo en materia de seguridad y derechos humanos, sino también social y de gobernabilidad. Si bien hay casos de excepción donde se busca un equilibrio en las informaciones y puntos de vista expuestos, el binomio prensa oficialista versus prensa militante se ha vuelto a hacer presente en este caso, que amerita un profundo sentido ético y de responsabilidad social.

Decía Ryszard Kapuscinsk: “Si entre las muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en falsedad, y tú en un fanático.” Tanto los oficialistas como los militantes corren ese riesgo.

 

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