Cinque Terre

Gustavo Hirales

Analista político

Ayotzinapa: los hechos y los mitos

Este artículo se publicó originalmente en marzo 13, 2018

Sólo desarmando los discursos, conociendo qué deslizamientos del sentido, qué metáforas, qué figuras retóricas, qué omisiones pregonadas pero falsas, qué elipsis secretas y qué formas del sentido ponen en juego los interlocutores, es posible distinguirlos precisamente: Jean Paulhan.

…para mí la historia es sobre todo una disciplina crítica y no una máquina para fabricar solidaridad: David Rieff.

Iguala es una tragedia y una gravísima violación a los derechos humanos. Sobre esta tragedia se ha escrito mucho y, en lugar de que cada día haya mayor claridad sobre lo que ahí sucedió, el panorama es cada vez más confuso. Por ello, me propongo distinguir, primero, entre los hechos y las suposiciones, y enseguida busco determinar la naturaleza de los hechos que están sobre la mesa; esto es, distinguir entre lo que es un dato, algo que no está a discusión, de lo que es discutible (“opinable”), y de aquello donde prevalecen las dudas y las incógnitas no resueltas, así como el peso que en la confusión ha tenido el ascenso de las teorías conspirativas. Iguala sigue siendo una investigación abierta, pese a los más de tres años transcurridos, para las principales instituciones involucradas: PGR, CIDH, CNDH.

Parto de la siguiente hipótesis: al principio estaba más o menos claro, para los públicos atentos, cuál había sido la génesis y la urdimbre de los hechos criminales, pero muy pronto, sobre la base de errores y el pasmo relativo de las autoridades, así como sus dificultades para comunicar, nació y fue creciendo lo que al principio era una sospecha y que luego, con la ayuda del antigobiernismo ambiental, el luto y encono de los familiares, así como las declaraciones y el protagonismo de “expertos”, sobre todo extranjeros (EAAF y GIEI), se convirtió en una convicción: “Fue el Estado”, consigna que surgió primero en las manifestaciones callejeras, y luego se propagó hasta en ámbitos parlamentarios, lo mismo la especie de que la “verdad histórica” era en realidad una impostura.

Asistimos entonces a la construcción más o menos espontánea, más o menos deliberada, de un mito, de modo similar a como se construyeron en su momento aquellos otros de que el asesinato de Colosio (1994)1 y la matanza de Acteal (1997)2 fueron, respectivamente, “crímenes de Estado”.

Hay cierto consenso en que los hechos sangrientos se desencadenaron a partir de la incursión de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala para “tomar” autobuses. Que la “toma” de autobuses y casetas era “una práctica común, al grado que las autoridades estatales las han tolerado por varios años”3. Igualmente, que el motivo que impulsó a los normalistas a trasladarse a Iguala el 26 de septiembre del 2014 fue que la policía estatal de Guerrero (y eventualmente la Policía Federal) les impidieron “tomar” autobuses en las cercanías de Chilpancingo4. Los autobuses los necesitaban para trasladarse, a su vez, a la Ciudad de México, para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en tanto que ellos, los alumnos de Ayotzinapa, se habían comprometido con sus correligionarios de las otras normales rurales (FECSM5) a conseguir los vehículos para el mencionado traslado6.

Hay acuerdo también en el hecho de que la violencia se disparó cuando los normalistas penetraron a la estación de autobuses de Iguala y se apoderaron de tres autobuses más. Al salir de la estación son perseguidos por la policía municipal de Iguala y luego también por la de Cocula7. A las 22:30 son detenidos en dos lugares diferentes, se producen algunos enfrentamientos donde los estudiantes usan piedras y los policías disparan, primero al aire, y luego a dar. Un quinto autobús (Estrella Roja) es detenido, los estudiantes son bajados y perseguidos, pero sobreviven. Este fue el único autobús no atacado con armas de fuego8.

A las 23:30 horas del día 26, un autobús de futbolistas (Los Avispones) es atacado por error por policías municipales de Iguala en el cruce de Santa Teresa; el resultado es de tres muertos y varios heridos.

En la madrugada del 27 de septiembre, y en medio de una rueda de prensa que los estudiantes citaron en el centro de Iguala, se producen nuevas agresiones de la policía municipal. Julio César Ramírez y Daniel Solís son asesinados ahí a quemarropa. A las 6:00 horas de ese día es encontrado, por una patrulla militar, el cadáver del normalista Julio César Mondragón, con señas de haber sido torturado y desollado.

Antecedentes: a) la presidencia municipal de Iguala estaba en manos de un grupo político encabezado por el alcalde, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda. y Felipe Flores Vázquez, el secretario de Seguridad Pública municipal; Abarca había llegado al cargo postulado por el Partido de la Revolución Democrática; b) este grupo estaba asociado con uno de los principales cárteles del crimen organizado de la región, autollamado Guerreros Unidos9; C) tal asociación les proporcionaba a ambas partes pingües ganancias y la protección necesaria para cometer una gran cantidad de delitos con impunidad. Entre estos, asesinatos10, extorsiones, tráfico de drogas, lavado de dinero y un largo etcétera. Las quejas y denuncias por las conductas delictuosas de las autoridades municipales ya habían llegado tanto al gobierno del estado como al federal, sin que ello hubiera tenido mayores consecuencias (“lo estaban investigando”)11.

El contexto: Iguala es parte de una región de Guerrero (Tierra Caliente) con altos índices criminógenos: producción y tráfico de drogas, batallas por “el territorio” y las “plazas”, entre otros. Como centro de la producción nacional de heroína, para 2014 “Iguala estaba en camino a tener cuatro veces más desaparecidos que el promedio estatal, que a su vez ya era mayor que el promedio nacional”12. Cocula, municipio vecino, “tuvo en 2013 una tasa de homicidios de 80 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto del país fue de 16.5”.

¿Cuál fue el detonador de los hechos? Aquí existen al menos dos versiones. Uno de los halcones –que a su vez era policía municipal–, David, el “Chino” Hernández, sostiene que, al ver que los normalistas se acercaban una vez más al centro de la ciudad, Abarca les dio la orden de que “procedan”; esto es, evitar a toda costa que los normalistas se acerquen al lugar donde su esposa daba su informe del DIF municipal13. La otra es que los Guerreros Unidos dieron por cierto que la incursión de los normalistas en Iguala era un ataque de un cártel rival, “Los Rojos”.

Foto / Cuartoscuro

En Periférico norte, a las 21:50, varias patrullas detienen a los autobuses. Fue entonces, dice el relato, “cuando los policías tiraron a matar”. Ahí le dieron un balazo en la cabeza a Aldo Martínez; la ambulancia llegó una hora después. A unos metros de ahí, los policías bajaron a los estudiantes del Estrella de Oro 1568, donde iba el “Cochiloco“ Flores, el responsable político de los estudiantes. Todavía a estas alturas no pasaba nada irreparable, más allá del balazo a Aldo. Llegaron medios de comunicación y los estudiantes organizaron algo como una rueda de prensa para informar de lo que estaba ocurriendo. Eran las 23:10 de la noche.

César Nava, subdirector de la Policía de Cocula, mandó a su gente a apoyar a los policías de Iguala. A las 23:15 los policías de Cocula “hicieron una segunda emboscada detrás de las patrullas que bloqueaban el Periférico”. Llegaron y empezaron a disparar contra los estudiantes, apoyados por los policías de Iguala. “Dos murieron en el momento… Daniel Solís y Julio César Ramírez”.

“Los estudiantes se dispersaron en la dirección que pudieron. La escena parecía de cacería: policías persiguiéndolos por la ciudad, levantando a quien encontraran solo”, escribe Illades. Veinticinco se refugian en el Hospital Cristina, a donde llegan los soldados de una patrulla, que no los agreden, pero tampoco los auxilian14. El normalista Edgar Vargas llega con la mandíbula destrozada por un impacto de bala. “Después de salir del Hospital Cristina, los soldados no volverían a intervenir”15.

La entrega. “En algún momento de la noche, tras recibir la información de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía de Iguala, el ‘Cabo Gil’ López, jefe de la plaza de Iguala, pidió que le llevaran a los detenidos. También se comunicó con Sidronio Casarrubias, el supuesto (sic) líder de los ‘Guerreros Unidos’”16.

Los móviles de la violencia. Según declaraciones de Casarrubias, el “Cabo” Gil le dijo: “¡Nos atacan Los Rojos!”. Sidronio le mensajeó entonces (por Blackberry) que los detuviera “a como diera lugar”. Gil contestó que “se encargaría de que no quedara nada de ellos”17.

El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) sostiene que las razones por las que la policía municipal de Iguala atacó a los normalistas fue para impedirles la salida de Iguala, porque uno de los autobuses que ellos habían secuestrado estaba cargado con cocaína, heroína o dinero.

Entre los datos del contexto –escribe Carlos Marín Beristain–, “informantes siempre bien informados nos dicen en voz baja (sic) que un cargamento salía en ese tiempo, con puntualidad industrial, cada semana. La fuente es confiable (¿a juicio de quién?, G. H. M.) y, en la información, lo de ‘industrial’ es el detalle que le da credibilidad”18. ¿Por qué? ¿“Industrial” es en el contexto una palabra cabalística? Nunca lo dice. En cualquier caso, esta hipótesis no se ha comprobado19.

Los estudiantes fueron divididos en dos grupos, uno de 10 y otro de 30 o poco más. Al grupo de 10, policías de Cocula lo llevaron primero a la comisaría de Iguala, donde estuvieron poco tiempo. El otro grupo, el de 30, no pasó a la comisaría. “Fueron llevados al siguiente punto sin detenerse en el camino”20.

Dato importante es que, tanto los Guerreros Unidos, como las policías de Iguala y Cocula, estaban en la misma frecuencia de comunicación. Francisco Salgado Valladares, subjefe de la policía de Iguala, estaba en contacto con el “Chucky”, quien, bajo las órdenes del “Cabo” Gil, orquestaba la “limpieza” esa noche.

Según actas ministeriales, el “Chucky” se había molestado porque Salgado le había entregado “los paquetes” al “Cabo” Gil. Los normalistas habían sido llevados a Loma de Coyote, lugar donde vivía el mencionado “Cabo” Gil. Los de Iguala llegaron primero y luego aparecieron los de Cocula. Todos los normalistas fueron amarrados en el patio. Algunos con cuerdas, otros con esposas21.

Algunas versiones sostienen que en la persecución y detención de los camiones tomados por los estudiantes participaron policías federales, no sólo locales22. Pero no existe a la fecha ninguna fuente que confirme tal extremo. En abril de 2016, un testigo aseguró a la CNDH que uno de los camiones fue detenido por una patrulla de la policía federal, en el Puente de Chipote, con apoyo de policías locales de Huitzuco, pero ello sigue sin confirmación ministerial o judicial23.

Los vehículos. Tampoco hay discrepancias sobre los vehículos en los que los sicarios transportaron a los normalistas una vez que les fueron entregados por los policías. Eran una Ford blanca de 3.5 toneladas (modelo F-150 de redilas) y una Nissan tipo estaquitas, de redilas también. La gente del “Pato Reyes” y del “Terco” Rodríguez, sicarios de GU, comenzaron a subir a los normalistas. “Uno ya estaba muerto, alguien le había disparado”. Al resto los acomodaron como troncos, en posición horizontal (testimonio de el “Jona” Osorio). Cinco normalistas se fueron en la caja de la Nissan. Ambos vehículos tomaron rumbo al sur, hacia Cocula24. Al llegar a una bifurcación, eligieron el camino de la izquierda, una brecha de terracería que termina en un punto a seis kilómetros: el basurero municipal de Cocula. Entre las 00:30 y la una de la mañana, las dos camionetas llegaron al punto final. Una ligera llovizna empezaba a soltarse, la que duraría unas cuatro horas.

Según la investigación federal, eran unas 16 personas las que traían secuestrados a los estudiantes25. El basurero termina abruptamente en un acantilado de unos 20 metros de profundidad y una bajada de 45° de inclinación. Al llegar al borde del basurero, uno a uno, fueron sacando a los estudiantes. “Primero los de arriba, que todavía estaban vivos, aunque aturdidos y llenos de miedo”, reveló el “Terco” Rodríguez, otro de los sicarios participantes26.

Cuando llegaron a las filas de abajo, continúa Illades, “los captores se dieron cuenta de que había aproximadamente 30 cuerpos sin vida”. Será que se habían ahogado, declaró el “Pato” Reyes. A los muertos “los aventaron como costales” al fondo del basurero, según la misma versión. Los aproximadamente 15 estudiantes que seguían vivos los empezaron a interrogar. ¿A qué vinieron? ¿De dónde vienen? ¿Son Rojos? El “Cochiloco” (Bernardo Flores) se quebró. “Sí, soy Rojo”, dicen que afirmó.

Uno por uno, los Guerreros mataron a los estudiantes. Eran cerca de las dos de la mañana. El ‘Pato’ Reyes y el ‘Terco’ Rodríguez comenzaron a dar órdenes. A unos los mandaron por diésel y gasolina en las motos. Entre cinco y diez personas fueron levantando los cuerpos. Desde arriba los lanzaban y abajo, donde habían hecho una pira con ramas, los recibían (testimonio de el ‘Jona’)27.

Los fueron acomodando al igual que en la camioneta: en pilas amontonadas, cuerpo sobre cuerpo. Tres metros en total de altura, en un área de cerca de 140 metros cuadrados. Ya que regresaron los motociclistas con el combustible, los rociaron y después los rodearon con llantas, madera, plásticos28.

El “Pato” dijo haber ido a Cocula por más diésel, que le entregaron los municipales. “Los que más tiempo estuvieron alimentando las llamas fueron el ‘Bimbo’ y el ‘Cheje’ (o Chereje) García… El fuego duró hasta la tarde del día siguiente”, según quienes ahí participaron29. El fuego habría alcanzado una temperatura pico de mil 600 grados. “En el suelo había una mancha azul y en la pared de la fosa, según los… peritajes, piedras fracturadas por la alta temperatura. Los cuerpos de los estudiantes estaban carbonizados” 30. En 16 bolsas industriales de basura echaron los restos al terminar de pulverizarlos. “La orden era machacar lo que no se hubiera desecho. Lo hicieron con palas”.

Foto / Cuartoscuro

Subieron las bolsas a las mismas camionetas utilizadas la noche anterior. Se encaminaron rumbo a Paraje San Juan, ya en el río. “Ahí, junto a un palo que tenía una botella de refresco al revés como marcador, comenzaron a arrojar las bolsas. Eran ocho, y según las declaraciones del ‘Cheje’ García, cada una pesaba cerca de 5 kilos”31.

Las primeras bolsas se fueron flotando de inmediato, y algunas aparecieron un mes después a unos 20 metros, abiertas, en el lecho del río. Una se hundió en el lugar exacto donde fue arrojada. “Los hicimos polvo y los echamos al agua. Nunca los van a encontrar”, decía el pin que le envió el “Cabo” Gil a Sidronio Casarrubias el 27 de septiembre32.

Marco Antonio Ríos Berber, el halcón de los Guerreros Unidos, tomaba datos y apuntaba a quiénes mataban y por qué; pero en este caso no se encontraron celulares con fotografías de los normalistas antes de morir. Las camionetas quedaron completamente limpias de rastros de sangre, cabellos o ropa (de ahí la sospecha de que el “Cabo” Gil se dio cuenta de que en realidad había mandado matar y quemar a 43 estudiantes, no a 43 rojos).

En cuanto a los móviles de la violencia contra los estudiantes, Illades afirma que “es claro que los Guerreros Unidos estaban convencidos de que los normalistas eran Rojos, y actuaron en consecuencia”. Y añade:

Vale la pena aclarar que, salvo los dichos de Casarrubias y Rodríguez (el “Cepillo”), ni autoridades ni medios han presentado evidencia alguna de que los normalistas estuvieran vinculados con un cártel. Incluso el procurador Jesús Murillo Karam, durante una conferencia de prensa, hizo énfasis especial en que la PGR no tenía evidencia para vincular a estudiantes y narcotraficantes 33.

El 4 de octubre la PGR anuncia que atraerá la investigación. El 5 de octubre, por petición de los padres de los normalistas, llegó a Guerrero el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Caída de Sidronio Casarrubias y las declaraciones de Solalinde

El 17 de octubre, cae preso Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos.

El mismo 17 de octubre varios medios dan cuenta de las declaraciones del padre Solalinde acerca de que “testigos” le confiaron que los normalistas habían sido quemados en el basurero de Cocula, con diésel, maderas y llantas (curiosamente, el GIEI no reporta esta información, prefiere aludir a una “llamada anónima” del 25 de octubre)34.

“El padre Alejandro Solalinde no tiene dudas: a los 43 estudiantes de Ayotzinapa los asesinaron y a algunos ‘los quemaron vivos’”. Así se lo dijo a la agencia Nóvosti: “Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”. La categórica afirmación “se basa en relatos de testigos”, afirmó Solalinde 35.

Foto / José Hernández (Cuartoscuro)

22 de octubre. El procurador Murillo Karam informó que las investigaciones del gobierno federal han descubierto que el exalcalde José Luis Abarca y su esposa eran los principales operadores de Guerreros Unidos; que Abarca Velázquez pagaba mensualmente al grupo criminal entre dos y tres millones de pesos, de los cuales 600 mil eran complemento para la nómina de los policías de Iguala.

Las primeras indagatorias refieren que la agresión, detención y posterior desaparición de los normalistas, tuvieron como origen “evitar que los estudiantes sabotearan la fiesta” que se realizaba con motivo del informe que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, rindió como presidenta del DIF municipal de Iguala36.

26 de octubre. Son detenidos el “Jona”, el “Cheje” (o “Chereje”) y el “Pato”, en base a cuyas declaraciones “se señala la versión del basurero de Cocula” (y confirman de paso los dichos de Solalinde).

Comienzan trabajos de exploración en el basurero de Cocula la PGR y el EAAF.

28 de octubre, “sin ningún registro en el expediente, se realizan diligencias en el río San Juan”. ¿Qué diligencias? “Llevar a un detenido a la orilla del río, sin abogado y toma de restos óseos del cauce por equipos forenses. Este hecho –dice el GIEI– permanece oculto hasta su informe de abril de 2016 (Resumen del caso)37. Tampoco está comprobado que en esa “diligencia” hubiera ocurrido la tal “toma de restos óseos” en el río.

El 29 de octubre, Agustín, el “Cheje” García, recién detenido, llevó a los agentes del ministerio público al Río San Juan, donde “fueron encontradas ocho bolsas con ceniza y restos de huesos”. El anuncio lo hizo el procurador Murillo Karam nueve días después, el 7 de noviembre.

El mismo 29 de octubre, “el EAAF se encontraba trabajando en el basurero de Cocula y llega 4 horas después al río, señalan que nadie les avisó de la búsqueda. Unas semanas después se identifican (por Innsbruck) restos de la bolsa como de Alexander Mora, uno de los normalistas desaparecidos”38.

Anuncian la hipótesis central del caso. Fue en esa conferencia de prensa donde se anunció por vez primera la hipótesis central de lo sucedido: que los cuerpos de los normalistas habían sido quemados en el basurero de Cocula. El fundamento principal era, al momento, las declaraciones de los detenidos. La PGR reveló ahí que enviaría los restos encontrados en el río al Instituto de Medicina Legal de la Medizinische Universitat Innsbruck, en Austria, “cuyo departamento de Genética Forense se especializa en técnicas pioneras del análisis del ADN”39.

La clave del cuestionamiento a la “verdad histórica”

El 4 de diciembre regresaron los primeros resultados de Innsbruck; la PGR los compartió con los peritos argentinos y ellos informaron a los familiares: “del material obtenido en las bolsas del Río San Juan se había podido identificar que un hueso era de Alexander Mora Venancio, de 19 años, y uno de los 43 desaparecidos”40.

El 7 de diciembre los peritos argentinos (EAAF) emitieron un comunicado en el que “levantaban dudas” sobre las investigaciones de la procuraduría, con dos objeciones fundamentales: 1) no estuvieron presentes cuando los peritos mexicanos abrieron las bolsas que contenían los restos, por lo que ellos no podían garantizar su origen y 2) “no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de la PGR y en parte por el EAAF, correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados”41. Aunque no es lo mismo decir “no hay” que “no encontramos”. Precisamente ese fue uno de los objetivos de los asesinos, al cremar a los estudiantes, reducirlos a cenizas, echar las cenizas a bolsas que luego tiraron al río. No dejar evidencias, ni científicas ni de otro tipo.

Imagen / Uno más uno

El eco no se hizo esperar. Un físico de la UNAM (Jorge Antonio Montemayor) y un ingeniero metalurgista de la UAM, Pablo Ugalde, dieron una conferencia de prensa el 11 de diciembre en la que dijeron que era “imposible” la hipótesis del procurador sobre el destino de los estudiantes. ¿Por qué? Por las cantidades de madera u otros combustibles que se necesitarían para incinerar 43 cuerpos. Para la PGR no fue muy difícil evidenciar la falta de rigor científico en las hipótesis de los académicos (por ejemplo, “el diámetro del espacio –del incendio– sería casi tres veces más de lo calculado por Montemayor”), pero la duda estaba planteada42.

La intervención del GIEI. Esta base especulativa (en tanto descansaba en suposiciones puramente “teóricas”) es la que vendría a ensanchar el GIEI, con regulares y a veces forzados argumentos, pero con un interés político claro: echar abajo la verdad histórica, no porque tuviera una verdad alternativa (por ejemplo, un destino distinto de los normalistas), sino porque había que fortalecer una intuición “empática” con los padres y los abogados43. Se buscó plantar la idea de que detrás del ataque a los normalistas estuvieron involucradas fuerzas ingentes, “el Estado” mismo, pues sólo él sería capaz de llevar a cabo un operativo que requería de tanta capacidad logística y estratégica, y de tanta maldad44.

Los peritajes de la PGR

Tomados en su conjunto, escribe Esteban Illades, los peritajes de la PGR “parecen decir lo siguiente”:

Que hubo un incendio de 140 metros cuadrados en el basurero de Cocula; que inició con una temperatura cerca a los 700 grados y que tuvo un pico de casi mil 400 grados.

El incendio consumió tejido –animal o humano– y dientes. Pero los estudios –continúa Illades– no pueden concluir, entre otras cosas, cuántos restos fueron quemados en el basurero esa noche45. Todavía no aparecía el tercer argumento, que en su devenir se tornó el decisivo: el de que en el basurero de Cocula “no podía” haberse dado la cremación, ya no digamos de los 43 cuerpos, sino ni siquiera de uno (José Torero)46. Ante lo contradictorio de las versiones, Illades entrevistó al Dr. John DeHaan, profesor de la Universidad de California en Davis y experto en química forense con especialización en fuego y explosivos. Dijo, en resumidas cuentas, que:

[…] la respuesta corta sobre este crimen es que un fuego de gasolina no es necesario para destruir cuerpos. Un fuego puede sostenerse por horas con la combustión de la grasa subcutánea de los cuerpos, y si hay material suficiente para funcionar como mecha, el fuego es más que adecuado para calcinar un cuerpo humano a huesos frágiles y fragmentos.

Pregunta Illades: ¿Es posible entonces reducir 40-45 cuerpos a ceniza en este tipo de lugar (basurero de Cocula) y en el tiempo que dicen (13-15 horas)?

Respuesta: Dada la descripción del pozo y cómo fueron colocados cuerpos y a las 13-15 horas de cremación continua, mi respuesta es sí; sí es posible reducir 40 cuerpos adultos a fragmentos y bultos frágiles que podrían ser pulverizados por una máquina”47.

Insiste el autor: Aquellos que han disputado la versión de la PGR dicen que serían necesarias toneladas de madera o llantas para producir el calor necesario para quemar cuerpos. ¿Diría usted que esto es cierto?

Respuesta: No. El fuego emanado de los cuerpos sería suficiente para mantener el fuego necesario (a través de las llamas).

La ruptura. Una vez que el gobierno federal hubo planteado la solución del caso con la mal llamada “verdad histórica”, lo que vino fue la ruptura entre los padres de los normalistas (y grupos solidarios que les acompañaban, como el Centro Tlachinollan o los maestros de la CETEG) con el gobierno, en tanto que ellos no admitían ninguna hipótesis que tuviera como premisa la muerte de sus hijos y parientes48.

Previamente, los padres habían dicho que ellos sólo confiarían en lo que dijeran los peritos argentinos, quienes el 7 de febrero emitieron un comunicado en el que destacaban los supuestos errores cometidos por la PGR durante la investigación:

1) No se les avisó de la recolección de evidencia en el río San Juan. 2) Los peritos tampoco estuvieron presentes en la recolección inicial de evidencia en el basurero de Cocula. 3) No hubo preservación de la escena del crimen en el basurero de Cocula entre el 7 y el 28 de noviembre de 2014. 4) El EAAF encontró que el basurero había sido incendiado en ocasiones anteriores. 5) En el basurero también había restos humanos que no eran de los normalistas. 6) Ni los peritos ni la PGR habían terminado de procesar la evidencia cuando el procurador declaró la “verdad histórica”, entre otras49.

La PGR respondió al día siguiente

1) Sí habían notificado a los peritos sobre la búsqueda en el río San Juan, pero ellos decidieron priorizar el análisis del basurero ese día. 2) La petición (¿exigencia?) del EAAF para firmar la cadena de custodia de la evidencia rebasaba las funciones que tenían en la investigación. 4) La petición de los argentinos de revisar la evidencia balística, entre otras, no fue aceptada porque los peritos no habían acreditado ser especialistas en la materia. 5) La PGR determinó que no se tenía que preservar la custodia en el lugar (basurero) porque ya había realizado las pruebas necesarias. 6) Las prótesis encontradas en el basurero seguían siendo estudiadas, por lo que la PGR no podía determinar si era de ese evento o uno anterior50.

Foto / Cuartoscuro

Los familiares, a través del abogado Vidulfo Rosales, dieron a conocer un documento con 10 dudas, entre ellas: 1) Para ellos no existía “plena certeza” de que hubiera sucedido lo que dice la PGR que ocurrió, ya que “las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos”. 2) La investigación de la PGR dependía en exceso de las declaraciones de los detenidos, quienes pudieron haber sido coaccionados para confesar (sí pero, ¿por qué razón habría coaccionado la PGR? No lo dicen). 3) Faltaban de detener figuras importantes como Felipe Flores, el secretario de Seguridad Pública de Iguala y el “Cabo” Gil, supuesto jefe de plaza de los Guerreros Unidos. 4) Algunas declaraciones de los detenidos contradecían otras, en particular que algunos dicen haber llevado a los estudiantes a Pueblo Viejo y La Parota, en vez de Cocula. 5) Lo único cierto era que Alexander Mora Venancio sí había muerto. De los otros 42 normalistas no hay evidencia. 6) No se investigó al ejército por la desaparición de los estudiantes. 7) No se había investigado a otros funcionarios, como el alcalde de Cocula.51

El tema se internacionalizó. Una delegación de familiares y ONG coadyuvantes viajaron a Ginebra, Suiza, a exponer su versión de los hechos frente al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El 2 de febrero el Comité hizo un extrañamiento al Estado mexicano por los normalistas de Ayotzinapa. El entonces subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, reconoció que el caso de los 43 estudiantes se debía considerar desaparición forzada, pero todavía en marzo de 2015 la PGR no había presentado cargos contra ninguno de los 100 detenidos por este delito, sino por homicidio y secuestro agravado52. Quizá porque la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas agrega un elemento importante para configurar ese delito y violación: el ocultamiento de información para dar con el paradero de la víctima, lo cual no correspondía con las confesiones de los sicarios y policías involucrados, acerca del destino final de los normalistas.

El GIEI y la deconstrucción de la “verdad histórica”

Precisamente por los días en que Murillo Karam anunciara la “verdad histórica” de la PGR y poco después renunciara, llegó a México el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en acuerdo con el Estado mexicano y los familiares de los normalistas) para “coadyuvar” en la investigación del caso Iguala. Estaba integrada por Carlos Marín Beristain (español), Claudia Paz (guatemalteca), Francisco Cox (chileno), Ángela Buitrago (colombiana) y Alejandro Valencia (colombiano). ¿En qué eran expertos los expertos? Martín Beristain es experto en “atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos”, Ángela Buitrago fue Fiscal ante la Suprema Corte de su país, igual que Claudia Paz, en etapas de procesos de paz. Cox y Valencia son abogados, “expertos” en derechos humanos. Ninguno era experto en incineraciones masivas o en antropología forense. Eran, de algún modo, expertos en mecanismos de justicia transicional, cuya aplicación para el caso Iguala es complicado acreditar.

Los principios del GIEI

Apenas van llegando y les toca la primera reunión con la nueva procuradora, Areli Gómez. Su conclusión: “La que era ‘Verdad histórica’ salió por la parte de atrás. En este país no hay dimisiones y el reciclaje forma parte de la vida de los políticos”53. Entre el GIEI y la Procuradora ya había –al parecer– un acuerdo inicial: liquidar a la verdad histórica.

En cuanto al diferendo entre el EAAF y la PGR sobre las razones por las cuales éste no acompañó a la PGR a la búsqueda en el río San Juan, el GIEI oye a las dos partes, pero dice crípticamente Beristain, “la verdad está de un lado”54. Se reúnen con los funcionarios de la PGR que les explican la mecánica y los actores de los hechos. Comenta Carlos Martín: “La historia así contada parece convincente, aunque a la vez todo parece increíble”55. O sea, así como parece una cosa, parece la contraria.

Se detienen en el expediente, en las confesiones de los acusados en particular. No hay preguntas en las declaraciones, consignan.

[…] y entonces nunca puedes saber a lo que dijo que no, lo que se preguntó y cómo se le interrogó. Pero lo que sí se sabe es que en este país los acusados tienen unas enormes ganas de hablar. Confiesan todo tipo de fechorías, así nomás56.

Así, para el GIEI, lo importante no es si “las fechorías” que confiesan los acusados tienen que ver o no con los crímenes efectivamente cometidos, y tampoco si existen evidencias de que los acusados estuvieron en situación, relación de tiempo y lugar, para cometerlas; tampoco si las confesiones se contradicen o se complementan; lo que importa destacar es la “locuacidad” de los sicarios.

Foto / Cuartoscuro

De sus primeros encuentros con la autoridad ministerial, el GIEI rescata dos cosas: la desconfianza y la suspicacia. En cambio, véase como describe su primer encuentro con los padres y los abogados de Ayotzinapa: “En realidad, estamos aquí por un acto de amor colectivo y de cada una de las familias, y esa energía es lo único que es más fuerte que ese tremendo dolor de la desaparición forzada”57. Es clara la diferencia.

Si nos atenemos a lo que escribe Beristain, la verdad histórica estaba muerta para ellos desde antes de que se declarara oficialmente su extinción. Véase si no: “Reconstruir una historia en la que hay piezas que nunca encajan. Como esos rompecabezas en que todo parece cuadrar si fuerzas un poco las piezas, pero te sobra una y te queda todo deforme. Así parece esta llamada ‘Verdad Histórica’”58.

La mirada de Beristain sobre la escuela normal de Ayotzinapa en su primera visita es clave en su interpretación de los hechos: “En este lugar van a pasar cosas que no se imaginan en los pasillos del poder ni en las salas de reuniones de la PGR o la SEGOB”. No aclaró qué cosas. Veamos el rigor histórico del que, en los hechos, aparece como el jefe o vocero del GIEI: “En el 68 un grupo paramilitar, el ejército y los servicios de inteligencia acallaron las protestas a base de matar y desaparecer”.

Perdón, ¿quién es ese “grupo paramilitar”? No teníamos registro. Porque si se refiere al Batallón Olimpia, éste no era grupo paramilitar, sino uno militar a secas. Y de que en Tlatelolco hubo muertos, no está en duda, pero ¿desaparecidos? Al parecer Beristain no consultó sus fuentes históricas. Las desapariciones forzadas no ocurrieron durante el movimiento del 68, sino después, cuando en México se generalizaron las acciones guerrilleras y la consiguiente “guerra sucia”59. Sigue Beristain:

La representación de la realidad es el terreno en el que se juega todo o casi todo, pero es fácil perder el sentido. En México tanta gente con la que nos reunimos nos habla de un Estado conocido por la capacidad de representarla y cambiar lo que es por lo que no es, sin que lo parezca y viceversa60.

Expliquemos el galimatías: el GIEI sostiene que no es la realidad lo que determina la investigación, sino su “representación”. Y luego: toda la gente con la que se han reunido les dice que el mexicano es un Estado especializado en cambiar la representación de lo que es por lo que no es y viceversa. Primero, ¿qué quiere decir “cambiar la representación”? ¿Un juego de espejos? Segundo: ¿con qué gente se reúne el GIEI?61.

Como la desaparición forzada “es una estrategia de confusión” (y no una estrategia que permite aniquilar y amedrentar opositores sin responder por ello, como piensa el vulgo), la verdad se convierte en un “territorio en disputa” y, por tanto, para encontrarla, dice Beristaín, al GIEI le corresponde “tomar decisiones e inventar nuevos conceptos”.

Invenciones como la siguiente: “Las versiones de los hechos no sólo son contradictorias entre los inculpados, también entre las instituciones”. Veamos, cuando estamos hablando de más de 120 detenidos, quienes no estuvieron todos en el mismo lugar ni a la misma hora, ni son acusados de lo mismo, es apenas natural que las versiones sean contradictorias; pero ¿cuál sería el núcleo duro de esa contradicción? ¿En qué afecta esa contradictoriedad la narrativa central del asunto, o la mal llamada “verdad histórica”? No lo dice, sólo lo insinúa. ¿Por qué no lo dice? Porque decirlo es entrar al detalle, a lo concreto, y en lo concreto se diluye la potencia de la acusación genérica, de la teoría conspiratoria. Lo concreto obliga a probar lo que se afirma mediante nombres, fechas, testigos, peritajes, evidencias.

Escribe Beristaín que las versiones de la PGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la CNDH “no son la misma”. Difieren en el número de víctimas, en el número de autobuses y “en algunos casos mezclan hechos que pasaron en tiempos distintos”. Es natural que difieran, porque parten de enfoques distintos, pero ¿cuál es la magnitud de esas diferencias y cómo afectan al conjunto de la información y de la versión? No lo dice, de nuevo sólo lo insinúa, por ejemplo, que “la primera consignación ante los jueces tiene agujeros graves por los que corre el riesgo de irse al desagüe: policías cambiados de sitio, eventos de violencia mezclados, falta un autobús”62. ¿De verdad son tan graves las fallas? ¿Y por qué, a tres años de los hechos, ninguno de los 130 detenidos, sea policía, sicario o autoridad municipal, ha sido liberado por las –supuestas– consignaciones fallidas?

Otro ejemplo: sostiene Beristain que los representantes institucionales no pueden conectar con la gente (los familiares de los normalistas) porque les falta empatía. Y enseguida: “Sin entender el dolor de la desaparición forzada no hay investigación posible, ni relación con los familiares que le acompañe”. Es cierto que la empatía con el dolor ajeno ayuda, pero no es condición indispensable para que la investigación sea imparcial, expedita y exhaustiva. Lo contrario implicaría que el investigador debe tomar partido para ser eficaz.

Y la relación con los familiares es una cosa de la que no puede depender, metodológicamente, el destino de la investigación. A menos que sea una investigación ideológicamente motivada. Como se deduce de la frase “la gente es siempre el latido de una investigación para nosotros”63. Sea, pero todavía hay que explicar la relación de ese “latido” o corazonada con los hechos y su investigación.

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¿Cuál es el centro del mandato del GIEI? “El mandato del GIEI tiene en el centro a las víctimas y también la problemática de desaparición de personas que está viviendo México en estos años”. Lo de Iguala es claro, es su mandato, pero ¿vino también a investigar y resolver la situación de aproximadamente 30 mil personas reportadas como desaparecidas desde 2007 a la fecha? Esto es realmente nuevo64.

¿Por qué quiere el GIEI entrevistar a los militares del 27 batallón de Iguala? Respuesta: “porque los militares fueron testigos de todo lo que pasó”. Pero ello no es exacto:

Hasta donde se sabe, los militares, una patrulla, sólo estuvieron en el Hospital Cristina, donde había un normalista herido, y luego de un intercambio algo ríspido con los estudiantes65 se retiraron. El otro dato es que un militar vestido de civil, que hacía funciones de inteligencia, tomó varias fotos y algunas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial y otras, por su mala calidad, desechadas. En el puesto de mando el comandante recibió algunos reportes fragmentarios de la violencia en las calles. Y nada más, entonces, ¿de dónde saca el GIEI que “los militares fueron testigos de todo lo que pasó”?

De las contradicciones en las declaraciones de los inculpados: “Ya antes el ‘Chereje’ había dicho que todos llegaron vivos al basurero y el ‘Cepillo’ había declarado que algunos estaban muertos”. Primero, ¿cuál es la fuente de la primera afirmación? No la cita (Beristain nunca cita fuentes). Segundo, ¿no es lógico pensar que, si todos declaran que amontonaron a los estudiantes unos sobre otros en la camioneta Ford, cuando menos algunos hubieran muerto asfixiados?

Las detenciones de los sicarios y la versión del GIEI. Según Beristain, “El Duva fue detenido en una fila afuera de la PGR, donde quería renovar sus documentos”66. Ésta, claro, es la versión realismo mágico del GIEI; en la realidad.

“Elementos de la Policía Federal detuvieron al sospechoso (Miguel Ángel Landa Bahena, alias el ‘Duvalín’ o el ‘Duva’) el sábado pasado en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, en posesión de un arma de fuego calibre 9 mm. Las investigaciones ministeriales lograron acreditar la participación del detenido en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa67.

Sigue Beristain: “El ‘Duva’ rellena ahora los agujeros que faltaban, (pues) responde a las preguntas que le lanzamos”. Incluso habla de una motosierra con la que se cortaron árboles. Pero, ¿cómo cayeron los primeros sicarios detenidos?

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Según Animal Político, “Alcoholizados, con golpes que supuestamente ellos mismos se provocaron y ‘confesando espontáneamente’: así fueron capturados –según los informes oficiales– los cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos, cuyas declaraciones fueron clave para que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyera que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, incinerados en un basurero en Cocula y sus restos arrojados a un río”68. Ellos eran Jonathan Osorio Cortez, el “Jona”; Patricio Reyes Landa, el “Pato”; Salvador Reza Jacobo, el “Chava”; y Benito Vázquez Martínez, quienes fueron detenidos el 27 de octubre de 2014, un mes después de los hechos.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SEIDO/ UEIDMS/1017/2014, Patricio Reyes Landa, el Pato, y Jonathan Osorio Cortez, el “Jona”, fueron capturados el 27 de octubre del año pasado en calles del municipio de Apetlanca, en Guerrero. Fueron elementos de la Policía Federal quienes hicieron la captura.

El mismo 27 de octubre, pero a las 4 de la madrugada, fueron capturados Salvador Reza Jacobo, alias el “Chava”, y Benito Vázquez Martínez en la colonia Loma Bonita del poblado de Ahuetepec, en Cuernavaca, Morelos69.

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Por supuesto que hay razones para desconfiar de la narrativa, sospechosamente similar, de la forma en que se causaron las lesiones los dos pares de detenidos, pese a que fueron capturados en distintos lugares y por corporaciones distintas. Pero eso no anula el hecho de que los cuatro pertenecían en efecto a la organización criminal Guerreros Unidos, ni el de que estuvieron en el lugar y fecha de los hechos, ni que cometieron los actos criminales que confesaron, como insinúa el relato del GIEI.

Pero, ¿cómo llegó el GIEI a la conclusión de que “fue el Estado”? Sencillo: “Cuando no hay justicia, el sentido anda despistado, porque no hay nadie que responda por lo sucedido. Más aún cuando a las víctimas no sólo se las golpea, sino que se las criminaliza”70. ¿De dónde concluyen que “no hay justicia” cuando hay cerca de 130 detenidos en la cárcel, entre ellos las principales autoridades municipales y policiacas de los dos municipios involucrados, Iguala y Cocula? Segundo, ¿quiénes son las “víctimas” golpeadas, los normalistas o sus familiares? La “prueba” de que a las víctimas se les criminaliza es que “las versiones de la PGR estigmatizaron a los normalistas como narcotraficantes y señalaron algunos nombres sin pruebas”.

Pero esto es falso o cuando menos tendencioso. No hay ningún documento oficial de la PGR que vincule a los normalistas al crimen organizado. No sólo eso: en ninguna de sus conferencias de prensa sobre el caso, el procurador Murillo Karam hizo afirmación alguna en ese sentido, más bien, en la segunda conferencia afirmó lo contrario: que la PGR no tenía ningún dato que avalara esa afirmación71. Y en la tercera, la de la “verdad histórica”:

[…] el procurador Murillo Karam señaló que no existe ninguna evidencia de que alguno de los normalistas haya tenido relación con grupos delictivos, y que de las investigaciones se sabe que las víctimas sólo querían estudiar para ser profesores72.

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Beristain no deforma los hechos por maldad, sino porque las mentiras, en este caso, “ayudan a la causa”. Son mentiras piadosas.

Los policías y sicarios detenidos. La tortura. Está hablando de las entrevistas, del GIEI, con los detenidos por la noche de Iguala. “En la primera hora de la noche hay un relato claro. Después de la detención de los muchachos, las palabras se van quedando rezagadas y los recuerdos no quieren trabajar. Claro que nadie se va a autoinculpar, pero nosotros no buscamos eso, sino información de los normalistas y detalles que nos ayuden”. Es correcto; sin embargo, Beristain no parece darse cuenta de la contradicción en que está inmerso el GIEI, pues esa información de los normalistas, y esos detalles “que nos ayuden”, precisamente los inculpan a ellos, a los policías y a los sicarios. Eso explica que “los detenidos pasan de puntillas por algunos hechos o, en otros casos, simplemente los niegan”73.

Otro ejemplo: habla C. M. Beristain de la reunión en casa de el “Cabo” Gil. “Tenemos (el GIEI) la convicción de que esa reunión se hizo”. Es correcto, todo el mundo parte de esa convicción. ¿Y? Lo importante de esa reunión fue que ahí los policías de Iguala y Cocula concentraron a los normalistas detenidos y los entregaron a los sicarios de GU. Y de ahí se los llevaron al basurero de Cocula. ¿Preguntaron eso? No lo consignan; en cambio, Beristain escribe profundidades como “a partir de ahí jugamos con la experiencia y el sentido común”. Bueno, si se trata de jugar, pueden hacerlo a su aire pero, ¿eso qué tiene que ver con las preguntas necesarias que no hicieron?

Veamos lo de la tortura. Nadie niega y hay sobrados indicios de que varios detenidos fueron torturados. En México es casi una tradición. Escribe Beristain: “Muchos de los detenidos que podemos entrevistar nos hablan de los días de torturas sufridas; de los golpes que empiezan en la detención y se alargan en el viaje, de la parada en una casa en la que suben escaleras, a mitad del camino entre Iguala y Ciudad de México”74. El GIEI tendría dos enfoques para acudir con estos torturados: uno, denunciar la tortura de que fueron objeto; dos, como coadyuvantes en una investigación criminal, indagar cuál era el sentido de la tortura; es decir, qué querían los torturadores que los detenidos dijeran, negaran, o confesaran. Pero de esto nada les preguntaron, y si lo hicieron, no lo consignan. ¿Por qué? Nadie sabe. Hay relatos que uno quisiera mejor no oír.

Pero el punto central es que había muchas diferencias entre las versiones de los sicarios, según el GIEI. Y además, ya estaba tendida la cama de la duda sobre si era posible quemar 40 cuerpos en ese lugar. Entonces recurrieron a un físico peruano que tenía el antecedente que había sido llamado para intervenir en un incendio en un penal de Chile, el Dr. José Torero (experto en estructuras en incendios) quien, después de una visita de entre 15 y 20 minutos al basurero de Cocula, dictaminó que era imposible que allí se hubieran quemado los cuerpos. “¿Entonces?”, le preguntan.

–Entonces la respuesta es que eso no pasó. No pasó ahí, en esas condiciones ni tiempo. En ese basurero hay evidencias de muchos fuegos pequeños, eso sí, pero no más75.

“De todo ello nosotros concluimos que ese episodio no se dio”. Y no hay nada más que hablar. Lo dice el GIEI con su enorme autoridad y expertisse, y se apoya en el doctor Torero76.

El acoso. En algún momento, tras el primer informe del GIEI, en alguna dependencia del gobierno mexicano se piensa que una manera de aminorar el estruendo que está haciendo el GIEI contra la “verdad histórica” y contra quienes la sostienen es impulsando o apoyando campañitas de medias verdades y calumnias personales contra los integrantes del equipo, eso ocurrió y fue poco ético, sin duda77. Fue un rescoldo del pasado. Pero véase cómo se defiende el GIEI: “Aumenta el estruendo de quienes no quieren escuchar la verdad”. La verdad a secas, la verdadera y única verdad histórica. Lo que explica que, una vez poseedores de esta suprema verdad, ya no quisieron escuchar ninguna otra.

El Informe del GIEI

6 de septiembre de 2015. El GIEI presenta el Informe Ayotzinapa en el que descarta (sic) la “verdad histórica” de la PGR en base a la opinión del físico peruano José Torero. Como afirma Carlos M. Beristain:

Tenemos cosas contundentes (sic) que dar a conocer, que demuestran que la quema de los 43 normalistas en el basurero de Cocula no se dio ni en el lugar ni en las condiciones que señalan los testimonios. También revelamos que el 70% de los detenidos tiene marcas físicas tras su paso por la detención; que había un quinto autobús…; que existe un caso en Chicago en el que se llevó (sic) una investigación por tráfico de heroína en autobuses de pasajeros entre Iguala y Chicago, donde los inculpados, miembros de Guerreros Unidos, señalaban que se había modificado un autobús para esconder el transporte.

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Y luego: “adoptamos esa información como nuestra teoría del caso”. Y para que no queden dudas, concluye: “La teoría del caso es la razón que ordena y da sentido a las piezas del puzzle (rompecabezas), porque sólo así las cosas encajan”78. Más claro ni el agua. Deducciones e inferencias para que el puzzle encaje. ¿Pruebas y datos duros, mediaciones reales? No parecen tan importantes.

La explicación de la “teoría del caso”: “La relación del narcotráfico con las autoridades es clara (¿sí?), pero aquí parece que hay muchas más autoridades metidas en el caso (¿en qué consiste ese “parece”? ¿Cuáles son sus fundamentos?), y en su ocultamiento. Es probable que la decisión de la desaparición (de los normalistas) no se tomase en el primer momento. En muchas ocasiones, la desaparición es una forma de ocultar pruebas o testigos”. Sea, pero en muchas otras ocasiones se desaparece porque se quiere “liquidar” a una o a varias personas sin pagar las consecuencias. Además, ¿en qué funda Beristain la “probabilidad” de que la decisión de desaparecer a los normalistas no se tomara “en el primer momento”? No lo sabemos porque nunca lo dice.

¿Qué dijo la CNDH respecto del Informe del GIEI?

“Hay que dejar que la ciencia hable”, dijo José Larrieta (jefe de la Oficina Especial para Iguala), de donde se deduce la necesidad de una nueva comisión con expertos irreprochables, que den certeza o refuten esa conclusión. Segundo: que una de las grandes fragilidades del Informe del GIEI es que, al afirmar la imposibilidad de que los normalistas hayan sido cremados en Cocula, desconocen todas las averiguaciones, peritajes, testimonios, confesiones, hechas por la PGR con el apoyo de especialistas de la UNAM y de otras instituciones especializadas. Tres: que la apreciación del experto debe respetar las reglas del método investigativo, las del análisis científico, y la resultante de ese ejercicio debe ser valorada en el contexto de los contenidos probatorios. Esto es, “las pruebas deben interrelacionarse con las varias más que existen y no verlas ni valorarlas de manera aislada”, pues una prueba pericial, cualquiera que sea, no es conclusiva79.

Del respeto por la verdad habla también el GIEI. Por ejemplo, de la ceremonia en la escuela normal después de la presentación del Informe.“Hay gestos que son formas de encubrir la realidad. Otros son maneras de expresar una ruptura o un deseo. Éste (el deseo) es una forma de verdad”. Refiere las palabras de agradecimiento de un normalista: “Ustedes nos ven hoy más sonrientes. Y es que se nos ha quitado un peso de encima. El peso de la mentira”. ¿Cuál era la mentira? Que los normalistas fueron cremados en el basurero de Cocula. ¿Cuál es entonces la verdad verdadera? Que “hay una sonrisa de verse y otra de algo distinto esta mañana”80. La verdad de la mala poesía.

Pero el GIEI no sólo descartaba la verdad histórica, sino también el conjunto de los peritajes científicos de la PGR y de otras dependencias que la sostenían. De modo que, contrario a lo que ellos esperaban, pocos se apresuraron a comprar tal descarte. La contrapropuesta fue un panel de expertos que produjera una opinión de consenso, si ello era posible, propuestos a mitades por las dos partes (gobierno y GIEI). El GIEI se apresuró a dejar en claro que tal panel no era necesario, pues ellos ya tenían la verdad que necesitaban (la de Torero). Pero, en un afán de condescender, accedieron.

La caída de el “Cabo” Gil

En eso estaban, cuando 10 días después del informe del GIEI cae preso el “Cabo” Gil, lo que de nuevo levanta dudas sobre la coherencia lógica e histórica del relato de los expertos de la CIDH. ¿Por qué? Porque el “Cabo” confirma y ratifica la otra narrativa, la cercana a la “verdad histórica”, en particular lo que se refiere a los mensajes cruzados entre éste y el capo Sidronio Casarrubias (“Los hicimos polvo, jefe, nunca los van a encontrar”)81.

Más allá de muchos dimes y diretes, de chismes y rumores, de ataques mediáticos y tomas de partido por alguna de las facciones en pugna, la disputa se ha centrado finalmente en dos o tres puntos clave: a) si fue posible, o no, la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y cuál sería la mecánica de ese evento; b) si los restos encontrados en el río San Juan corresponden (o no) a los recogidos por los sicarios de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula y c) si fueron “sembrados” ahí, o no, por la autoridad (Zerón de Lucio). Todo lo demás es, evidentemente, secundario, incluso el punto de la eventual tortura a los sicarios detenidos. No porque esta violación a sus derechos importe poco, sino porque en el proceso debe determinarse si todos, o la mayoría de los más de 100 detenidos fueron torturados, y si esta tortura se realizó para que confesaran hechos no ocurridos, delitos no cometidos, con una orientación determinada por la autoridad, o no. Qué testimonios o confesiones debe descartar el juez, por ejemplo.

En cuanto al punto de si era posible, o no, la quema de un número indeterminado de cuerpos en el basurero de Cocula (hasta 43), con los materiales, combustibles y la disposición de los cuerpos de la narrativa de los sicarios presos, en las condiciones atmosféricas dadas, no hay una respuesta técnica contundente, pues mientras los expertos contratados por el GIEI y los familiares se mantienen en su posición de que tal evento simplemente “no pudo ocurrir”82; otros expertos, tan expertos en este campo como el propio doctor Torero, sostienen lo contrario, esto es, que tal evento sí pudo ocurrir.

El grupo de expertos que realizó el tercer peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según la PGR los 43 estudiantes normalistas fueron ejecutados e incinerados, determinó que sí hay evidencia de que existió un evento de fuego de grandes dimensiones y que por lo menos se recuperaron restos óseos de 17 personas adultas. En un mensaje a medios, el doctor Ricardo Damián, representante del grupo de seis expertos, explicó que continuarán haciendo más pruebas para determinar científicamente si fue posible la quema de 43 cuerpos en el basurero.

“Derivado de los diversos análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula”, detalló83.

Ahora bien, si entre los expertos hay, por decirlo así, un empate, ¿qué es lo que queda? Acudir a otros elementos de prueba o de convicción, por ejemplo, las confesiones, los testigos, la coherencia de los relatos en sí y entre sí, como lo señaló la CNDH.

Y en este terreno el GIEI y sus partidarios están en falta. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo testimonio, testigo o confesión que apunte hacia una dirección distinta del basurero de Cocula. No sólo, el peritaje de los seis expertos no dejó de registrar este hecho: La coherencia del relato entre los sicarios confesos.

El peritaje “abordó también cuestiones no directamente relacionadas con el fuego al afirmar que eran ‘verdad’ los testimonios brindados por los cinco supuestos autores confesos de la calcinación de los estudiantes.

“No existen contradicciones y/o variaciones que pudiesen indicar que (las declaraciones) hayan sido fabricadas o que los acusados hayan conspirado para proporcionar testimonios falsos ante las autoridades”, señaló el documento (de los seis expertos)84.

La segunda clave es lo ocurrido en el río San Juan. Si Tomás Zerón de Lucio sembró o no evidencias. Nunca afirman tal extremo, sólo lo insinúan:

En su segundo Informe, el GIEI mostró

“que elementos de la PGR y marinos estuvieron presentes un día antes del 29 de octubre, cuando según el expediente se encontraron bolsas con restos de uno de los normalistas en el Río San Juan, cerca del basurero de Cocula. En un video difundido este domingo, se observa a los peritos recogiendo restos -no se sabe si humanos o de animales- el 28 de octubre 2014, aunque en el expediente no consignó nada de eso, ni de la presencia de uno de los detenidos que fue llevado al lugar, donde también estuvo el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón”85.

En respuesta, el presidente Peña Nieto escribió en su cuenta de twitter: “El @gobmx le agradece al GIEI, la información y recomendaciones incluidas en su segundo informe”.

Y la PGR apuntó que el caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México.

En todo momento, la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor.
La PGR ha recibido y atendido 941 peticiones, de las cuales 85% ha sido cumplido en su totalidad y el resto se encuentra en vías de cumplimiento.
La investigación para el esclarecimiento de los hechos del caso Iguala se encuentra abierta.
Se han efectuado 851 acciones de búsqueda, utilizando para ello todos los recursos institucionales y tecnológicos más avanzados.
En el segundo mandato, 25 de ellas se realizaron a petición del GIEI y en todo momento se tuvo acompañamiento de los representantes forenses.
Como resultado de la investigación en curso, se han consignado a 168 personas, de las cuales ya están detenidas 123, entre ellos, 54 policías municipales de Iguala, 19 policías municipales de Cocula, 50 integrantes de Guerreros Unidos.
Los señalamientos sobre supuestos actos de tortura referidos a esta indagatoria están siendo investigados.
Se llegó a una conclusión con el grupo de expertos, que permite determinar que en Cocula al menos 17 seres humanos fueron quemados.
Sobre el quinto autobús, su presencia fue integrada en el expediente y se deslindaron responsabilidades86.

Ante ello, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, subrayó que su presencia y las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, se realizaron “de manera legal, con plena transparencia, a la luz del día y ante medios de comunicación y expertos internacionales.

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“[Zerón] recordó que él está obligado a indagar todo indicio para esclarecer cualquier hecho de índole criminal e hizo notar que hay errores en las fechas y los lugares que se señalan en un video difundido el domingo pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”87.

Zerón de Lucio admitió que existió un error en la fecha de una fotografía sobre las evidencias halladas en el río Cocula, ya que una perito registró la imagen de una bolsa con restos el 28 de octubre de 2014 y su informe forense estableció que la prueba fue encontrada el día 29 del mismo mes. Subrayó que toda esta actividad muestra una de las muchas visitas que hizo al lugar (de los hechos) para realizar las pesquisas correspondientes88.

A manera de conclusión: reconociendo que aún hay cabos sueltos en cuanto al lugar donde presumiblemente fueron cremados los estudiantes, o incluso si efectivamente fueron cremados, se puede decir que hay un empate entre los expertos contratados por el GIEI y los de la PGR. Pero todo lo demás apunta a que sí fueron cremados (declaraciones, testimonios, confesiones, restos humanos encontrados e identificados)89. Además, ¿puede haber peor destino para los normalistas, y delito más grave para los indiciados, que el que confesaron los detenidos?

¿Por qué hay tanta resistencia a reconocer estos hechos? No es por falta de evidencias, sino porque lo que en muchos operan no son tanto razones fácticas, evidencias científicas, datos duros; sino convicciones políticas o razones ideológicas, sin peso para determinar la naturaleza de los hechos penales, pero con fuerza para mantener vigente la protesta.

Lo dijeron los padres de los normalistas desde el primer momento, mucho antes de que llegara el GIEI a México: no vamos a aceptar ninguna verdad que apunte a la muerte por cremación de nuestros hijos, lo que implica que, incluso ese extremo, la muerte de sus familiares, sólo la aceptarían si pudieran ver los cadáveres, lo cual es a todas luces improbable. Estas convicciones, producto de la ideología o del dolor, son muy respetables, pero no atienden al fondo del asunto.

Lo que está detrás es la certeza ideológica –vuelta ya de algún modo creencia popular– de que “fue el Estado”, aunque no haya hasta hoy ninguna evidencia que apunte a otro segmento del Estado más allá de la presidencia municipal de Iguala.

Un elemento adicional:

Vidulfo Rosales, dirigente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de los padres de las víctimas, comparte sin tapujos la conclusión esencial del MP.

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El martes con Carlos Loret de Mola declaró en Radio Fórmula:

Lo que más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos. Como ya estoy diciendo nuestra preocupación es que Guerreros Unidos sigue estando intacto. Desde nuestro punto de vista en Iguala no ha sufrido un desmantelamiento. Nosotros no tenemos que proteger a criminales y menos a la gente que junto con la policía desapareció a nuestros compañeros y los asesinó90.

No es confesión de parte, ni hay relevo de pruebas, pero se le parece mucho.


Notas:

1 Gustavo Hirales M., El complot de Aburto, Diana, 1995.
2 Gustavo Hirales M., Camino a Acteal, Rayuela Editores, 1998.
3 Esteban Illades, “La noche más triste”, Grijalbo, 2015, p. 36. Sergio Aguayo Q., De Tlatelolco a Ayotzinapa, p. 159, Ediciones Proceso, 2015.
4 Ibid., p. 52., “Se planteó que se necesitarían aproximadamente 25 autobuses”.
5 Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
6 E. Illades, Ibid., p. 51, “Los normalistas acordaron ir todos juntos a la Ciudad de México”.
7 Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, Resumen del caso, p. 251, Ediciones Akal, 2017.
8 Ibid, p. 251.
9 “Desde la llegada a la presidencia municipal del perredista José Luis Abarca, el grupo criminal gozaba… de impunidad absoluta. Los secuestros se sucedían sin freno”. Héctor de Mauleón, Nexos, febrero 2016.
10 Esteban Illades, Ibid, ps. 47 y 48.
11 Según El Gil, cada célula de la organización iba a “tirar” los cuerpos de sus muertos a un lugar específico. En ocho meses las autoridades localizaron en Iguala 60 fosas clandestinas. En esas fosas había 129 cadáveres. Un asesinato en masa. Héctor de Mauleón, Nexos, febrero 2016.
12 Esteban Illades, Ibid., p. 49.
13 Esteban Illades, Ibid., p. 59.
14 http://www.milenio.com/politica/Confirman-reportaje- MILENIO_0_602339779.html
15 E. Illades, Ibid., p. 68.
16 Ibid., p. 70.
17 Ibid., p. 70.
18 Carlos Martín Beristain, Tiempos de Ayotzinapa, Ed. Akal, Ibid., p. 224.
19 La PGR agotó ministerialmente la línea de investigación sobre el caso Iguala que habla sobre el quinto camión que habían tomado los normalistas de Ayotzinapa en la terminal de autobuses de dicho municipio guerrerense la noche del 26 de septiembre de 2014. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/04/1084429.
20 Esteban Illades, Ibid., p 71.
21 Ibid., p. 72.
22 Fernando García Ramírez, “Al quinto camión tomado por los estudiantes le dan alcance policías federales, La noche de Iguala”, Letras Libres, octubre 2015.
23 http://suracapulco.mx/2/revelala- cndh-que-policias-de-huitzuco- federales- participaron-en-la-detencionde- los-43-desaparecidos/
24 Ibid., p.74.
25 Ibid., p. 75
26 Ibid., p. 75
27 Ibid., p. 76.
28 Ibid., p. 77.
29 http://www.excelsior.com.mx/nacional/ 2014/11/08/991166
30 Ibid., p. 78.
31 Ibid., p. 79.
32 http://www.proceso.com.mx/387264/los-hicimos-polvo-y-losechamos- al- agua-lider-de-guerreros-unidos
33 Ibid., p. 93.
34 Carlos M. Beristain, Resumen del caso, Ibid., p. 253
35 Agencia de prensa Novosti, 17 de octubre 2014. Añade Solalinde: las familias quieren a sus seres queridos “vivos o muertos”, pero quieren los cuerpos. “Lo más triste de todo esto es que yo no les pude asegurar que van a tener sus cuerpos”, mencionó. “Esos muchachos permanecerán siempre como desaparecidos, tal cual, porque no dejaron rastros”, refirió (MVS, 20 oct. 2014).
36 Jesús Murillo K., conferencia de prensa, 23/oct./ 2014, La Jornada.
37 Carlos Martín Beristain, Ibid.
38 Ibid., Resumen del hecho., p. 253.
39 Esteban Illades, Ibid., p. 98
40 Ibid., p. 98.
41 Ibid., p. 99.
42 Ibid., p. 101.
43 “la empatía es clave para poner todas las energías hacia la resolución del caso”, C. M. Beristain, Ibid., p. 119.
44 Sin precedentes, dice el GIEI, “la decisión de llevar a cabo un modus operandi tan atroz y sofisticado”, Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones, p. 24.
45 Ibid., p. 103.
46 “-¿Entonces?- le preguntamos. -Entonces la respuesta es que eso (el incendio en el basurero) no pasó, en esas condiciones ni tiempo”, dijo J. Torero. Carlos M. Beristain, Ibid., p. 102.
47 E. Illades, Ibid., p. 107.
48 “Rechazan padres de normalistas que sus hijos estén muertos: Tlachinollan”, La Jornada, 21/enero/2015.
49 E. Illades, Ibid., p. 116-117.
50 Ibid., p. 117.
51 Ibid., p. 119.
52 Ibid., p. 120.
53 Carlos Martín Beristain, Ibid, p. 16.
54 Ibid., p. 17
55 Ibid., p. 17.
56 Ibid., p. 18.
57 Ibid., p. 25.
58 Ibid., p. 27
59 Informe histórico de la FEMOSPP.
60 Ibid., p. 31
61 “…para mí la historia es sobre todo una disciplina crítica y no una máquina para fabricar solidaridad”. David Rieff, http://www.latercera.com/noticia/david- rieff-quieroponer- punto-final-al-absolutismo-del-discurso-la-memoria/
62 Ibid., p. 33.
63 Ibid., p. 43
64 http://www.infobae.com/america/mexico/2017/09/13/creceel- numero-de- desaparecidos-en-mexico-117-son-extranjeros/
65 Esteban Illades, Ibid., p. 68.
66 C.M. Beristaín, Ibid., p. 70.
67 David Vicenteño, 14/04/2015 13:24, Excélsior.
68 http://www.animalpolitico.com/2015/09/expedienteayotzinapa- como- cayeron-los-detenidos-clave-de-la-verdadhistorica- de-la-pgr/
69 http://www.animalpolitico.com/2015/09/expedienteayotzinapa- como- cayeron-los-detenidos-clave-de-la-verdadhistorica- de-la-pgr/
70 Carlos M. Beristain, Ibid., p. 72 y 73.
71 “Murillo Karam afirmó que no hay ninguna evidencia de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa formaran parte o colaboraran con Guerreros Unidos”. La Jornada, 8 de noviembre de 2014.
72 Gustavo Castillo García, La Jornada, miércoles 28 de enero de 2015, p. 2.
73 Ibid., p. 78
74 Ibid., p. 78
75 Ibid., p. 103.
76 Torero es director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland, El Economista, 03/abril/2016. En otro momento dijo: “lo más probable es que la verdad nunca se sepa”.
77 C. M. Beristain, Ibid., p. 184
78 Primer Informe Ayotzinapa del GIEI, 6 de septiembre de 2015.
79 http://www.milenio.com/policia/basurero-Cocula-que_hable_ la_ciencia- CNDH-caso_Ayotzinapa_0_589141091.html
80 Carlos M. Beristain, Ibid., p. 145
81 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/19/1046516
82 Primer Informe Ayotzinapa del GIEI, 6 de septiembre de 2015.
83 Este tercer peritaje se contrapone al estudio realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados se dieron a conocer en septiembre pasado y que cuestionaba la denominada “verdad histórica” de la PGR, sobre lo ocurrido la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Carlos Quiroz, Excélsior, 01.04.2016.
84 “Más de un incendio en el basurero de Cocula, revela peritaje”. La Jornada, 15 jul 2016.
85 http://aristeguinoticias.com/2404/mexico/ultimo-informe-delgiei- sobre- ayotzinapa-documento/, 24.04.2016.
86 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/25/1088563
87 http://aristeguinoticias.com/2704/mexico/pgr-respondeal- giei-tres-dias- despues-presencia-de-zeron-fue-legal-ytransparente- video/, 27.04.2016.
88 Ibid.
89 “Sólo los restos de dos (normalistas desaparecidos), Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz han podido ser identificados en la Universidad de Innsbruck, Austria”. Fernando García Ramírez, Ibid.
90 Carlos Marín, El asalto a la razón, Milenio, 08.04.2016.

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