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Irasema Rodríguez

Artículo 19 da la espalda a periodistas agredidos en Guerrero

Dos tuits y cinco días de silencio fue la reacción inicial de la organización ARTICLE 19 ante la retención ilegal de 60 periodistas por parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en el municipio de Tlapa, el pasado 13 de diciembre. Y en la respuesta institucional, ofrecida el día 18, evade el reconocimiento pleno de hechos y el compromiso de solidarizarse con los informadores. Cual si fuese el boletín de un ente político cualquiera, el organismo “demanda a la Procuraduría de Guerrero llegar hasta las últimas consecuencias” y a diferencia de otros casos su condena no es enérgica sino protocolaria.

Del 13 al 18 de diciembre se difundió lo sucedido en Tlapa. En diversos medios impresos y electrónicos como Radio Fórmula, Milenio y Grupo Imagen, Miguel Ángel Mata, el presidente del Club de Periodistas de Guerrero, relató ampliamente cómo un grupo de embozados armados con toletes irrumpió de forma violenta en el salón donde se llevaba a cabo una entrega de premios, y con la consigna “prensa vendida” por delante, privaron de su libertad por casi ocho horas a 60 reporteros y a sus familiares, a quienes posteriormente dejaron ir. Refirió que él, junto con otros cuatro informadores, fueron sujetos de un “juicio popular” y obligados a pedir disculpas por organizar fiestas y “agredir” con su cobertura informativa a los simpatizantes de su movimiento. También circuló un video donde se aprecia claramente la presencia de personas armadas en el “juicio” contra los periodistas.

Pese a los testimonios, las evidencias y la denuncia formal que ya existía a la fecha de su tardío comunicado, ARTICLE 19 aún se refiere a los sucesos de Tlapa como “presuntos” y justifica su ausencia de un pronunciamiento oportuno argumentando que su metodología lo obliga a corroborar información con varias fuentes. También alega que el gobierno de Guerrero, a través de su cuenta Twitter, informó a las 21 horas del 13 de diciembre que los reporteros habían sido liberados. Llama la atención que, contrario a su forma habitual de conducirse, esta vez la organización acepte las versiones ofrecidas por una autoridad.

Un día después, la madrugada del 14 de diciembre, tuvo lugar un enfrentamiento entre policías federales, normalistas de Ayotzinapa y otras organizaciones que asistirían a un concierto musical. El saldo fue de 21 personas lesionadas, entre ellas cinco reporteros. A diferencia de los hechos de Tlapa, ARTICLE 19 se hizo presente el mismo día y a través de las redes sociales envió continuos mensajes de alerta durante dos días consecutivos. En este caso, su metodología fue aplicada con rapidez; proporcionó los nombres de los reporteros lesionados e incluso se unió a la solicitud de apoyo económico para uno de ellos. Su postura sobre este nuevo incidente fue inmediata y en un tono muy distinto al empleado en el asunto de los periodistas vejados por el MPG y la CETEG.

En su boletín del día 15, la organización civil puntualiza: “Para ARTICLE19 resulta inaceptable que continúen las violaciones por parte de elementos de la Policía Federal hacia los comunicadores y manifestantes que acompañan el movimiento por Ayotzinapa”.

De igual manera, en su cuenta personal de Twitter, Darío Ramírez, director de ARTICLE 19 en México, cuestionó que Excélsior destacara en primera plana la retención de periodistas por parte del MPG y no hiciera lo mismo con el enfrentamiento del día siguiente.

La actitud dispar del organismo frente a uno y otro caso contradice algunos de sus principios rectores, entre ellos: 1) Trabajar en favor de la libertad de expresión donde quiera que esté amenazada. Este trabajo incluye controlar, investigar, publicar, abogar, hacer campañas, desarrollar normas y litigar; 2) Abogar para salvaguardar el pluralismo, la independencia y la diversidad de opiniones en los medios; 3) Defender a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de información, como un derecho humano fundamental que es crucial para la protección de otros derechos.

Una explicación a esta ambivalencia puede encontrarse en el abierto activismo político de Darío Ramírez, quien en las últimas semanas se ha involucrado en el tema de la denominada “Casa blanca” más allá de una demanda lógica de transparencia; adelanta hipótesis y emite juicios contra medios y periodistas sin más sustento que su apreciación personal.

El 19 de diciembre en el programa “Megáfono”, espacio que el organismo civil encabeza los miércoles en el canal de televisión por Internet Rompeviento TV, Ramírez tuvo como invitados a Jorge Israel Hernández, director de la Maestría en Periodismo del CIDE, y a Gabriel Baducco, conductor del programa de “La Pura Verdad” que se transmite por Televisión Azteca, con quienes abordó el tema de la relación del presidente Enrique Peña Nieto con los medios de comunicación a partir de los casos Ayotzinapa y “Casa blanca”. En más de una ocasión, el moderador acusó veladamente al periodista Ciro Gómez Leyva de tener una insana “cercanía” con el Ejecutivo por el contenido de sus columnas de los días 15 y 16 de diciembre, donde relata algunos detalles de una reunión de varios informadores con el presidente.

Ramírez cuestiona que Gómez Leyva no revelara quiénes fueron los periodistas participantes, pero él tampoco da a conocer su fuente cuando asevera “me dijeron que esa reunión con el presidente fue la comida de fin de año de Radio Fórmula”. Para el director de ARTICLE 19, aún sin conocer los pormenores del encuentro, el que se haya dado pone en entredicho la independencia del medio y la credibilidad de sus periodistas. En contraparte, ensalza el trabajo del equipo de Aristegui Noticias por el reportaje de la “Casa blanca” y sus ecos en la prensa internacional. Sus propios invitados se encargaron de “enmendarle la plana” al establecer que la cobertura mediática extranjera no está exenta de omisiones e insuficiencias; así mismo le dejan en claro que las columnas son espacios de opinión, con los que se puede o no coincidir, pero son perfectamente válidos mientras no difundan información falsa o difamatoria.

No obstante, al día siguiente Ramírez continuó con sus señalamientos hacia Gómez Leyva y ésas hipótesis frágiles. En un comentario bajo el título “No, señor Presidente, el tema de la ‘Casa blanca’ no está cerrado”, insiste en preguntarse quién quiere al Presidente en la comida de fin de año de un medio que se dice independiente y asegura “son de esas cosas de nuestro periodismo que realmente no se entiende”. Anuncia que él, junto con el abogado Luis Pérez de Acha, realizó una solicitud de información al SAT para corroborar la autenticidad de la declaración patrimonial presentada por Angélica Rivera, pues las cuentas no salen “según expertos fiscalistas” a los que nunca cita. Y abunda: “¿Será que desde Los Pinos se aventaron a hacer una declaración claramente fraudulenta?”. Concluye que para él, el tema de la “Casa blanca” no está cerrado a pesar de que desde columnas políticas “le echen porras” al Presidente y no se entienda la importancia de separar al periodismo de la camaradería política.

Cabe hacer notar que el director de ARTICLE 19 tampoco ha efectuado esta separación; el pasado 2 de diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con motivo de la presentación del libro Disentir en silencio, en cuya elaboración participó el organismo que encabeza, tuvo como invitados a las periodistas Lydia Cacho y Carmen Aristegui. Frente a ellas, Ramírez señaló a Aristegui Noticias, Proceso, La Jornada y Reforma como medios “independientes, que no viven del tráfico de influencias, ni de otros negocios, sino de su propio producto”. Bajo esta óptica, las omisiones periodísticas en que han incurrido estos medios no han merecido un solo señalamiento de Ramírez, como tampoco ha sucedido con el portal Sin Embargo, donde participa como columnista. Así mismo, cabe subrayar que el panel de conductores de Rompeviento TV está conformado en su mayoría por periodistas de los medios ya referidos: Luis Hernández Navarro y Blanche Petrich, de La Jornada, y Jenaro Villamil, de Proceso, son algunos de ellos.

El activismo político de ARTICLE 19 y su director se hacen presentes cada que se anuncia la realización de una manifestación contra el gobierno federal; de inmediato activa la plataforma denominada #RompeElMiedo, en la que se emite una serie de recomendaciones para documentar el evento y enfrentar a los cuerpos policiacos. Su cobertura en estos casos es en tiempo real, y sus protocolos de investigación se aplican con prontitud en aquellos casos que son de su interés periodístico y personal.

En cambio, cuando los grupos opositores al gobierno incurren en violaciones a los derechos humanos, como sucedió en el caso de los periodistas de Guerrero, ARTICLE 19 requirió de cinco días para pronunciarse so pretexto de cotejar información. Este argumento es, sin duda, más políticamente correcto que admitir abiertamente un “conflicto de interés” político de su director en el tratamiento de los temas que aborda, aun cuando se vaya en contra de la función fundamental del organismo: salvaguardar la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.

Texto publicado en la edición 170 de enero del 2015

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