El pasado 4 de mayo, el reportero Armando Saldaña Morales se dirigía a su casa en la comunidad de Laguna Chica, perteneciente al municipio veracruzano de Tezonapa, después de una jornada de trabajo.
No logró regresar a su hogar. A mitad de camino fue interceptado por hombres armados. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en una parcela del municipio de San José Cosolapa, Oaxaca, que es conurbado con el de Tezonapa. Los separa solo una calle.
Armando Saldaña trabajaba en la estación radiofónica La Ke Buena de Tierra Blanca, y colaboraba en el periódico La Crónica de ese mismo municipio, así como en medios de comunicación de Córdoba y algunos de Oaxaca.
Entre sus reportes periodísticos, Saldaña Morales había denunciado la presencia y operación en esa zona de grupos criminales dedicados al robo de combustible vía la “ordeña” de ductos propiedad de Petróleos Mexicanos, actividad que combinan con el secuestro, el trasiego de drogas, el abigeato y el tráfico de personas.
El cuerpo de Armando Saldaña tenía cuatro disparos en la cabeza, signos de tortura, como cortes de objetos punzocortantes, y huesos rotos. La noticia de su muerte provocó la indignación de un sector de los periodistas veracruzanos y algunos del resto del país. Veracruz volvía a ser noticia. El doceavo periodista asesinado durante el sexenio de Javier Duarte, el más letal en la historia del periodismo en México.
Ciegos, sordos y viles
Pero en Veracruz, la autoridad no se dio por enterada. Como el cuerpo de Armando Saldaña fue encontrado en Oaxaca, la Fiscalía General de Justicia del Estado se lavó las manos y no abrió ninguna investigación por el homicidio.
El fiscal Luis Ángel Bravo Contreras delineó cuál era la postura del gobierno veracruzano sobre el asesinato de un periodista más, que vivía y trabajaba dentro del territorio estatal: “no hay ningún signo, evidencia, investigación o expediente que oriente a pensar que en la entidad veracruzana se cometió un hecho que a la postre se haya producido algún efecto (sic) en el hallazgo de Armando Saldaña”.
Y agregó, para reiterar su deslinde: “son hechos que están aconteciendo en Oaxaca y de los cuales el estado de Veracruz es totalmente ajeno. Hay algunos datos que ya fluyen en el sentido de que Armando prestaba servicios de corresponsalía en el estado de Veracruz, pero eso no es indicativo de nada”, dijo el funcionario, ignorando dolosa y deliberadamente tanto la residencia como la actividad profesional de Armando Saldaña en Veracruz.
De igual forma, la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) se desentendió del caso. Solo uno de los comisionados, Jorge Morales Vázquez, por decisión personal, se tomó el tiempo de visitar a la familia del periodista asesinado y solicitar informes al Ministerio Público de la zona oaxaqueña de la Cuenca del Papaloapan, que arrojaron graves inconsistencias en la investigación.
Oaxaca: un fiasco, la investigación
El viernes 22 de mayo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca detuvo en el municipio de Acatlán a Juan Carlos de la Cruz Vergara, de 25 años de edad, a quien señaló como presunto responsable del delito de homicidio calificado con agravante de ventaja en agravio de Armando Saldaña, en cumplimiento a la orden de aprehensión Causa 147/2015 librada por el Juez de Garantías de San José Cosolapa.
En un comunicado, la Procuraduría oaxaqueña destacó que “cabe recordar que en las pertenencias de la víctima, fueron localizados gafetes a su nombre con los logotipos de la empresa radiofónica citada, ‹La Ke Buena 100.9 F.M.›, mismos que llevaban la rúbrica respectiva que corroboraba su desempeño como colaborador del área de noticias, así como también identificaciones personales que establecen su lugar de residencia en Tezonapa, Veracruz”.
El procurador oaxaqueño, Joaquín Carrillo Ruiz, afirmó que a la zona de la Cuenca acudieron comisionados, agentes, investigadores y peritos especialistas que se sumaron a los trabajos de la AEI.
Sin embargo, de acuerdo con las diligencias del comisionado de la CEAPP Jorge Morales Vázquez, la investigación del Ministerio Público oaxaqueño es un total fiasco, a tal grado, que se entregó para su sepultura el cuerpo de Armando Saldaña sin que existiera en su expediente una sola constancia de que se le hubiera practicado la necropsia de ley, ni análisis pericial de huellas en la escena del crimen, recolección de evidencias, de diligencias de investigación, ni de declaraciones de testigos. Absolutamente nada.
Lo que sí está preparando la Subprocuraduría Regional de la Región de la Cuenca es la versión de que Armando Saldaña habría sido muerto tras una pelea de cantina, pues en los cañales donde fue encontrado su cuerpo había latas de cerveza. Y que los signos de violencia en su cuerpo no eran por haber sido víctima de tortura, sino porque cayó en una hondonada.
Al estilo de la Fiscalía veracruzana, la Procuraduría oaxaqueña pretende negar a priori la posibilidad de que el homicidio se deba a la actividad periodística de Armando Saldaña, descalificándolo cuando ya no puede defenderse.
Una región violenta
En la zona que comprende los municipios de Tezonapa, Tierra Blanca, Omealca y Tres Valles en Veracruz, y Cosolapa, Tuxtepec y Loma Bonita en Oaxaca, todas enclavadas en la Cuenca del Papaloapan, la violencia es cotidiana. Fue esta región el feudo de uno de los gatilleros más temibles de la historia de Veracruz, Toribio Gargallo Peralta, quien murió acribillado el 10 de octubre de 1991 en un entronque de la carretera federal Córdoba-Veracruz.
De un tiempo a la fecha, han tomado el control de esa zona bandas de criminales que se dedican a todas las actividades ilícitas imaginables, aunque su fuerte es el robo de combustible, pues por ahí pasan ductos de Pemex que lo transportan a los centros de distribución.
Armando Saldaña reportó a través de los medios para los que colaboró en vida la actuación de estas bandas, cuyo modus operandi para acallar las denuncias es el de la violencia extrema, la tortura y la ejecución sumaria.
Fue el caso de Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario El Buen Tono de Córdoba, asesinado el 11 de agosto de 2014 y quien también dio cuenta de la presencia de los “chupaductos” en la zona.
Pero las autoridades en Veracruz y Oaxaca ni ven, ni oyen, ni cumplen con su responsabilidad. Dejar pasar es más fácil. La justicia es lo de menos “Las autoridades en Veracruz y Oaxaca ni ven, ni oyen, ni cumplen con su responsabilidad”.
