En nuestro país hay quienes, en pleno ejercicio de su libertad de expresión, defienden que esta misma libertad sea suprimida en otros lugares. Ésa fue la postura de Pablo González Casanova, Alejandro Encinas, Alma Rosa Alva de la Selva y Víctor Flores Olea, entre otros, sobre la determinación del gobierno de Venezuela de no renovar la concesión a RCTV.
En un desplegado que publicó La Jornada el 24 de mayo, los abajofirmantes critican a la CIRT por la campaña de apoyo que emprendió en favor de aquella radiodifusora durante mayo. No sin razón, cuestionan la autoridad moral a la CIRT en virtud de su costumbre de “usufructuar los bienes públicos como si fuesen patrimonio propio”, pero enseguida asocian esa crítica con lo que consideran “la decisión soberana del Estado venezolano” frente a “un medio de comunicación que ha actuado facciosamente”, como si esa fuera razón suficiente para determinar el cierre de cualquier empresa de información. Apoyan la medida, sin desarrollar más datos, porque según ellos RCTV ha instigado “de modo obsceno al golpe de Estado”, violado la constitución y defraudado al fisco. Si esa opinión fuera consecuente, y qué bueno que no, los abajofirmantes del desplegado ya habrían demandado la desaparición de varios medios mexicanos.
Mediante una oblicua relación de hechos, en el desplegado se asocia el debate que hay en México por la dilución del monopolio de los medios electrónicos con la decisión del presidente Hugo Chávez por socavar la libertad de expresión de un medio que critica sistemáticamente sus acciones de gobierno, porque ese es el fondo de tal medida.
Aunque en etcétera no coincidimos con el periodismo de facción ni con ese ejercicio de la comunicación que pone sistemáticamente en entredicho a las instituciones y las leyes, celebramos que eso no sea motivo, en México, para la injerencia del gobierno que suprima su libertad de informar y opinar.
