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Jorge Álvarez Hoth

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Es presidente de Grupo Alcance, Desarrollo y Negocios y especialista en medios y telecomunicaciones

Apagón, mitos y realidades

Mucho se ha discutido sobre el verdadero impacto en la digitalización del país a partir del decreto por el que se establecen las acciones que deberá llevar a cabo la administración pública federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de septiembre de 2010.

La principal crítica de los detractores del decreto es que le atribuyen motivaciones electorales toda vez que posibilita la entrega de cuantiosos recursos públicos a millones de hogares, a manera de “subsidio hacia la digitalización de los más necesitados”, lo que como slogan electoral tampoco suena mal. De cualquier modo, lo que no se puede negar es el carácter político del documento, tanto en el fondo como en la forma.

El decreto fue publicado justamente el día en que el presidente Felipe Calderón presentó su IV Informe de Gobierno y, por ello, el tema captó las cámaras y las ocho columnas de los periódicos, es decir, se obtuvo el impacto mediático deseado. No obstante, al 99% de los mexicanos el apagón analógico nada les dice.

Con el apagón, qué cosas suceden

El decreto de la TDT de 2010 merece ser ponderado en su correcta dimensión, tanto en sus realidades cuanto en sus mitos, ya que no da inicio a la transición digital de la televisión abierta como se ha dado a entender, ni tampoco garantiza que en el 2015 el país esté “digitalizado”, o sea, listo para el apagón analógico.

La digitalización abarca mucho más en medios de distribución y contenidos que lo que cubre la televisión abierta, para empezar en los sistemas de televisión de paga y para terminar en los otros medios de distribución alámbricos e inalámbricos en donde se transmiten voz, datos y video. Esto no obstante que se adelante seis años el calendario del equipamiento de las transmisiones digitales por parte de la televisión abierta y se manifieste un buen deseo de que los hogares estén digitalizados en la recepción en sus televisores. El decreto, como un recetario de proclamas, dice los “qués” pero no expone los “cómos”.

En realidad, la política de transición a la televisión digital terrestre fue publicada inicialmente el 2 de julio de 2004 en el DOF y contiene 29 páginas con todo y anexos. Comprende la adopción del estándar A/53 de ATSC y prevé que el modelo a utilizar para lograr los objetivos propuestos debe ser flexible con el propósito de aprovechar al máximo las ventajas que actualmente ofrece el estándar adoptado, así como las de su futuro desarrollo y crecimiento. Incluye, además, que ese modelo promoverá la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de los concesionarios y permisionarios de las estaciones de televisión conforme a la legislación y disposiciones reglamentarias en materia de telecomunicaciones, sin que esto impida permanentemente la transmisión de programas de alta definición.

Aquella estrategia también contiene, en sus anexos, una clara descripción de las localidades a cubrir a lo largo de seis periodos trianuales empezando por México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa en el primer periodo con al menos dos señales digitales, para seguir con todas las poblaciones de más de 1.5 millones de habitantes en el segundo periodo, luego con las de más de un millón de habitantes en el tercer periodo, todas las de 500 mil habitantes en el cuarto periodo, las de 150 mil habitantes en el quinto periodo y todas las poblaciones en el sexto periodo. Total que la transición en 18 años, pasa a ser en 12. Con esa política publicada en 2004 la inversión en gasto público es de cero pesos y cero centavos.

A la fecha han transcurrido dos trienios y ya deben estar digitalizadas en la transmisión todas las poblaciones de más de 1.5 millones de habitantes.

El decreto de la TDT de 2010 implica una serie de modificaciones a la publicada en 2004 y de su análisis también se desprenden varios aspectos a mencionar:

1)El plazo que en la política de TDT de 2004 establecía para el 2021 reconocía que el mercado adoptaría la tecnología digital en sus receptores conforme a los contenidos digitales que fueran creando la demanda. Ahora esto pasa tanto en la transmisión como en la recepción, al 2015. Para ello se señala que la administración pública deberá realizar las acciones necesarias para garantizarlo.

2)Menciona como una de las acciones la de liberar la banda de los 700 MHz para el año 2012 y así posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda. Esta banda es en la que corren los canales de la banda de arriba del UHF y fue considerada su liberación desde el acomodo de los canales espejo temporales asignados en la política de la TDT de 2004. Resta resolver la liberación o limpieza de los canales en esta banda que sí necesitan ser utilizados en la transmisión simultánea analógico/digital en las ciudades fronterizas del norte, en donde la coordinación con los vecinos del Estados Unidos se requiere y, obvio, no es un asunto sencillo de resolver.

3)Considera promover que el público cuente con receptores o decodificadores que le permitan captar las señales de la TDT. La política de 2004 reconoce que las tecnologías no se adoptan entre la población por decreto, sino por el deseo de la gente de adquirirla en función de razones de mercado, en este caso, por mejores contenidos y mejor calidad de los mismos.

4)Instruye a determinar la viabilidad de asignar, mediante los procedimientos legales pertinentes, nuevas concesiones y permisos de radiodifusión que operen únicamente con transmisiones digitales.

En la política del 2004 no se hace mención específica a este último punto, no obstante la posibilidad es inherente por definición. De hecho no hay nada que impida que hoy se asignen nuevas frecuencias de radiodifusión para transmisiones analógicas en aquellas localidades donde existan.

5)El decreto del presidente Calderón crea una Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, cuyo objeto será coordinar las acciones necesarias para concretar la transición a la TDT. Lo hace sin derogar la existencia del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión existente desde 1999 para determinar acciones similares. La nueva Comisión integrada por siete representantes de distintas secretarías de estado se enfrenta al problema de encontrar los “cómos” que el decreto de 2010 no señala.

6)Se publica en un tiempo en el que la autoridad exclusiva en materia de radio y televisión es la Comisión

Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), producto de la publicación de la “Ley Televisa” en 2006, su impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad por un grupo de senadores y la posterior resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La política de TDT del 2004 fue publicada cuando todas estas facultades residían en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y no participaba en ello la Cofetel. Por ello extraña que el decreto de 2010 sea publicado sin la existencia de una resolución del Pleno de la propia Cofetel que lo avale, sutileza que a la larga puede causar problemas en su solidez jurídica.

Como se puede ver el decreto para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre es en realidad una modificación, con un impacto político, que propone como objetivos muy defendibles el adelantar las transmisiones y recepciones digitales de televisión abierta en el país, creando para ello una Comisión de notables miembros del gabinete del Presidente en turno para que como consejo de sabios resuelvan aspectos nada sencillos de prever. Establece una fecha que por simple lógica es tentativa para el así llamado apagón analógico, toda vez que ya será materia del la próxima administración mantenerla o modificarla, siendo más probable que suceda lo segundo, que lo primero, toda vez que su naturaleza política la condena al mismo trato.Tiene pues méritos en los objetivos, dificultades en la instrumentación y una agenda política por resolver.

Al analizar todo lo anterior uno no puede dejar de preguntarse si no sería una mejor decisión instrumentar las acciones necesarias para permitir la competencia plena de todos los servicios posibles en todas las redes existentes y con ello lograr la digitalización de los hogares por razones de mercado y no de política. Cuestión de enfoques y, como hemos visto, de precisiones también.

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