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Angélica Recillas

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Licenciada en Comunicación.

AMLO: del dicho en campaña al hecho en gobierno

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador hizo compromisos que lo llevaron a una contundente victoria en los comicios. Sin embargo, la realidad lo alcanzó y se ha visto orillado a matizar o cambiar su discurso.

Foto: Saúl López / Cuartoscuro

Las opiniones respecto a los virajes de AMLO se dividen entre quienes los interpretan como una estrategia de pragmatismo para ajustarse a los diferentes escenarios, y quienes, con cierta preocupación, observan que el futuro mandatario busca “curarse en salud” sobre las expectativas que no pueda cumplir en dimensión y en tiempo.

Bancarrota y estabilidad, ida y vuelta

El 4 de septiembre, López Obrador fue cuestionado sobre el mensaje que el presidente Peña Nieto emitió un día antes, con motivo de su sexto informe de gobierno, donde aseguró que dejaba un país mejor al que recibió seis años antes. Cuando se le preguntó al presidente electo si era cierto, él no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Dijo que en el país hay estabilidad y no hay crisis financiera.

Hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera.

Sin embargo, el día 16, al dar inicio a su denominada “gira de agradecimiento” en Tepic, Nayarit, aseguró que el país estaba “en bancarrota” y sugirió que por eso tendrá dificultades para cumplir con todas las demandas sociales, aunque acotó que sí cumpliría con lo ofrecido en campaña.

El país está atravesando una situación económica y social muy difícil y posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando.

No obstante, en menos de dos horas, esta vez en Sinaloa, volvió al discurso de la estabilidad financiera.

He tenido buena experiencia en esta transición porque ha habido respeto de parte del gobierno del presidente Peña. No han puesto piedras en el camino, no han obstaculizado, y así hemos logrado avanzar. Es una transición ordenada, pacífica, que no ha producido desequilibrios, desconfianzas, no hay problema de inestabilidad financiera. Decían que si se daba un cambio iba a haber fuga de capital, iba a ver devaluación. Nada de eso ha habido porque hemos actuado de manera responsable pensando en el interés general, en el interés de la nación.

Este intento del presidente electo por matizar su expresión de “un país en bancarrota” no fue suficiente para detener la controversia. Empresarios, analistas, políticos y funcionarios, entablaron un debate y rechazaron que el país esté en quiebra. Ante ello, el día 18 en Baja California Sur, el tabasqueño dijo que ofrecía disculpas si alguien se había sentido ofendido por haber empleado la palabra “bancarrota” e insistió en que la situación económica del país es mala debido a los 30 años de un modelo neoliberal, que su gobierno se encargará de cambiar. De paso, acusó a la “prensa fifí” de sacar de contexto sus palabras.

Chivos y brujas

El 21 de junio, López Obrador dijo que, en caso de ganar, su gobierno daría impulso a las universidades públicas, pero advirtió que no se tolerarían actos de corrupción como “La Estafa Maestra”; aludió así a la investigación periodística que dio cuenta de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, donde se documentan triangulaciones de recursos en la Sedesol con empresas fantasma y universidades estatales, durante la gestión de Rosario Robles. Entonces declaró:

Se apoyará a las universidades públicas pidiéndoles honestidad en el manejo del presupuesto, porque no se van a permitir actos de corrupción, nada de estafas maestras que se hacen, o se han hecho en las universidades públicas.

Casi tres meses después, López Obrador sugirió el 15 de septiembre que Robles es un “chivo expiatorio” para no ir a fondo en el combate a la corrupción. Esto, luego de que Reforma revelara nuevos desvíos de recursos que apuntan hacia la funcionaria, pero esta vez como titular de la Sedatu, y acusó a los medios de armar “un circo” que deja intocados a los verdaderos “saqueadores” del país. Asimismo, agregó que en su gobierno no habrá “cacería de brujas”. Aclaró, sin embargo, que si existen investigaciones abiertas en contra de Robles o de cualquier otra persona, se les dará seguimiento, pero eso –dijo–no corresponde al Ejecutivo, sino al Poder Judicial.

Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro

Esta no es la primera vez que López Obrador utiliza el término “chivo expiatorio” para referirse a algún personaje prominente envuelto en escándalos de corrupción. El 17 abril de 2017 lo hizo tras la captura de Javier Duarte.

Del cómic a la consulta

Desde que inició la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en 2015, López Obrador se ha opuesto a la obra, que ha calificado como “faraónica” y como candidato presidencial ofreció cancelarla. El 16 de abril de 2018, por ejemplo, presentó un cómic donde explica las razones por las que, a su juicio, debía suprimirse el proyecto.

Entre el 6 y 7 de junio, tuvo un diferendo con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, con quienes se reunió en privado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reveló a la prensa que López Obrador les había manifestado que el proyecto de Texcoco era viable, luego de que ellos le manifestaran sus inquietudes sobre las consecuencias que tendría cancelarlo. El político tabasqueño contradijo la versión y aseguró que lo que él les planteó es que había dos opciones para resolver la saturación en el actual aeropuerto, y que una de ellas concesionar la obra que se lleva a cabo.

Ya como presidente electo, cambió de parecer y puso la decisión en los ciudadanos. En conferencia de prensa, el 17 de agosto anunció que será a través de una consulta pública con carácter vinculatorio como se resuelva el destino del nuevo aeropuerto. Al encabezar la presentación de los resultados de los dictámenes de los especialistas consultados por su equipo, López Obrador sostuvo que, dada la trascendencia del tema, la decisión final no debe ser sólo de “la clase política” o de “un puñado de expertos”, sino de todos los mexicanos. Para ello, dijo, se va a proporcionar toda la información que sea necesaria “con objetividad y apego a la verdad”, a fin que, “entre todos”, se elija lo que más convenga al interés nacional. Aseguró que “el pueblo es sabio y ya lo ha demostrado”.

Reales y nominales

Como dirigente de Morena, López Obrador anunció en enero de 2017 su intención de contender nuevamente por la Presidencia y prometió bajar el precio de los combustibles, que recién se había incrementado; según expuso en aquel momento, la fórmula para ése y otros problemas del país está en acabar “de tajo” con la corrupción. Ya como candidato, el 12 de abril de 2018, ofreció congelar el precio de la gasolina, y en un plazo máximo de dos años reducir su costo, junto con el gas y la energía eléctrica.

Sin embargo, tres días después del 1 de julio, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reveló en entrevista para Noticieros Televisa que no habrá cambios en lo inmediato en el esquema actual para establecer el costo de los combustibles. Afirmó:

Nosotros creemos que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Es decir, estamos pensando en incrementar cada año, por inflación, el precio. En términos reales no se va a incrementar, pero en términos nominales sí, por la inflación.

El presidente electo no desmintió lo dicho por su colaborador y sólo se ha limitado a reiterar que en su gobierno se acabarán los “gasolinazos”.

Respetar la estructura

López Obrador también matizó con la reforma energética; desde que ésta se aprobó en diciembre de 2013, en distintos momentos ofreció que la cancelaría junto con las demás reformas estructurales. En enero de 2016, incluso propuso que en caso de que Morena ganara la elección de 2018, se sometería a referéndum. Pero durante la campaña ya no habló de cancelar la reforma, sino de revisar los contratos para asegurarse de que ninguno fuera producto de la corrupción.

El 8 de julio, el principal asesor económico de López Obrador, Alfonso Romo, comentó que el presidente electo no utilizará su mayoría en el Congreso para dar marcha atrás a la reforma energética, y aseguró que en caso de encontrarse alguna irregularidad, se conversará con las empresas antes de realizar cualquier cambio. Posteriormente, el 1 de agosto, Manuel Bartlett, próximo director de la CFE y quien ha acompañado al tabasqueño en su oposición a las reformas estructurales, declaró lo siguiente:

Andrés Manuel ya dijo con toda claridad que no va a hacer reformas constitucionales. Vamos a estar respetando la estructura que existe en la reforma energética, y lo que está pasando que son estas reglas del mercado.

De calle

Desde el sexenio de Felipe Calderón, López Obrador criticó la decisión de utilizar al Ejército para tareas de seguridad y combate al narcotráfico, y en diferentes ocasiones se pronunció por que los militares regresen a sus cuarteles. Asimismo, calificó como fallida la estrategia de seguridad aplicada desde entonces. El 17 de mayo, insistió en que Calderón pegó “un garrotazo a lo tonto al avispero”, pues desde que le declaró la guerra al narcotráfico ha habido 210 mil asesinatos, lo que demuestra que esa estrategia no sirve. Sostuvo que el Ejército y la Marina han llevado a cabo acciones militares que privaron de la vida a seres humanos por órdenes de Calderón y Peña Nieto. Reiteró que su gobierno atenderá fundamentalmente las causas de la violencia, que a su juicio son la falta de crecimiento económico y la carencia de oportunidades para los jóvenes. “No se combatirá el fuego con más fuego”, apuntó.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, siete días después, durante un foro sobre seguridad al que se convocó a los candidatos presidenciales, AMLO flexibilizó su postura y dijo que aún no estaba resuelto si dejaría o no a las fuerzas armadas en las calles; también declinó comprometerse con una derogación de la Ley de Seguridad Interior, cuyo objetivo es precisamente reglamentar la actuación de las corporaciones castrenses en funciones de seguridad. El 6 de julio, en entrevista para Noticieros Televisa, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, afirmó que no sería posible retirar al Ejército de las tareas de seguridad antes de tres años porque no hay una policía suficientemente capacitada para reemplazar a los militares.

A esta misma conclusión llegó el propio presidente electo al reconocer en rueda de prensa el 24 de agosto que el Ejército se mantendrá en las calles al menos en el primer trienio de su gobierno porque las corporaciones policiales son “débiles” y se dejaría a la gente en el desamparo.

Del descontento a la conciliación

El discurso de AMLO como candidato, en donde prometió transformaciones radicales en muchos ámbitos de la vida pública, le permitió obtener la victoria más abrumadora que cualquier aspirante haya tenido; su liderazgo, así como su habilidad para capitalizar el descontento de una sociedad indignada con sus gobernantes y la corrupción, le dieron un gran poder para cumplir con las expectativas que generó. Una vez que ganó la elección presidencial, estrenó una nueva línea discursiva más conciliadora, abierta e incluso prudente, a sabiendas de que, pese al gran poder que recibieron él y su partido en las urnas, necesita de muchos sectores como el empresarial, financiero, académico, la sociedad civil e incluso otras fuerzas políticas para llevar a cabo los cambios que prometió.

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