Cinque Terre

María Cristina Rosas

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Profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El adiós a la telefonía pública

En 1978, el cineasta estadounidense Richard Donner puso a consideración de las audiencias “Superman”, película que consagró a Christopher Reeve como uno de los histriones que mejor han logrado caracterizar al icónico hombre de acero. En una escena de la película en que Lois Lane (Margot Kidder) está en peligro, Clark Kent (Reeve) debe transformarse en Superman y para ello busca una cabina telefónica, la cual, como tal, no existe, lo que lo lleva a ingresar a unas puertas giratorias a las que hace rodar a gran velocidad para ponerse su traje y salvar a Miss Lane. Esta escena, tal vez sin que Donner se lo propusiera, dejaba entrever la crisis de la telefonía pública, o, al menos, su dramática transformación.

La telefonía pública, como lo sugiere su nombre, fue pensada para proveer un servicio al público y posibilitar la comunicación entre personas localizadas en distintos lugares. Su declive ha sido acelerado en todo el mundo por diversas razones. En general, se reconoce que la telefonía móvil ha hecho una enorme contribución a que los teléfonos públicos hayan caído en desuso. Sin embargo, en EU esto ha ocurrido en particular por disposiciones encaminadas a combatir la delincuencia organizada. Así, en 1967, la Suprema Corte del vecino país del norte, en el caso Katz vs Estados Unidos –referido al arresto de Charles Katz, quien se ganaba la vida haciendo apuestas ilegales vía telefónica, el cual fue concretado por la FBI al usar como evidencia grabaciones de las citadas llamadas– determinó que era ilegal, conforme a la Cuarta Enmienda, intervenir comunicaciones telefónicas sin que mediara una orden judicial. La Suprema Corte sentenció que “cualquier persona que utilice una cabina telefónica, debe contar con un nivel razonable de privacidad”. En adelante, esos espacios se convirtieron en instrumentos recurrentes para las actividades delincuenciales dado que la disposición de la Corte así lo posibilitaba, situación que llegó a su apogeo a principios de los años noventa del siglo pasado.

Actualmente el 95% de los estadounidenses cuenta con un teléfono móvil, lo que aunado a la estigmatización de los aparatos públicos –que en el imaginario colectivo se usan para cometer delitos–, parece haber sellado la suerte de las cabinas. En 2007, AT&T anunció que se retiraba de ese negocio, y en 2011 Verizon hizo lo propio.

En México, hace varias décadas tener un teléfono residencial no era tan sencillo por los costos y por problemas de infraestructura. Las casetas telefónicas eran incluso ocupadas por familias que no podían darse el lujo de contar con un aparato en sus hogares. Los trámites para tener una línea residencial hacían su parte: la solicitud era relativamente sencilla, pero podían transcurrir hasta 10 años antes de que una persona común y corriente pudiera contar con una instalación telefónica propia. A ello hay que sumar que, ya al tener acceso a ese medio de comunicación, surgieran numerosos problemas como las líneas “muertas” y las “cruzadas”, los cobros indebidos, etcétera.

En Argentina subsistían problemas adicionales: si una familia suscribía el contrato con una determinada compañía telefónica para acceder al servicio, seguramente no podía comunicarse con personas que poseyeran un contrato con una empresa distinta. En ambos países, por tanto, las casetas salvaban el día. Esto, sin embargo, fue cambiando. El vandalismo, por una parte, y el auge de los apáratos móviles, por la otra, hicieron menos esencial para las sociedades, el uso de teléfonos públicos. Tan sólo en la ciudad argentina de La Plata, hoy existen apenas 51 en funcionamiento. En el centro de Buenos Aires, la calle Florida era escenario de numerosos teléfonos públicos, si bien ahora sólo sobreviven tres.

En México esta situación aún no se produce. La telefonía pública ha encontrado la manera de sobrevivir. Según datos de Teléfonos de México (Telmex) correspondientes a 2017, en el país existían 873 mil 888 casetas telefónicas, de las que 213 mil 266 estaban en Ciudad de México y la zona metropolitana. De ellas, el 63% eran propiedad de Telmex. El magnate Carlos Slim, quien suele anticiparse a los acontecimientos, ha logrado dar en el clavo para hacer de esas casetas puntos de acceso (access point) a Internet. En el aeropuerto internacional de Ciudad de México, los usuarios pueden constatar que han sido desplegados puntos de acceso a la web que son multifuncionales: lo mismo posibilitan realizar llamadas que acceder a la red para fines diversos. Los puntos de acceso son también provistos por otras empresas, de cara a una inevitable adaptación de la telefonía pública a las necesidades de las sociedades modernas.

Puesto que las compañías tienen la obligación de proveer servicios de telefonía pública en buena parte de los países en los que operan –a excepción de lo que sucede en EU con AT&T y Verizon– han debido evolucionar y sobreponerse al vandalismo y la destrucción física de los aparatos públicos, como también a la irrupción de la cada vez más sofisticada telefonía móvil. La conversión a puntos de acceso parece una apuesta en la dirección correcta, dado que nunca faltarán personas a quienes se les descargue el teléfono, o bien aquellas que, estando en determinados lugares –como hospitales, tribunales, escuelas, carreteras, etcétera– necesiten hacer llamadas desde un teléfono público para hacer frente a imprevistos o solventar situaciones diversas. Como servicio público que es, la telefonía debe ser accesible para todas las personas, independientemente de si cuentan o no con el celular de moda.

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