¿Cómo decide el gobierno federal a qué medio le compra publicidad? Ésa es una de las preguntas más aburridas y al mismo tiempo más importantes cuando se trata de evaluar la calidad de la relación entre los periodistas y el poder.
El tema no es popular. No está en los medios, los políticos parecen no tenerlo en la agenda y para serles franco yo no conozco a nadie, incluyendo a ciudadanos muy informados, que proponga esta discusión en una plática de sobremesa. Y qué bien que no lo hace, porque seguro pronto se quedaría hablando solo. No obstante cuando miramos esa cuestión en la mente y el bolsillo de los medios, y en particular de sus dueños, vemos que es una de sus mayores preocupaciones.
No es para menos. Para muchos de los medios que consumimos, ya sean impresos o electrónicos, la publicidad gubernamental es parte esencial de sus ingresos. Incluso para algunos es la diferencia entre seguir vivos o no. De ahí que el tema se vuelva fundamental pues en el fondo lo que está en juego es la independencia editorial frente a la clase política en el poder.
El fenómeno ha sido estudiado por años, documentado incluso en México hace poco por Fundar, que en un estudio mostró cómo el reparto de dinero público es empleado como una herramienta de control. No se trata de nada nuevo ni sofisticado, el funcionamiento es muy simple: me gusta lo que publicas, te pago; no me gusta, no hay dinero.
¿Cómo desmontar esta relación perversa? Muy simple: eliminando la discrecionalidad y la opacidad con lo que se maneja actualmente. Eso implica como han planteado desde hace años analistas como Fátima Fernández, establecer criterios claros a la hora de asignar los recursos. ¿Qué debe pesar, el tiraje o el rating? ¿La influencia o la aportación del medio al debate democrático?, ¿cuánto se debe gastar en radio y televisión y cuánto en portales y medios impresos? O incluso, ¿cuándo se debe invertir en un medio y cuándo en las páginas personales de los periodistas, como ha empezado a ocurrir con mayor frecuencia?
Y a este proceso le debería acompañar un instrumento muy sencillo que permita a los ciudadanos conocer de forma ordinaria qué cantidad de recursos ha recibido cada medio, por dos razones muy simples: porque el dinero proviene de nuestros impuestos y por que los lectores, radioescuchas o televidentes deberían saber quién está aportando dinero al medio que le informa, para poder añadir ese criterio a la hora de consumir sus productos informativos.
Esta discusión, que lleva años sin aterrizar, tendría que encontrar en este sexenio un desenlace exitoso.
No solo por su importancia para los ciudadanos sino por la promesa de Enrique Peña Nieto de construir una instancia encargada de gestionar este tema. Un compromiso muy importante aunque ya no aparezca en el radar ante el desfile de las llamadas reformas estructurales.
Es momento de entrarle y ahora que tanto se habla de una reforma política- electoral en México se debería retomar este gran pendiente que bien manejado debería dar certeza también a los propios dueños de medios que hoy tienen que lidiar con este esquema tan poco claro y tan propicio para los arreglos a modo para el poder.
¿Habrá quién tome esta bandera entre los políticos, los medios o los ciudadanos?, ¿será tema del debate federal o habrá algún estado que ponga el ejemplo? Quizá el primero que haga suya la causa no reciba muchos aplausos pero sin duda estaría haciendo una gran aportación a la democracia en el país. El tema es realmente importante, no lo dejemos en el olvido.
