Entre más poderoso el individuo, más patético es que pierda el control. Inquieta yace la cabeza que lleva una corona, aunque, para algunos, la responsabilidad los supera y les hunde la testa. Arturo Zaldívar es de esa última clase.
El ministro presidente no pudo disimular su enojo ante una pregunta de la prensa sobre un estudio que resalta la excesiva discrecionalidad en los tiempos y trámite de los asuntos en la Corte Suprema. Zaldívar alegó la productividad del tribunal, que no era el tema cuestionado y remató con que la Suprema no es una panadería, aunque debo reconocer que es un buen nombre para un establecimiento con ese giro.
FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Cuando lo escuché, solté la carcajada, me lo imaginé con su gorrito, amasando la pasta de un bolillo, exigiéndole a González Alcántara que le trajera más harina y gritándole a Esquivel Mossa porque no encuentra la mantequilla. No cabe duda de que Panadería La Suprema sería un éxito. Más allá de la chacota, la pregunta es si Zaldívar ha profundizado su sesgo Dunning-Kruger en los últimos tres años o si ocultó sus verdaderos colores durante casi una década.
La observación de México Evalúa no es injusta: el tiempo para votar un asunto, el orden de atención y hasta las razones para sacarlo de la discusión no corresponden a reglas transparentes de la Corte. Zaldívar tiene razón en que no todos los asuntos tienen la misma complejidad y que no pueden proyectarse y votarse en los mismos tiempos. El problema es que esas diferencias de dificultad no están transparentadas. Sería ingrato reclamarle a la Corte mexicana su productividad, cuando es el tribunal constitucional que más asuntos resuelve en el mundo, pero el reclamo de la sociedad civil no está en la eficiencia judicial, sino en que no existen reglas claras para saber por qué un asunto se tarda, otro se resuelve con velocidad y uno más ni siquiera se proyecta.
Existen varios mecanismos para remediar esa discrecionalidad excesiva, que puede llegar a ser arbitrariedad. Desde la precalificación, hasta la comunicación expresa de un tiempo tentativo de proyección ayudarían en el tema, ya no se diga la manifestación concreta de las razones por las que un expediente se saca de la lista de discusión. Ciertamente hay cuestiones que deben reservarse por la misma lógica de interés público, pero un esfuerzo de máxima revelación no es incompatible con cuidar las partes de la información que no pueden difundirse prematuramente… y ese esfuerzo actualmente no existe.
Lo más incoherente del asunto es que Zaldívar monta en cólera por las críticas, cuando su trayectoria va de la mano de opinar y criticar de todo, hasta de lo que no es incumbencia del Poder Judicial. Se enfureció por los comentarios a su decisión respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, perdió las formas con el estudio de México Evalúa y seguramente le hizo daño el almuerzo por las opiniones de Tito Garza Onofre y Mariana Velasco-Rivera en El Café de la Mañana que Reforma difundió el miércoles pasado, donde se hace una radiografía bastante precisa del ministro presidente. Un juez que no quiere que lo juzguen: así es la incongruencia en tiempos de pandemia.
Existe el riesgo de que Zaldívar deje su toga antes de 2024 y termine en otro cargo, con lo que daría otra silla al obradorismo en el Tribunal Supremo. El ministro criticón suele ser muy silencioso cuando se trata de los asuntos donde debería ser más claro: su conducta en la renuncia forzada de Medina Mora, la inconstitucional reelección en la presidencia de la Corte, la discusión de la consulta para enjuiciar expresidentes, su razonamiento respecto a la pregunta en la revocación de mandato y la forma en que condujo el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica no le han merecido una adecuada explicación al público. Para lo que le conviene, Zaldívar es el apóstol de los derechos y el progresismo, para lo demás su actitud es tan autoritaria e intolerante como la de cualquier político del viejo régimen.
Al igual que en el caso de Trump, el de Zaldívar confirma la necesidad de mejores normas para las instituciones. La Constitución debería establecer que ningún presidente pudiera nominar más de dos ministros, que una renuncia en los dos últimos años no da la posibilidad de nombrar un nuevo ministro por quince años… y que, por ningún motivo, un expresidente de la Corte puede ser legislador, funcionario del Ejecutivo, ni Fiscal.
Por cierto, hasta los panaderos deben transparentar sus procedimientos de elaboración, higiene y manejo de sus productos. Paradójicamente, aquellos a quienes minimiza Zaldívar son menos opacos que él.
