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Ricardo Becerra Laguna

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Economista. Fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad luego de los sismos de 2017. Presidente del Instituto para la Transición Democrática.

Volver a lo (más) básico: Política de Estado

Si en alguna parte debiéramos fabricar una batería de principios, instrumentos, cuerpos profesionales, directivas permanentes, coherentes y continuas, es en materia de seguridad. En ese ideal, no importa quien gobierne, partido, corriente o personaje, pues constituye un acuerdo muy fundamental de la sociedad y del Estado. Cosas como esa se le llama política de Estado. Veamos.

El diccionario de Política de Bobbio, Matteucci y Pasquino lo definen así: “Se entiende al conjunto de principios, normas e instrumentos que no serán justificadas por argumentos del gobierno actual ni por el individuo que gobierna, sino que se realizan en nombre atemporal, en nombre de todos, porque ha sido elaborada dentro de las instituciones del Estado… más allá de esta o de cualquier coyuntura”.

Políticas de Estado son pues aquellas que forman parte de las estrategias absolutamente vitales de un país. Y típicamente, la seguridad y el uso de la violencia pertenecen a esa categoría: la política de seguridad es la política de Estado por excelencia.

La ofuscación neoliberal quiso hacer política de Estado a la política económica, por ejemplo, porque creyó que había encontrado LA fórmula única y verdadera de manejar la economía, cosa que como sabemos fue una alucinación desastrosa e interesada. Pero ese no es el caso de la seguridad.

Nuestro problema es que la discordia, la polarización fomentada todos los días y el absurdo encono público en el que vivimos no nos permiten siquiera asumir la necesidad, ya dramática, de una política de seguridad que compartamos todos, una que no sea “de Calderón”, ni “de Peña” y tampoco la “de López Obrador”.

Si va a ocurrir un gran viraje en este sexenio es porque no habrá política de seguridad del señor Presidente, sino porque habremos construido una política de seguridad del Estado mexicano. ¿En qué consiste?

Cómo en cualquier obra política aquí no hay recetas, pero sí algunos patrones que deben respetarse en un contexto democrático (se entiende).

En primer lugar una sincera, abierta y rigurosa discusión pública con los que saben. El gobierno debe tomar nota y a partir de esos diagnósticos formular prioridades, pues no se puede atacar todo el universo delictivo o criminal de un solo golpe. Por ejemplo, es posible que el narcomenudeo no sea la prioridad, como sí lo es el secuestro, en nuestros días.

Estas prioridades deberían cruzar por las instituciones del Estado y en especial por el Poder Judicial y el Congreso para volverlas normas, instituciones y políticas y para seleccionar y nombrar con el mayor consenso posible a los funcionarios y encargos de tan delicada tarea, pues ellos deben trabajar con el mayor respaldo político y público, fuera de la grilla cotidiana y de todo pleito partidista (este no es el caso del señor Durazo, muestra palmaria de lo que no debe hacerse).

Prioridades elaboradas con base en el conocimiento; traducidas en leyes y organismos, y aparatos profesionales aprobados con amplio consenso.

Luego la maduración institucional de policías, investigadores, ministerios, jueces y cuerpos competentes y conscientes del tipo de crimen al que estamos enfrentando el día de hoy.

Por necesidad, una política de Estado es una obra que tardará en dar sus frutos, por eso hay que empezarla lo antes posible.

Hay que elaborar ese consenso, es el prerrequisito del combate el crimen, porque si algo sabemos hasta ahora es que la improvisación, la prisa y la personalización de la política de seguridad, han traído uno de los peores fracasos en el siglo 21 mexicano.

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