Hace ya varios años, Miguel Bonasso describió, en Recuerdo de la Muerte, el esquema que la Junta Militar Argentina estableció para desaparecer a quienes consideraban un riesgo por su liderazgo social o por lo que pensaban.
Muchas de las víctimas permanecieron detenidas en centros clandestinos durante meses o años, antes de ser ejecutadas.
Por estos hechos se iniciaron procesos y se dictaron sentencias, pero queda la marca de una espiral de terror sin límites y amparada en la fuerza.
En los años setenta, en nuestro país, al menos unas 300 personas fueron detenidas de forma arbitraria por alguna autoridad y ya no se supo de ellas.
Aquí también se iniciaron indagatorias durante el gobierno de Vicente Fox, pero con resultados bastante magros, sobre todo porque no existía una legislación adecuada para perseguir este tipo de delitos y porque el paso del tiempo hizo que la búsqueda de pruebas se complicara mucho.
Hay que recordar, sin embargo, que un expresidente fue consignado por estos hechos y estuvo en arresto domiciliario, y la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla.
Pero el universo de casos estaba acotado y tenía que ver, sobre todo, con los saldos del combate a la guerrilla.
Con la irrupción de la violencia a gran escala, las desapariciones se multiplicaron y en la actualidad son un problema persistente, al grado de que se tuvo que elaborar una ley para enfrentar la crisis y una fiscalía para encargarse de ello.
La mayoría de los casos documentados responden a acciones de la criminalidad organizada, pero hay una franja en la que tienen que ver corporaciones de seguridad.
Por eso es relevante la consignación de 19 expolicías del estado de Veracruz, por la desaparición forzada de 15 personas durante la administración del gobernador Javier Duarte.
Están implicados dos secretarios de Seguridad (uno prófugo) y los directores generales de Prevención y Readaptación Social y de la Fuerza Especial, esta última, en teoría, encargada de combatir a los criminales más peligrosos.
Lo bueno del asunto es que se combate la impunidad y se da respuesta a quienes estuvieron buscando a sus familiares por años, en condiciones de hostilidad en su contra y, ahora sabemos, arriesgándose cada vez que contactaban con la policía.
Lo malo es que profundiza la desconfianza, al observar que los encargados de proteger y servir son en realidad unos bandidos.
Por lo pronto, la Fiscalía del Estado y la PGR están tras la pista de otros 145 casos, lo que podría abrir un verdadero socavón en las fuerzas de seguridad y en particular en quienes las comandaron en el sexenio anterior.
Tenemos que saber qué ocurrió, aunque esto signifique entrar en el reino del espanto.
Este artículo fue publicado en La Razón el 13 de febrero de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
