jueves 28 marzo 2024

Venganzas

por Luis de la Barreda Solórzano

Su fuerte no es la venganza, ha repetido muchas veces, pero Rosario Robles lleva ya una buena temporada en la cárcel, a pesar de que los delitos que se le imputan no son de los que tienen asignada prisión preventiva forzosa, Eduardo Medina Mora se vio obligado a renunciar a la Suprema Corte de Justicia para que se descongelaran sus cuentas y las de 11 personas físicas o colectivas cercanas a él, y se han eliminado importantes obras y programas sociales solamente porque fueron puestos en marcha con anterioridad a su gestión.

Ahora, a través de la Fiscalía General de la República, se propone encarcelar al excandidato presidencial Ricardo Anaya, y a través de los legisladores incondicionales exterminar —éste es exactamente el vocablo con que ha anunciado su respaldo al propósito presidencial el líder de Morena— al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los institutos electorales de las entidades federativas, y en su lugar instituir un solo organismo de carácter nacional que se haga cargo de todas las elecciones del país.

El odio a Anaya proviene de aquellos debates en los que el aspirante panista exhibió sus contradicciones, sus mentiras, sus incongruencias. No pudo refutar nada. Su rabia la desahogó llamando a su exhibidor canalla, canallín. Pero ni una sola palabra para desmentir o cuestionar lo que Anaya le señalaba, incluso mostrando las pruebas, ante las cámaras de televisión que transmitían el encuentro entre los candidatos a todo el país.

El INE es objeto del odio del vengador porque en las dos elecciones previas a su triunfo no le concedió la victoria. No se la concedió simple y sencillamente porque no se la podía conceder. El fraude alegado no sólo no fue probado por el sempiterno aspirante —hoy Presidente—, sino que era prácticamente imposible perpetrarlo en virtud de la manera en que están organizadas y se llevan a cabo las elecciones.

Pero el Presidente erige cotidianamente realidades alternativas: él siempre tiene otros datos que no muestra y cuya fuente jamás señala, con base en los cuales puede afirmar que en el país, donde todo va de mal en peor, todo marcha bien, y puede lanzar sus dardos envenenados contra exservidores públicos, partidos de oposición, columnistas críticos, profesionales que estudian posgrados, abogados, médicos de hospitales privados, padres de niños con cáncer, etcétera.

Dentro de esa realidad alternativa, el INE ha sido aliado de la mafia en el poder que hoy es oposición, aun cuando los ángeles exterminadores no han señalado, ni podrían hacerlo, acciones del instituto parciales o violatorias de la legalidad. La molestia del Presidente se exacerbó con la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio —a quien, inexplicablemente, defendió, a pesar de las gravísimas acusaciones en su contra—, pero, al cancelarla, el INE cumplió estrictamente con la ley.

Es evidente que un solo organismo electoral de carácter nacional no podría hacerse cargo de todas las elecciones del país, las federales y las locales, pero el grupo en el poder considera que un único organismo, integrado exclusivamente con funcionarios condescendientes, sería susceptible de ser controlado.

Es inadmisible que se emplee el poder del Estado para perseguir penalmente a adversarios políticos con base en imputaciones inverosímiles de testigos protegidos —que suelen acusar a quienes se les indica que acusen— o para desbaratar un sistema electoral que ha funcionado correctamente a pesar de presiones y amenazas explícitas, como las de Salgado Macedonio.

La persecución penal de adversarios políticos sin pruebas sólidas que la justifiquen y la destrucción de los organismos electorales autónomos para sustituirlos por uno a modo son medidas propias de una dictadura, inaceptables para quienes queremos defender nuestra democracia.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 26 de agosto de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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