El caso se ha difundido ampliamente. En la comunidad Joya Real, Guerrero, cuando apenas tenía 11 años, Angélica fue entregada por la cantidad de 120,000 pesos a un hombre que la compró para casarla con su hijo. Esta venta de niñas es frecuente en comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. El Presidente de la República no condena esta práctica, sustentada en usos y costumbres, porque, asevera, es la excepción y no la regla, y quienes la difunden, sostiene, no conocen las tradiciones y los valores de los denominados pueblos originarios.
Consumado el matrimonio infantil, el esposo de Angélica se fue a trabajar a algún lugar de Estados Unidos. Esa ausencia fue aprovechada por el comprador, convencido de que, porque había pagado por ella, tenía derecho a su cuerpo: intentó violarla no una, sino cuatro veces. Después del cuarto intento, a sus 15 años, Angélica escapó del domicilio conyugal y se refugió con su abuela. El suegro acudió a la policía comunitaria, que detuvo a la chica, a tres de sus hermanas —ninguna mayor de ocho años— y a su abuela.
Liberadas 11 días después y detenido su agresor, Angélica recibió atención sicológica en Chilpancingo. Al disponerse a regresar a Joya Real, se encontró con el rechazo de los habitantes y las autoridades. Su domicilio fue vandalizado; la puerta de su casa, macheteada. Los vecinos la acusan de “traer mala fama a la comunidad, ya que pone en duda los usos y costumbres de la zona”, y el comisario pide que se libere al fallido violador porque, afirma, matrimonios como el de Angélica no son forzados, sino producto de un acuerdo entre los padres.
La libertad de una niña, el derecho a elegir su proyecto de vida, contra los usos y costumbres comunitarios, según los cuales las niñas pueden ser entregadas a una familia ajena a cambio del precio pactado entre las dos familias. El individuo contra la comunidad. ¿Cómo no recordar ante este caso las fustigaciones del Presidente de la República contra el individualismo, el aspiracionismo, el feminismo, la defensa de los derechos humanos, la cual, según asegura el mandatario, no es más que una coartada de los neoliberales para distraer al mundo mientras lo saquean a sus anchas?
La mejor sociedad es aquella que posibilita el surgimiento de seres humanos responsablemente autónomos e independientes, es decir, libres. Los derechos humanos son una conquista de los gobernados frente a los gobernantes, de los débiles frente a los poderosos, y también del individuo ante los dioses, ante la tradición, ante la comunidad. Son el escudo ante el abuso prepotente, que en casos extremos conduce al terror y a la esclavitud. Los derechos humanos suponen que nadie necesita mendigar la protección del grupo del que forma parte al costo de anularse dócilmente en él.
Los derechos humanos sólo pueden florecer en regímenes democráticos, pues la aportación primordial de la democracia es la invención política del individuo. El derecho a la individualidad es el derecho de cada uno a configurarse, dentro de las circunstancias que le han tocado vivir, a sí mismo. Este individualismo no es asocial: proviene de la evolución vital de la sociedad. El uso derogatorio de la palabra individualismo confunde la relación entre individuos autónomos con uno de sus peligros de abuso. El individualismo —advierte Fernando Savater— “es la base de los estados democráticos de derecho contemporáneo: no puede haber Estado de derecho sin individuos sujetos de tales derechos y a través de ellos protagonistas significativos de la acción social” (Diccionario filosófico, Planeta).
Ningún uso o costumbre que desconozca o coarte la autonomía individual es respetable. El ideal civilizatorio exige el reconocimiento de la libertad de todos. Y un elemento central para evaluar el avance de una sociedad hacia ese ideal es la vigencia efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 23 de diciembre de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
