La crisis actual que acontece en las relaciones entre México y Estados Unidos y que, posiblemente desde los tiempos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, nunca había caído a un nivel tan bajo, obedece no sólo al contexto pre-electoral que se vive en el vecino país del norte, con un Donald Trump que buscará la reelección, sino al desinterés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los temas de política exterior.

Tristemente, el presente gobierno considera que las relaciones con el mundo son residuales. La ausencia del mandatario mexicano en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero pasado, así lo corrobora. La reducción del presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, especialmente, a los consulados, así lo ratifica. Además de que según anunció esta mañana, no asistirá a la Cumbre del G20 a celebrarse a fines de este mes en Tokio, Japón -amén de que carece del medio de transporte para ello y las aerolíneas comerciales han externado que no lo llevarían por todos los riesgos de seguridad que ello implicaría para el vuelo, la tripulación y los demás pasajeros. Los recortes de personal y las reducciones salariales despojaron a la cancillería de personal altamente calificado que podría aportar su experiencia para atender los enormes desafíos que México encara ante EEUU y el mundo.

López Obrador justifica lo anterior sobre la base de que la mejor política exterior es la política interna. Si bien es cierto que una casa en orden posibilita una mejor proyección del interés nacional en el mundo, a la política exterior se le debe construir con estrategia, directrices, objetivos. No es creada, en automático, por la mera existencia de prioridades dentro del país. Debe ser explicitada, edificada y claro, estar vinculada con ésta última.

Una de las mayores prioridades de la presente administración en México ha sido la creación de la guardia nacional, cuya articulación ha consumido buena parte de los esfuerzos de los funcionarios en turno. Más allá de que parece subsistir en las autoridades nacionales la confusión entre seguridad pública y seguridad nacional en la creación de ese cuerpo hoy por hoy militarizado, las prioridades de seguridad del país han sido desatendidas. Baste mencionar que la lucha contra el huachicol y el tráfico ilícito de combustible, requirió, por orden presidencial, la mayor atención y participación de las fuerzas armadas en su combate. ¿Hasta dónde este hecho ha contribuido a relajar el aseguramiento de estupefacientes por parte de las fuerzas armadas? Si bien podría pensarse que las fuerzas armadas están sobresaturadas con la lucha contra los huachicoleros, la realidad es que la estrategia de seguridad de López Obrador ya no parece que dé prioridad al combate al narcotráfico. El propio mandatario ha dicho en diversas oportunidades que él no quiere la guerra, sino la paz. Correcto. Sin embargo, es muy posible que su actitud laxa respecto al narcotráfico tenga nerviosos a los estadounidenses.

¿Por qué Trump está tan enojado con México?

En el tema de los decomisos de estupefacientes, va implícito el dejar pasar las drogas al principal mercado consumidor, que es, justamente, el del vecino país del norte. No se necesita ser un experto para saber que ello inquieta a las autoridades estadounidenses. Las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) señalan que, en los primeros meses del gobierno de López Obrador, los aseguramientos de estupefacientes, trátese de marihuana, cocaína, goma de opio y metanfetaminas, simple y llanamente se desplomaron. Baste mencionar que mientras que, en el primer trimestre del gobierno de Peña Nieto se decomisaron 2 mil 511 kilogramos de metanfetaminas, en el actual gobierno, en el mismo lapso sólo se incautaron 17 kilos. Hablando de la marihuana, 102 mil 831 kilogramos de este enervante fueron decomisados por la SEDENA con Peña Nieto, en tanto la cifra en el actual gobierno es de, apenas, una tercera parte, esto es, 30 mil 563 kilogramos. La goma de opio incautada en los primeros 100 días de la administración de López Obrador ascendió a ¡1 kilo!, frente a los 149 kilos incautados por las fuerzas armadas en el primer trimestre de la administración de su antecesor.

Para ponerle más gasolina al fuego, el gobierno de López Obrador declaró el pasado 8 de mayo, que replantearía la continuidad de la Iniciativa Mérida. Este programa, anunciado en diciembre de 2008 por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense, se propuso impactar en las organizaciones delincuenciales; apoyar el Estado de derecho en México; coadyuvar a la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades sólidas y resilientes. Esta iniciativa ha sido importante no tanto por el compromiso económico de EEUU en apoyar la lucha contra el narcotráfico en México, sino, especialmente, por la corresponsabilidad asumida por ambos gobiernos en torno a un problema que tradicionalmente venía siendo enfrentado prácticamente por los mexicanos a un alto costo material y humano. Que Estados Unidos asumiera que es corresponsable de lo que sucede, era un gran logro. Ciertamente la Iniciativa Mérida ha tenido claroscuros -más oscuros que claros. Ha posibilitado el apoyo en especie de parte de Washington, para reforzar el poder de fuego de las corporaciones castrenses mexicanas en su lucha contra los cárteles de la droga, por ejemplo, con helicópteros Black Hawk y Bell 407, o aviones King Air y CN-235. También ha propiciado la capacitación de las fuerzas armadas para contribuir a su mejor desempeño en estas tareas. Con todo, la lucha contra la delincuencia organizada al amparo de la Iniciativa Mérida, parece haber fracasado miserablemente: cientos de miles de muertos, miles de desaparecidos, corrupción en las instituciones, una violencia desmedida y el deceso de integrantes de las fuerzas armadas, todo ello asumido por la parte mexicana. López Obrador dijo ese 8 de mayo, que lo que México necesita no son helicópteros, ni aviones, ni armas, sino cooperación.

El Presidente mexicano tiene razón: a más de 10 años de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, los apoyos concedidos por Estados Unidos han sido mínimos en contraste con los que ha invertido México. En esa década, Washington suministró recursos por apenas 2. 8 millones de dólares -cifra risible si se piensa en el poder económico que posee la delincuencia organizada. Pero eso no es todo: por cada dólar con el que contribuyó Estados Unidos, México aportó 36. Ello parece inaceptable considerando la asimetría económica y de poder de fuego que poseen uno y otro países.

Así que, si bien es correcta la apreciación del mandatario mexicano sobre lo falaz que ha sido la Iniciativa Mérida, ello, aunado a lo que se percibe en Estados Unidos como una relajación en los aseguramientos de drogas por parte de las fuerzas armadas, ha encendido las alarmas y ha sido, con toda seguridad, un elemento fundamental para que Trump le declare la guerra comercial a México. Claro que puede parecer extraño que el Presidente estadounidense eche mano de acciones económicas para castigar decisiones políticas de México que no son de su agrado.

La agenda binacional, según Trump

Las relaciones entre México y Estados Unidos, de suyo complejas, se han caracterizado, desde hace ya varias décadas por la sectorialización de las mismas. Esto significa que, por un lado, se trata -o así se hacía- a los temas comerciales, mientras que, por separado, se abordaban los temas migratorios, y en otra pista, los de seguridad. La razón de esta división o “partición” de la agenda es entendible: si alguna de las “pistas” se atoraba, las otras podían seguir su curso e, incluso, contribuir a normalizar la relación. Así había sido hasta el jueves 30 de mayo de 2019. Ese día, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un tuit, como es su estilo, la aplicación de represalias comerciales contra México, debido a que, a su juicio, este no ha emprendido acciones decididas para enfrentar la problemática migratoria. Trump señaló que a menos que el gobierno mexicano desarrolle medidas concretas al respecto, aplicará a partir del 10 de junio, un arancel del 5 por ciento a todas las exportaciones procedentes de México que ingresan al mercado estadounidense. El arancel aumentará el primer día de cada mes, hasta llegar al 25 por ciento en octubre.

Llama la atención que Trump, quien ya desde abril venía amenazando con medidas similares, haya calificado la situación que se vive en la frontera común con México como de “emergencia nacional.” ¿Qué significa esto? Existe una legislación sobre poderes económicos de emergencia, ahora invocada por Trump, la cual es un recurso distinto al que ha usado a la fecha para elevar los aranceles en su administración y que le otorga una amplia autoridad para regular una variedad de transacciones económicas. Es decir, la situación es mucho más grave de lo que parece.

Antes de continuar con el análisis de la medida anunciada por el mandatario estadounidense, es menester entender que Trump es posiblemente el único Presidente en la historia reciente de EEUU decidido a ir a la guerra comercial, a pesar de las consecuencias que este hecho trae aparejadas. No le importan los argumentos de sus socios comerciales. No le interesan las críticas de los demócratas en el Congreso estadounidense. Ignora las reacciones contrarias a su decisión de personajes como los gobernadores de Texas, California y otras prominentes figuras políticas de aquel entorno. Responde como un verdadero troglodita, sin argumentos, con la dureza de un martillo. Así, apenas instalado en la Casa Blanca, retiró a su país del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). A continuación, procedió a iniciar las negociaciones con México y Canadá para negociar lo que ahora se conoce como Tratado México, Estados Unidos, Canadá o TMEC, en sustitución del que ha calificado como el peor acuerdo comercial de la historia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En seguida, anunció la aplicación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de todo el mundo -incluyendo a socios comerciales con los que mantiene tratados comerciales. El siguiente paso fue castigar a la República Popular China (RP China) imponiendo aranceles a productos chinos valuados en 250 mil millones de dólares —las tarifas ya se aplican a la mitad de todas las exportaciones del país asiático a la Unión Americana. Beijing hubo de responder gravando 110 mil millones de dólares en productos que adquiere de EEUU. Esta crisis entre Washington y Beijing catapultó a México al primer lugar como socio comercial de los estadounidenses en febrero pasado y parecía que los mexicanos vivían un momento prometedor cuando el 27 de abril, la administración Trump señaló que pondría fin a los aranceles al acero y el aluminio que adquiría de mexicanos y canadienses, lo que allanaba el camino para una pronta ratificación del TMEC.

Pero todo eso cambió con el tuit de Trump del 30 de mayo. Ante ello, el presidente López Obrador envió una misiva a su contraparte estadounidense, invitándolo al diálogo, pero enfatizando que no es un cobarde. Acto seguido, instruyó al canciller Marcelo Ebrard y a otros prominentes miembros de su gabinete a viajar a Washington para tener un encuentro, el miércoles 5 de junio, con sus homólogos estadounidenses, a efecto de resolver esta crisis.

¿Cuál debe ser la estrategia de México?

Independientemente de que este episodio en la relación bilateral deberá provocar que el gobierno mexicano se interese verdaderamente en los temas de política exterior, reconociendo la importancia que tienen, México sí cuenta con cartas para negociar con los estadounidenses.

Curiosamente la laxitud del gobierno mexicano en los decomisos de estupefacientes, al igual que el anuncio de su posible salida de la Iniciativa Mérida, son dos aspectos que podrían transformarse en el fiel de la balanza cuando las cosas se pongan muy rudas en Washington. Que México se convierta en “tercer país” o “país seguro” y asuma la responsabilidad política, económica y social de atender a los miles de migrantes de todo el mundo que buscan ingresar a Estados Unidos es inaceptable. Sería tanto como reproducir la Iniciativa Mérida, pero ahora en el tema migratorio. Por lo tanto, México deberá recordar a Estados Unidos que su seguridad nacional pasa por la de México. Que es corresponsable de la agenda bilateral en su totalidad y de la migratoria, comercial y de seguridad en lo particular -suena redundante, pero tal parece que EEUU lo olvida recurrentemente. Que México está desarrollando enormes esfuerzos para integrar una guardia nacional que combata a la delincuencia organizada y que los resultados de ello tomarán tiempo. Que si EEUU impone aranceles de manera ascendente contra las exportaciones mexicanas, estará impactando negativamente a las empresas estadounidenses, debido a la integración intraindustrial que existe a ambos lados de la frontera. Que si Trump quiere reelegirse, no podrá desatender la agenda de seguridad en la relación con México. Que es mejor que el vecindario de EEUU al sur de su frontera se mantenga estable a que se convierta en un polvorín. Que la Iniciativa Mérida podrá continuar si es replanteada en términos de mostrar un mayor compromiso financiero y económico de Estados Unidos con México. En otras palabras: que si EEUU impone los aranceles que anunció Trump, México transferirá -como debió haber sido desde hace mucho tiempo- la responsabilidad y los costos materiales y humanos del combate al tráfico de estupefacientes, a la Unión Americana. ¿Parece imposible? Trump no es razonable, así que alguien tendrá que serlo en la relación bilateral.