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Luis de la Barreda Solórzano

Tres años sin probar nada

Aun antes de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador sostuvo, en su invariable línea de acusar que nada de lo hecho por los gobiernos del llamado periodo neoliberal es rescatable, que la versión de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos de la noche triste de Iguala y Cocula es falsa. En consecuencia, se crearon tanto una Comisión de la Verdad como una Fiscalía especial para el caso, las cuales darían a conocer lo realmente sucedido. En casi tres años ni esa Comisión ni esa Fiscalía han dado a conocer un solo dato relevante.

Tampoco han ofrecido explicación alguna de por qué han incumplido la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —la anterior, antes de que fuera capturada por el gobierno— de enviar al laboratorio de Innsbruck, para su análisis de ADN, 114 restos óseos, todos con alteración térmica por acción del fuego, recuperados del basurero de Cocula y el río San Juan. La identificación de esos restos es crucial porque dilucidaría si corresponden a los normalistas.

El incumplimiento de esa recomendación pone de manifiesto que no se quiere reconocer que la versión de la PGR es correcta en lo esencial ni que la oficina creada ad hoc para el asunto, dirigida por el maestro José Larrieta —que fue desaparecida por la nueva titular de la CNDH sin siquiera haber leído la recomendación— realizó una investigación exhaustiva, rigurosa y muy profesional, que corrige y agrega importantes puntos a lo dado a conocer por la PGR.

Numerosos inculpados del espantoso crimen, que habían confesado su participación, han sido puestos en libertad porque se consideró que fueron torturados. Es indiscutible que las confesiones obtenidas por tortura carecen en absoluto de valor probatorio. Pero otras pruebas conseguidas limpiamente no tienen por qué desecharse. Una prueba de indudable relevancia es el intercambio de chats dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, que confirma lo que reveló la oficina de Larrieta. Los textos comprueban que el jefe de Guerreros Unidos le exige a un subdirector de la policía municipal de Iguala que le haga entrega de los normalistas, a quienes se refiere como “ayotzinapos encapuchados y armados”. Esta evidencia coincide sustancialmente con lo documentado por la DEA y con las conclusiones de la PGR y de la CNDH.

No obstante, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación que preside la Comisión de la Verdad, y el fiscal especial Omar Gómez siguen en su postura, a estas alturas indefendible, de que la versión de la administración anterior se construyó con la finalidad de ocultar la realidad. Pero no han logrado refutarla. Todo indica que su objetivo es achacar al gobierno anterior una actitud perversa y configurar una teoría que rinda rédito político adecuándola a los intereses de quienes han lucrado políticamente con la tragedia. No la verdad basada en pruebas, sino la “verdad estratégica”.

Varios de los participantes en la masacre hoy colaboran con la Fiscalía especial y son los que realmente conducen las investigaciones. No se requiere demasiada perspicacia para comprender que sus declaraciones están motivadas, principalmente, por el afán de eludir sus responsabilidades. Demostrada su culpabilidad en la masacre, están libres por su calidad de testigos colaboradores. Si algunos de ellos fueron torturados, eso no los hace menos culpables. Reitero: no son válidas las confesiones obtenidas por tortura, pero eso no invalida otros elementos probatorios como los mensajes de teléfono móvil, dispositivo que no podría ser torturado.

La Comisión de la Verdad y la Fiscalía especial se han empecinado en construir una verdad alternativa —una falsa verdad— al gusto de quienes han lucrado durante años con el caso. Pero no han probado nada.

Este artículo fue publicado en Excélsior el 21 de octubre de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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