Es encomiable el cometido de la presente administración federal (y de gobiernos estatales también) para alcanzar el escenario de plena disponibilidad y acceso de las telecomunicaciones en México.
Destacan los múltiples anuncios de diversas instancias gubernamentales acerca de estrategias digitales, de gobierno, de inversión, ejecución de política pública, creación de instituciones, entre una vasta lista y variedad que, señalan, contribuirán a cumplir ese cometido.
No obstante, esta configuración de esfuerzos ha padecido de una insuficiencia en sus mecanismos de coordinación. ¿El resultado? Duplicidad e ineficiencias en la ejecución de recursos materiales e inmateriales.
Uno de los anuncios de mayor trascendencia en el ámbito de la conectividad universal ha sido el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado que, si bien implica el ejercicio de recursos precisamente de la Iniciativa Privada para el desarrollo de infraestructura, será impulsado y supervisado desde la esfera pública.
Otra estrategia de gran repercusión lo fue la creación, en agosto del 2019, de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Telecom), subsidiaria de la empresa estatal proveedora de electricidad que, de acuerdo con su título de concesión, habrá de dotar de conectividad sin fines de lucro a la totalidad de la población y bajo un esquema de gratuidad a espacios públicos.
Casi en paralelo, se dio a conocer por parte de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, el Programa Nacional de Cobertura que definió criterios y condiciones para la provisión de servicios de telecomunicaciones en más de 10,000 localidades denominadas zonas de atención prioritaria de conectividad social.
En el orden estatal, han tenido lugar diversos anuncios para la provisión de conectividad en instancias y espacios públicos, así como para impulsar el despliegue de fibra óptica. Todas estas estrategias de conectividad constituyen un ecosistema en el que intervienen una multiplicidad de entidades gubernamentales, en el que no se ha definido una coordinación para su implementación. Adicionalmente, no comparten un objetivo geográfico común.
El Acuerdo de Inversión Privada contempla proyectos de telecomunicaciones a nivel nacional, mientras que la Subsecretaría de Comunicaciones estableció, en su programa de cobertura, que los esfuerzos deben enfocarse en la región sur-sureste.
Incluso, el propio acuerdo carece de certidumbre en su efectiva ejecución. Se trata de un compromiso de inversión privada que no precisamente tendrá lugar y que depende de la generación de condiciones macroeconómicas y normativas favorables para detonar los incentivos a su materialización. Además de que su horizonte de tiempo será de corto plazo, por lo que no asegura que estos recursos sean suficientes para alcanzar el cometido gubernamental.
Adicionalmente a todo ello, aún no se ha definido una Estrategia Digital Nacional. A más de un año de haberse constituido la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia, no se cuenta con este documento conductor de la política de conectividad en todo el país.
No existe un eje rector de los esfuerzos públicas para alcanzar el mandato constitucional de conectividad universal. Acaso vemos ahí una batería de empeños en donde desconocen interlocutores, presupuestos, mecanismos de articulación micro y macro, necesarios para generar la tan necesarias sinergias y economías de escala y de alcance.
Todo lo anterior, constituye una suerte de Torre de Babel en la conectividad.
Este artículo fue publicado en El Economista el 16 de enero de 2020, agradecemos a Ernesto Piedras su autorización para publicarlo en nuestra página.
