Cinque Terre

Rafael Hernández Estrada

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Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.

Torear a la Constitución

Con desesperación, al ver que las campañas de sus candidatos fracasan, que no se levantan y como un intento de transferirles su propia popularidad, Andrés Manuel López Obrador insiste en hacer proselitismo electoral desde Palacio Nacional. Para algunos de los propagandistas del gobierno, tal insistencia es un loable esfuerzo en el que el mandatario ha debido torear al infame Instituto Nacional Electoral (INE), pero lo cierto es que la intromisión presidencial en las elecciones es una reincidente conducta transgresora de la Constitución. El inquilino de Palacio pretende hacer faena no a los consejeros del INE, sino a las obligaciones e impedimentos que el texto constitucional le impone.

El INE ordenó bajar de las redes sociales de López Obrador y de las páginas oficiales del gobierno la conferencia “mañanera” del pasado 16 de abril, puesto que en la misma se hizo propaganda gubernamental prohibida durante las campañas electorales y abierto proselitismo a favor de su movimiento y contra la oposición. Dicho acuerdo, que incluyó una medida cautelar en la que se instó al gobernante a no incurrir en tales conductas en el futuro, se adoptó por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE el lunes 19 de abril, a consecuencia de una queja interpuesta por el PRD.

No pasó ni un día para que el presidente de la República insistiera en su incontenible actitud infractora. El martes realizó nuevamente propaganda de los supuestos logros de su gobierno y pronunciamientos de índole electoral y, debido a ello, el INE lo señaló por desacato a la medida cautelar y lo apercibió de que su reiteración lo haría acreedor a sanciones, tales como la amonestación pública, multas y hasta el arresto (sanciones previstas en la ley electoral).

Queriendo hacerla de torero, López Obrador reaccionó: dijo que el órgano electoral no le había notificado su acuerdo (lo que fue desmentido con el acuse de recibo, firmado y sellado) y dijo que en aquella ocasión había denunciado la existencia de un transporte de carga con despensas en San Luis Potosí. Independientemente de que una denuncia de ese tipo corresponde presentarla a algún representante electoral partidista de aquella entidad, la inspección ministerial en el lugar de los hechos encontró, sí, un tráiler atorado en un puente peatonal, pero ninguna despensa. Para completar su pretendido pase de torero y salir del problema, López Obrador alegó ignorancia, pues añadió el 23 de abril: “Entonces no sé si eso (lo del tráiler) lo debo comentar o no”.

Pero no es la ignorancia lo que explica las constantes faltas en que incurre el presidente. En la posición presidencial está, por un lado, una idea de desprecio a las leyes, una concepción de que éstas son una atadura que se opone a la justicia. Sólo que en este caso la “justicia” consiste en que los candidatos de Morena triunfen para garantizar una mayoría aplaudidora de lo que guste y mande López Obrador. El problema es que tales candidatos no cuentan, en general, con fuerza propia que los acerque al triunfo, son incapaces de enarbolar una plataforma creíble y de sostener un debate con sus competidores. Es más, algunos han resultado impresentables, como la reclutadora de la secta NXIVM Clara Luz Flores, el acusado de violación Félix Salgado Macedonio, el manoseador David Monreal y el pedófilo Saúl Huerta, diputado federal de Morena que buscaba la reelección.

Víctima de sus propios actos, pues es sabido que las candidaturas de Morena son producto del dedazo presidencial, López Obrador se ve forzado a poner en juego sus propia popularidad al hacer lo que correspondería a los candidatos, a los dirigentes de su partido y hasta a sus representantes electorales (quienes también le han fallado en su función), aunque para ello deba torear a la Constitución y corra el riesgo de una cornada.

Cincelada: con su voto a favor de prorrogar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Gómez, quien fue un destacado parlamentario, se sometió al culto a la impersonalidad.

 


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