Manuel Cifuentes Vargas

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Doctorante en Derecho por la UNAM.

Tierra, Derecho Agrario, Medio Ambiente y Pandemia

Así como muchas otras bacterias, hongos, microbios y virus patógenos para la salud humana, este virus que hoy invade al mundo, no tiene signos políticos ni marcas ideológicas, como tampoco es discriminatorio; No discrimina a nadie, pues agarra parejo y a todos por igual con la amenaza de la muerte montada en su cuerpo con su afilada guadaña. Ataca a todos los seres humanos sin distinción alguna y no respeta a nadie. Es un virus irreverente que no respeta sexos ni preferencias de estos; edades; razas, lenguas; coloración de la piel; ni vestimentas; culturas ni religiones; a clases sociales ni diferencias económicas; esto es, ni a ricos ni a pobres; tampoco a nacionalidades; a gobernantes ni a gobernados; a profesiones, oficios o grados académicos, como tampoco niveles culturales; ni a personas urbanas o rurales y, por lo mismo, ni a la gente del campo, y así podríamos decir, un largo etcétera.

Empiezo por un lugar común, aunque ya todos lo saben, pero lo hago para contextualizar el tema agrario con esta pandemia por la que cruzamos. En México, en la tierra de carácter colectiva, tenemos dos figuras agrarias: ejidos y comunidades. Según datos del Registro Agrario Nacional, actualmente existen 29,793 ejidos, quienes tienen en propiedad colectiva una superficie de 82, 275, 086.06 hectáreas, y 2, 409 comunidades agrarias, las cuales ocupan una extensión de tierra comunal de 17, 479, 010.04 hectáreas. Por lo tanto, la propiedad social en el territorio nacional es de 99, 754, 097 hectáreas que tienen 32, 202 núcleos agrarios en el país. ¿y esto que significa?, pues nada menos que si partimos de que la superficie del territorio nacional está compuesta por 195, 924, 800 hectáreas en números redondos, luego entonces el porcentaje de propiedad social es del 50.91%. Este es el retrato del rostro que tenemos en lo local como país, desde el ángulo agrario. Todos ellos son productores porque trabajan solos o asociados la tierra, de acuerdo con las vocaciones productivas que tiene la misma.

Cabe decir que la pandemia impacta en todas las vocaciones que tiene la tierra en el renglón agrario; esto es, en el agrícola, ganadero, piscícola, forestal, minero, ambiental, turístico y demás. Es de subrayarse que, en muchos de estos núcleos agrarios, adicionalmente cuentan con reservas y santuarios ecológicos declarados oficialmente y, por lo tanto, protegidos; en lo cual, por ser otra de las dimensiones de sus tierras, estos núcleos agrarios coadyuvan a la conservación de esas zonas naturalmente sagradas, por ser patrimonio nacional de primer orden y, en algunos casos, incluso patrimonio de la humanidad.

Por lo tanto, en todas estas aristas se tiene que trabajar para prevenir principalmente con medidas jurídico-administrativas agrarias, ambientales y sanitarias, para cuando la gente del campo sale a trabajar la tierra. Estas medidas, incluso también deben abarcar el entorno de su área habitacional, porque los campesinos tienen un techo donde viven y conviven en comunidad en sus zonas urbanas agrarias. Y todo esto, hay que contemplarlo en la implantación de nuevas políticas públicas y jurídicas agrarias, ambientales y sanitarias.

Como se podrá ver, no es un tema menor, ya que la esfera agraria junto con la productiva y la ambiental en su conjunto van agarras de la mano, y no puede desligarse la una de las otras. Y esto es importante tenerlo presente, repensarlo, revalorarlo y tomarlo muy en consideración en estos tiempos de pandemia, para las medidas interinstitucionales integrales y coordinadas que deban tomar en cada una de sus áreas competenciales, administrativas y jurisdiccionales, ahora tomando en cuenta las de salud pública, para que el campo este tranquilo, saludable, en paz y continúe con su ritmo de producción. Por eso hablamos de que por lo que representa la magnitud de este segmento, también es un tema que deba tener un espacio en la agenda de la Seguridad Nacional.

Los problemas agrarios no se detienen; siguen su curso porque para ellos no hay pandemia, aunque en algunos bien pueda haber una tregua o impase por este motivo, posponiendo su atención y solución en los que sea permisible y de manera selectiva por un tiempo. Razón por la que las autoridades están obligadas a prevenirlas implementando las medidas que el caso amerite, porque no se pueden quedar a la deriva, ya que con el tiempo se podrían convertir en problemas mayores y de más dificultad para su solución.

Ahora bien, desde nuestro particular punto de vista en cuanto al campo se refiere, consideramos que las dependencias y entidades federales, coordinadas con las correspondientes estatales, olvidaron consensar oportunamente un blindaje al campo en sus diversos sentidos. Lo anterior, para salvaguardar a los ejidos y comunidades agrarias productoras de alimentos, con una carpeta de blindaje amplio que llevara apoyos económicos, insumos y garantías.

En otras palabras, con una especie de seguro amplio que les hubiera permitido que las cosechas que quedaron en medio de esta pandemia, hubieran sido pagadas y aprovechadas en el mercado, para la existencia coyuntural de una economía rural sustentada en una garantía, de tal suerte que permitiera a la gente del campo, oxigenarse ante este brote y repunte del COVID -19. Pero todavía se puede hacer, porque para nuestra lamentable suerte, la duración del periodo de la pandemia aún es incierta; sin embargo, hay que apuntarlo y recalcarlo, los ciclos productivos en el campo, si van con reloj en mano, y no esperan.

CIUDAD DE MÉXICO, 21NOVIEMBRE2020.- Vida cotidiana de vecinos en el centro de Azcapotzalco. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Y aquí es precisamente donde entra y se engancha el agrarismo y el Derecho Agrario en su conexión y relación, ciertamente incidental, con esta pandemia del COVID-19, como se le ha bautizado, que nos invade trastocando de manera severa la vida, la página económica y, en nuestro caso muy particular; esto es, en lo doméstico, también se ha reflejado en el capítulo político. De ahí que podamos decir que, en lo individual como país, hoy suframos tres pandemias: la de salud pública, una económica y otra de perfil político.

Si bien es cierto que esta pandemia tiene su origen y, por ende, su acta de nacimiento en China, hoy campea singularmente libre por todo el mundo. Con esto queremos decir, que este mortífero virus se convirtió, no solo para determinadas naciones, en un letal virus de carácter mundial, amenazando la salud de la humanidad entera.

Otro vital segmento de esta cadena, en el que igualmente se ve reflejado en esta problemática, tal y como ya lo hemos anotado, es el relativo al medio ambiente, por el descuido que hemos tenido con la Tierra, enfermando seriamente el medio ambiente, sin considerar que al final del día terminará repercutiendo en el desarrollo y permanencia de la vida humana en la Tierra, pues la polutés que hemos ocasionado en la Tierra, en buena medida por el afán de un progreso descuidado e irresponsable por el no uso de tecnologías limpias, también coadyuva a la generación de elementos perjudiciales para la salud de la vida en general, entre ella la humana. No descartemos la hipótesis, de que la naturaleza nos esté cobrando las facturas del maltrato que le hemos dado a nuestra madre Tierra.

Por eso en algunas reflexiones que me he hecho sobre la vida, he dicho que junto con los elementos naturales que componen el entorno ambiental del planeta, aquí quiero agregar otros ingredientes vivientes que contiene la madre Tierra, y que muchas veces se soslayan, cuando que también son parte esencial de la vida en un marco integrador universal de la misma, toda vez que el mundo es de todos.

No es propiedad exclusiva de un o unos países, como tampoco de algunos grupos de personas por encumbradas que estén estas. Es un patrimonio temporal que hemos heredado todos los que habitamos la Tierra. No hay personas físicas ni colectivas eternas, por lo que únicamente tenemos al mundo en usufructo, como lo han tenido nuestros antepasados y lo tendrán las futuras generaciones.

De ahí que todos tengamos el ineludible deber de cuidar nuestra casa común terrenal, porque es la casa de todos, así como la obligación de conservar y no quebrantar la perpetuidad de la vida humana en el universo en el que vivimos, como tampoco la de ningún otro ser viviente en la Tierra.

Quiero apuntar aquí de paso, que estas meditaciones ecológicas a que hago referencia, me permití darlas a conocer en una pequeña publicación que hice en 1990, que titulé “Hacia un nuevo orden ecológico mundial”, en la que propuse que era necesario repensar la vida y el Derecho, toda vez que, desde mi óptica, tanto los elementos naturales vitales para la vida que contiene en sí misma la Tierra, como la de otros seres vivientes de la misma, igualmente tienen derechos, que en un ambiente civilizado debemos aceptar y reconocer, porque todos somos parte de la cadena de vida terrenal que mantiene el equilibrio natural de la Tierra.

Entre algunas de mis propuestas iban la de expedir tres declaraciones universales de derechos: la de la Tierra, la de los animales y la de los vegetales; instituir, a manera de celebración, el día mundial de los animales, el día mundial de los vegetales, y días muy concretos sobre determinadas especies de animales o vegetales; que se declararan a estos elementos de la naturaleza, a la fauna y a la flora como patrimonio de las naciones correspondientes así como patrimonio de la humanidad, abrir un capítulo en la parte dogmática de las constituciones políticas de todos los países del mundo, para considerar los derechos de estos elementos naturales y vivientes a los que hemos hecho referencia, entre otras más.

No quiero dejar de mencionar, que estas propuestas, en aquel tiempo me permití enviarlas para su valoración a la Secretaría General de la ONU, en cuya publicación se encuentra un proyecto de texto en primera persona de lo que podrían contener las tres declaraciones universales de derechos de la Tierra, la de los animales y la de los vegetales, con sus respectivos preámbulos y el texto del posible articulado. Se que ya desde hace algunos años se instituyó el “Día mundial de los animales”, aunque, a decir verdad, desconozco que organización la hizo.

Vivimos en estados políticos organizados y normados mediante reglas escritas de convivencia civilizada. Es el grado de desarrollo al que hemos llegado. Este fue el supremo pacto político-social que logramos consensar y edificar como humanos universales. Sí, se trata de ese magno contrato político-social universal, que nos permitió dar el salto para caminar del estado primitivo a un estado político social civilizado. Y en este Estado civilizado, deben estar comprendidos los otros reinos vivientes; es decir, la naturaleza entera. Si no, no es civilización, porque de lo que se trata es de la conservación de la vida; esta sí perpetua en la Tierra, en un estado saludable y de bienestar.

Nadie por poderoso que sea ni por ningún interés político o económico, o de cualquier otra índole, tiene derecho a disponer negativamente sobre el destino de la vida humana, y mucho menos atentar contra la humanidad, porque el destino de la humanidad no es propiedad de nadie. El derecho a la vida y su libertad no son una dadiva graciosa de los poderosos ni de los gobiernos, sino un don sagrado de Dios o de la naturaleza, de acuerdo a nuestras siempre respetables creencia.

Pero también, en justicia, desde estos ángulos, lo es de los animales y de los vegetales, porque también ellos tienen derechos y derecho a vivir saludables y en paz; por lo que todos los reinos vivientes tenemos ese interdependiente, imprescriptible, inalienable e indivisible derecho a la vida y derecho a vivir en saludable paz. Bien cabe aquí lo que alguna vez, reflexionando sobre el mundo de los animales y la naturaleza, Friedrich Wilhelm Nietzsche es escribió atinadamente: “Creo firmemente que los animales ven en los hombres un ser igual a ellos.”

La vida en el planeta es una cadena irrompible de vida evolutiva, que ha mantenido el equilibrio y subsistencia de la vida en la Tierra. Por eso, mantener sanos a los elementos esenciales y al entorno ambiental para hacerla posible, así como la seguridad, el bienestar, la armonía y la paz entre los reinos vivientes, permitirán seguir viviendo en nuestro único habitáculo que hoy tenemos: la Tierra.

Sí, debemos propugnar por una paz sustentable compuesta por todos los elementos integradores de la vida en la Tierra. De tal suerte que venga a constituirse en una paz total; en una paz de altura; en una paz culta. Una paz que no comprenda a todos los seres vivos, de la especie que sea, no es paz. En todo caso, sólo serán astillas de paz. Sólo así, en el regazo de una paz completa, se logrará el bienestar y la felicidad que se requiere en la Tierra.

Xenofonte, discípulo de Sócrates, en sus “Memorias sobre Sócrates”, escribe que el Maestro “no olvidaba los cuidados que exige de nosotros la naturaleza, y no alababa esta negligencia en los demás.”[1] Por esta forma de pensar de este gran filósofo griego milenario, estimo que Sócrates fue el primero o de los primeros en poner la cimiente de los defensores de la naturaleza y, por lo tanto, en el padre del loable movimiento ecologista.

Debemos construir, con la voluntad de todos, un mundo mejor. Más razonable, más justo y más “humano, demasiado humano” como diría el citado filósofo alemán Nietzsche. Por eso tenemos que ir tomados de la mano en completa armonía con los demás seres vivientes, de tal suerte que hagamos de la Tierra un mundo de convivencia social universal mas sólido y duradero, a fin de que contemos con un auténtico orden mundial razonable, justo y humano perdurable. Ha llegado el momento en que debemos repensar el concepto de vida y al mundo; a nuestra casa social terrenal.

Y esto también comprende e involucra al campo en su órbita agraria productiva y a sus actores; por eso es vinculante en una visión integral de vida universal y de desarrollo impoluto.

De ahí que definitivamente esta pandemia también sea un tema de corte agrario y medio ambiental de Seguridad Nacional. De Seguridad Nacional en sus dos amplios capítulos: en el ámbito interno de los países y en su horizonte exterior; esto es, como ha quedado demostrado en los hechos, hacia todo el mundo, porque a todos amenaza y afecta en general en diversas aristas; entre ellas a la agraria y al medio ambiente. Es un atentado el que hace este nocivo virus no solo contra la vida en un país, región o continente, sino contra la vida humana mundial.

Es por eso que en todos los países deban estar activados los focos en el libro de la Seguridad Nacional; en este caso, en sus carpetas de la salud pública nacional y en la seguridad mundial, pero también por sus efectos, en la ventana agraria y del medio ambiente, en la toma responsable de todas las medidas preventivas y correctivas del caso, tendientes a prevenir, mitigar y evitar en la medida de lo posible sus efectos dañinos.

CUERNAVACA, MORELOS,23OCTUBRE2020.-l. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

El campo no está exento de su impacto y efectos de muy diversa índole. De ahí que, en el terreno administrativo, en el procedimental, como en el jurisdiccional agrario, deban tomarse diversas medidas preventivas y/o correctivas oportunas y eficaces, así como de coordinación interinstitucional, para contrarrestar sus efectos, ya que estos pudieran poner en riesgo la necesaria tranquilidad y normalidad que debe existir en la tenencia y producción de la tierra.

Para lo agrario y para el Derecho Agrario, esta pandemia es algo completamente nuevo, así como lo ha sido para casi todos los sectores, porque no se había presentado un caso de esta naturaleza y magnitud. Por eso, a las instituciones y a los actores agrarios, también los agarró desprevenidos, pues no estaban preparados para atender de inmediato y de manera eficaz algo así, toda vez que no estaba en su escenario de trabajo. Lo anterior, no obstante los llamados de alarma que se habían hecho desde el exterior, los tomó de sorpresa, como a todos, teniendo que actuar sobre la marcha en un terreno que no habían vivido, a lo cual agregaríamos de paso, la incredulidad de mucha gente en este fenómeno maligno.

No quiero dejar de apuntar que el Sector Agrario, los tribunales agrarios y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, desde el 18 de marzo del año actual, prácticamente cerraron las puertas, paralizándose los procesos y se aplazaron los términos legales con motivo de la propagación del letal coronavirus, lo cual fue acertado.

Sin embargo, al suspender sus servicios y trámites, quizá olvidaron en esta dinámica preventiva de salud pública, las afectaciones que se pueden producir a los sujetos agrarios por estas medidas, como son: más rezago jurídico social al ya existente en materia agraria, al posponer su solución. Tal es el caso de la ejecuciones de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras y de reconocimiento, restitución y titulación de las mismas en el caso de las comunidades agrarias; la entrega de carpetas básicas mediante las cuales se da certeza jurídica y documental sobre la propiedad social de la tierra a los sujetos agrarios; los apoyos al campo; aplazamiento de resolución de conflictos sociales en el medio rural que ponen en riesgo la paz en la tierra; exclusiones de propiedades particulares enclavadas en ejidos y comunidades agrarias; conflictos sobre derechos individuales agrarios; trámites de derechos colectivos e individuales; registros de los actos jurídicos; calificaciones registrales; cumplimientos de sentencias de los tribunales agrarios, así como de ejecutorias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones. Esta es solo una pequeña radiografía del número elevado y diverso de asuntos que cotidianamente se atienden en el Sector Agrario, quedando todo pendiente en medio de la pandemia del pernicioso virus.

Pongamos de ejemplo para entender más esta vinculación, a la Procuraduría Agraria, que es la instancia del Gobierno de la República que por mandato constitucional tiene facultades para procurar justicia agraria, mediante la conciliación y arbitraje entre otros rubros, a los núcleos agrarios, a sus integrantes y, en general, a los campesinos de nuestro país, así como la de apoyar y representar legalmente a los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y de comuneros, pequeños propietarios y avecindados y, en general, a los hombres y mujeres del campo, en los juicios que les corresponda, de conformidad con lo que establece el Artículo 136 de la Ley Agraria.

Esta representación la ejerce a petición de parte, a través de sus abogados agrarios, ante el Tribunal Superior Agrario y los 56 Tribunales Unitarios del ramo agrario establecidos en todo el territorio nacional. Vale mencionar de paso, que estos órganos jurisdiccionales dotados de plena autonomía, fueron creados en 1992, como resultado de la reforma al Artículo 27 de la Constitución General del país y de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de ese año.

De tal forma que los servicios jurídicos que brinda dicha Procuraduría en sus representaciones estatales, residencias y a nivel central, tienen por objeto que la justicia llegue a los sujetos agrarios en forma expedita. No obstante, con motivo de la pandemia y como parte de los protocolos de prevención para evitar la propagación del coronavirus, se está dejado de atender con la normalidad que antes se hacía, lo cual es entendible, a campesinos, ejidatarios, comuneros, así como a sus órganos representativos, suspendiendo los servicios de audiencias donde los sujetos agrarios pueden defender sus derechos.

La implementación de juicios por videoconferencia, sin duda son para procurar agilizar la justicia en tiempos del Covid-19. En consecuencia, debemos decir que poco a poco los órganos jurisdiccionales se han ido adaptando a esta exigencia, utilizando a la tecnología como aliada. Sin embargo, estimo que todavía no está debidamente dimensionada su instalación y sus efectos, pues creo que en México aún carecemos de una cultura sólida en este renglón, lo cual se acentúa más tratándose del campo mexicano.

En efecto, la realidad es que en el campo mucha de su gente aún no cuenta con la herramienta de la computadora o del internet, y otros, por no haber sido su temprano tiempo, les cuesta trabajo hacer uso de este y conectarse para la realización de las videoconferencias y/o video audiencias, porque no están familiarizados con esta herramienta tecnológica de punta. En otras palabras, en el campo mexicano aún no existe una cultura de este moderno y dinámico medio de comunicación digital.

Es por ello que en muchos casos les ha resultado problemático y dificultoso a los sujetos agrarios, por no estar familiarizados con estas novedosas plataformas digitales, con lo cual se ven y se sienten afectados por considerar que les afecta en el debido proceso, conforme al espíritu de lo que expresan los numerales 14, 16 y 27 Constitucional, ya que el elemento toral, desde nuestro personal punto de vista, es la procuración e impartición de justicia en el campo mexicano.

Ciertamente la vinculación de la que venimos hablando no es totalmente extraña a los sujetos agrarios mediante el mecanismo de las videoconferencias. Sin embargo, vale hacer el señalamiento que en materia agraria no hay disposición legal que permita contar con un sustento expreso para llevar a cabo juicios agrarios digitales, por lo que es otra veta que deberá explorarse en futuras modificaciones que se deba hacer al marco normativo agrario.

En la práctica, lo que se ha visto en los juicios remotos, tiene que ver con el difícil acceso a un eficiente servicio de internet estable, de buena calidad y de buena velocidad. Una conexión precaria donde a veces se pierde la imagen o el sonido, e incluso hasta por la interrupción momentánea o duradera del servicio eléctrico, podría tener repercusiones en el principio de continuidad, al haber interrupciones constantes en las videoconferencias. La imagen y el sonido en estas debe ser nítida, sin interrupciones y sin retrasos. Las fallas técnicas podrían colapsar la celebración de audiencias, como ya sucedió en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Otra de las dificultades que se presenta en los juicios agrarios por videoconferencia, es garantizar el principio de publicidad, ya que se tendrían que llevar a cabo muchas transmisiones en tiempo real. Además, el realizar de esta forma las audiencias, podría entrañar riesgos a la privacidad de los intervinientes; por ejemplo, al proyectarse documentos o imágenes sensibles. Con todo, las video audiencias podrían ser una opción a considerar.

Por otro lado, un aspecto preocupante es la forma en que los tribunales agrarios podrían controlar a los órganos de prueba. Hay riesgos de que peritos en topografía o testigos, puedan recibir información mientras rinden su declaración, por lo que tendrían que tenerlos a cuadro para estar determinando la equidad en los términos y condiciones para que no exista ninguna ventaja procesal.

Algunos otros puntos que también resaltan, es la forma en que los tribunales agrarios se asegurarían de la legitimidad de las partes, o la manera en que las partes se podrían comunicar con sus representantes. Por ejemplo, la comunicación entre abogado y cliente, o entre el perito con el asesor jurídico agrario (PA). Además, sin ser menos importante, quizá habrá a quienes les costaría entender la relevancia de los juicios por videoconferencia.

Los dispositivos digitales entre la familia agraria, hoy entrarìan en un periodo experimental; en el de ensayo y error y, por ende, en el de perfeccionamiento, ahora obligada a probar y a desarrollar en plenitud, forzada por el necesario y sano distanciamiento personal físico por la pandemia; más todavía en el campo, por lo que se antoja urgente llevar estos dispositivos de comunicación a los núcleos agrarios, para incorporarlos a la sociedad de la información.

Extraña que habiéndose implementado la celebración de juicios digitales en el Poder Judicial de la Federación desde hace algunos años (13 de abril de 2013), los tribunales agrarios se hayan quedado rezagados en la instalación de esta plataforma digital judicial, por lo que la pandemia los agarro con los dedos en la puerta, y ahora tienen que trabajar a marchas forzadas para tal fin, con todo lo que significa la curva de aprendizaje y adaptación, así como la ineludible tarea y reto de reculturizar a la gente del campo, para incorporarla a la sociedad digital.

Ahora bien, la tierra no solo debe tener certidumbre jurídica y certeza documental, ya sea como propiedad social o privada, para el atractivo de la inversión y producción del campo. Se necesita quién la trabaje, y es por eso que, además por necesidad, los campesinos y las campesinas; es decir, las mujeres tierra y los hombres tierra, tienen que salir a trabajar la tierra. No pueden quedarse inmóviles, por dos razones vertebrales: una por necesidad de carácter personal y familiar, y la otra de carácter social; esto es, por su compromiso social, pues tienen que trabajarla para producir y alimentar a la sociedad, asì como dotar de insumos a la industria.

Digámoslo con otras palabras, primero porque tienen que comer y atender sus necesidades primarias de familia; y para ello, tienen que salir a trabajar la tierra y no dejarla ociosa; si no, de donde van a comer y atender sus necesidades primordiales, pues no se puede pasar por alto que tratándose de ejidos y comunidades agrarias, en muchos casos en buena medida, su producción es para el  autoconsumo. Aunque aquí algunos podrían decir que ya se trata más bien de un tema productivo del campo y no estrictamente agrario, lo cual es cierto; pero también hay que decir que lo productivo en el sentido de hacer producir la tierra, está íntimamente ligado y relacionado con la seguridad agraria, en cuanto que en la tierra debe haber tranquilidad y certeza jurídica para darle confianza a la inversión y producción de la misma.

Y la segunda, porque todos a final de cuentas tenemos que comer, beneficiándonos para ello de su trabajo, por lo que, en este sentido, somos totalmente dependientes de la tierra y de sus trabajadores. Somos dependientes del campo y de su sano medio ambiente. Por eso también nos importa, y mucho, la salud en el campo y de sus actores, pero también la de las instituciones administrativas y jurisdiccionales agrarias encargadas de coadyuvar, en su correspondiente círculo competencial, a darle seguridad jurídica y productiva a la tierra, así como la sanitaria respectiva a sus actores, para atender en estos tiempos de pandemia, la seguridad agraria y alimentaria, que también son temas de la Seguridad Nacional.

En nuestro tiempo, se necesita forzosamente del apoyo decidido de la ciencia y de la tecnología, sobre todo en el de carácter ejidal y comunal, que es la gente de más escasos recursos económicos, toda vez que ocupan casi el 51% del territorio nacional, pues no puede continuar, aún en muchos casos, con los usos y costumbres heredadas del pasado. Es necesario siempre mantenerlo al día acompañado de los avances de la ciencia y de la tecnología. Por eso considero que de manera interinstitucional: Federación, estados y municipios, junto con los centros de estudios del país donde se hace alta investigación; donde se hace ciencia y tecnología de avanzada, llevar a través de sus egresados estos apoyos científicos al campo; esto es, la ciencia y la técnica al campo para permanentemente mantenerlo modernizado y sacar el mejor provecho productivo a las tierras con el cuidado del medio ambiente.

Dentro de este marco, quizá sea necesario revivir la figura del “Extensionista”, si se quiere redimensionada y con otro nombre, que existió en décadas pasadas; quienes daban asesoría, apoyo y orientación a la gente del campo para tener el mejor provecho de la tierra. Y aquí es donde considero que, en estos tiempos como en cualquier otro, se podrá conjuntar el noble trabajo y apoyo al campo de manera interinstitucional de los tres niveles de gobierno acompañados de las instituciones de educación e investigación del país, con la recepción y acompañamiento de las mujeres y hombres del campo mexicano.

Simplemente, a manera de ejemplo, permítaseme ilustrar este pasaje, señalando que en el pasado mediato había en el Sector Agrario tres importantes programas de apoyo directo a los núcleos agrarios, denominados “Programa Fondo  para el Apoyo a Proyectos Productivos a Núcleos Agrarios” (FAPPA), que tenía como propósito fomentar la igualdad de oportunidades  y de trato entre mujeres y hombres rurales, promover el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y ayudar a eliminar la pobreza; “Programa de la Mujer en el Sector Agrario” (PROMUSAG), que consistía en una acción afirmativa tendiente a otorgar proyectos productivos a las mujeres del campo, con el fin de fomentar sus condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato a las mujeres rurales, para promover el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y de su desarrollo, y el “Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, cuyo objeto era incorporar a los jóvenes a las actividades productivas vinculadas a la tierra para incrementar su productividad, mediante proyectos productivos rentables y sustentables, tendiente a arraigar a los jóvenes principalmente en sus tierras de origen, a fin de evitar su migración con la pérdida de su identidad y cultura propia, facilitándoles el acceso a la propiedad social y, de esta manera, promover la renovación generacional en el campo. Tres programas de apoyo a hombres, mujeres y jóvenes del campo mexicano, para contribuir a su desarrollo.

Sin embargo, en años recientes los dos primeros programas se trasladaron a SAGARPA y el tercero tengo entendido que desapareció del mapa agrario, por lo que hoy se carece en el Sector Agrario de este tipo de programas de apoyo directo al desarrollo de los núcleos agrarios. Se estima que en este abanico de oportunidades que ofrece el campo, se podrían retomar, si se quiere con otro horizonte y reglas de operación, es donde podrían entrar y engarzarse los apoyos interinstitucionales y académicos de que hablamos en el párrafo anterior, a fin de relanzar al campo para lograr su mejor productividad; rejuvenecerlo y dibujar en él una sociedad agraria más igualitaria.

Por otra parte, expreso que la normativa legal y administrativa agraria, no está diseñada para atender este tipo de pandemias en el campo, como tampoco de ninguna otra, porque no se habían tenido experiencias en este sentido. La ingeniería de la ley y la arquitectura de la normatividad secundaria agraria, no tiene lineamiento alguno previsible de qué hacer en supuestos de pandemias; y menos porque, en todo caso, cada una de estas pueden tener su propio sello distintivo o caracterología propia. Pero considero que el reto que nos impuso hoy esta pandemia, en nuestro caso particular para lo agrario y el Derecho Agrario, es que se debe reorientar su normativa para considerar algunos lineamientos en el sentido de qué hacer en estos escenarios.

Esto es necesario hacerlo y se necesita repensarse, para incorporarlo en futuras adecuaciones a la Ley Agraria, así como a la demás normatividad de la materia, tanto en la página administrativa como en la página jurisdiccional agraria, a fin de darle seguridad y certeza a los sujetos y actores agrarios en ambos ámbitos. Creo que sí deben hacerse modificaciones legales y administrativas de carácter preventivo, para los hipotéticos casos de pandemias sanitarias que puedan inmovilizar al campo. Hay lo dejo para la reflexión de ustedes y de la del legislador.

Por último, recalco que la seguridad jurídica y la certeza documental en la tenencia de la tierra, es un tema de Seguridad Nacional porque estas llevan paz al campo. Y es un tema de Seguridad Nacional, porque sin seguridad jurídica y documental indiscutible sobre la propiedad de la tierra, ya sea social o privada, simplemente se desalienta la inversión en el campo y, con ella, la producción del mismo, además de los malestares y desasosiegos que se pueden despertar entre su gente, que pueden generar múltiples problemas de diversa índole, que hagan estallas conflictos por y sobre la tierra y su productividad.    Sección

De ahí que reiteremos que la paz en el campo, sumado ahora con los tiempos de la pandemia del COVID-19, con más razón deba considerarse como un componente de la Seguridad Nacional, que no está previsto ni en la normatividad agraria, como tampoco en la agenda de la Seguridad Nacional, y que, por lo tanto, deben tomarse las medidas necesarias de acuerdo a su magnitud, para tener seguridad, certeza y paz en el campo mexicano, acompañado de un indispensable sano medio ambiente.

En efecto, la paz en el campo, el cuidado del medio ambiente y la pandemia sanitaria por la que atravesamos, hoy son temas íntimamente vinculantes y, por lo tanto, en el marco de los progresivos derechos humanos de cuarta generación, lo son de Seguridad Nacional en lo domestico; pero que, además, le importan y trascienden al mundo, tratándose del derecho a la vida, como el derecho primordial de los derechos humanos universales.

Pero en un mundo más humano y de una cultura auténticamente de avanzada, en el que debemos convivir en armonía y paz todos los seres vivientes de este planeta,  valorando a la vida en general para lograr su permanencia en la Tierra, en el saludable ambiente de los indispensables equilibrios que nos exige, como seres pensantes de razones y sentimientos, debemos ir más allá, pugnando y proponiéndonos con verdadera seriedad y firmeza, así como con plena y sublime convicción, por el respeto a la vida universal en la Tierra, pues la madre Tierra ya no aguanta más.

24 – noviembre – 2020.

“XXII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y V Internacional.”

Tema del Congreso: “El Derecho Agrario frente a la pandemia.”

Ciudad de México. 23-26 de noviembre del 2020.

[1].- Xenofonte. Vida y doctrina de Sócrates. Editora Nacional. Colección económica. Libros de bolsillo, No. 279. México, D. F. P. 13.

 

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