Así como los procesos electorales son un festivo momento climático de la democracia, también nos saca los peores demonios.
La descomposición en algunos estados lleva a que la delincuencia organizada se meta en la política y se convierta en un actor más. No es nuevo, pero se ha incrementado, es cuestión de ver algunos estados para confirmarlo.
La delincuencia impone candidatos bajo circunstancias en que los políticos terminan contra las cuerdas en medio de escenarios, en que bajo ciertas condiciones, no les queda de otra que aceptar, lo contrario cuesta muy caro.
Las buenas intenciones de candidatos y políticos se pueden diluir con facilidad pasmosa. La delincuencia organizada impone y amenaza, pero también ofrece una tangible ayuda que paradójicamente ayuda a la gobernabilidad, pero, al mismo tiempo, convierte a la actividad política en una auténtica perversidad.
En el mejor de los casos las y los candidatos acaban negociando. En ocasiones no les queda de otra que aceptar las condiciones que les impone una delincuencia organizada que se ve cada vez más poderosa, a pesar de las muchas promesas de diferentes administraciones de que se le iba a atacar; los cárteles se siguen moviendo a su antojo.
Tiene lógica que en función de los incontrolables problemas de inseguridad la delincuencia mantenga una capacidad de maniobra particularmente activa y grande. Mientras no disminuyan en esencia los altos niveles de inseguridad, la delincuencia se moverá con “libertad”, porque además saben que en muchos casos en los cuales están involucrados las cosas terminan en la impunidad.
Guanajuato se ha convertido en un centro emblemático de la violencia. Son muchos los motivos que se conjuntan bajo la paradoja de que es uno de los estados con uno de los PIB más altos. No hay problemas de desempleo, crecimiento y movilidad, más bien en algunas áreas queda la impresión que puede dar todavía más.
Las empresas trasnacionales han encontrado en el estado una alternativa real para la producción. A pesar de la violencia, han mantenido altos niveles de productividad a lo que se suma la gran capacidad de los trabajadores mexicanos. Se conjuntan situaciones que las empresas trasnacionales valoran, al tiempo que se aprovechan: mano de obra calificada, salarios desiguales y la necesidad de los gobiernos de impulsar a toda costa las inversiones.
Es muy probable que las variables que definen la violencia en Guanajuato radiquen en la ubicación geográfica del estado y, a pesar de lo que digan las autoridades, en el hecho de que las actividades de huachicol siguen siendo el factor clave para las batallas entre grupos de la delincuencia, con la participación inevitable y muchas veces desesperada, de innumerables ciudadanos.
El huachicoleo no ha parado, a pesar de los dichos de la autoridad y de las tragedias que se han vivido. La descomposición es cada vez más preocupante, porque la delincuencia llega a actuar en las grandes ciudades del estado sin importar la hora y el momento.
Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco y Sonora llevan un buen tiempo bajo el círculo perverso de la violencia, la cual en tiempos electorales se convierte en la violencia política.
La intimidación es el otro gran factor que acompaña a ciudadanos y políticos en todo el país, pero, sobre todo, a estos estados.
Todos saben lo que pasa y todos saben que denunciarlo o alzar la cabeza es de vida o muerte.
Es el temor, la indefensión, la impunidad y saber que nadie se preocupa de los ciudadanos a los que llenan de promesas.
Así vamos en muchos estados con rumbo a las elecciones.
RESQUICIOS.
Dice López Obrador que “un alto funcionario de Televisa” le dijo en 2006 que había ganado las elecciones y “que se tenía que defender”. Todo ya nos sirve para la especulación, porque el susodicho no abrirá la boca, lo que no olvidemos es que la relación entre la empresa y el hoy Presidente, digan lo que digan, mala no era.
Este artículo fue publicado en La Razón el 05 de marzo de 2021. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
