Como se dice coloquialmente, vaya descolocada que le provocó el viernes pasado el gobierno de los Estados Unidos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto de ley de implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que la administración del presidente Donald Trump remitió a la Cámara de Representantes. Por más que los funcionarios de la 4T aleguen que no hay letra chiquita, lo que es evidente que sí hay, son compromisos políticos adicionales.
Hay aspectos que preocupan en el texto mismo del protocolo modificatorio, como es el caso de lo que cedió el subsecretario Seade en materia de reglas de origen para el acero que se emplea en la industria automotriz, o bien, la posibilidad de que, mediante una denuncia de Estados Unidos por una supuesta violación a los derechos laborales en México, un panel de solución de controversias pueda considerar válidamente que esa supuesta violación sí está afectando el comercio o la inversión entre los países firmante; lo que México tendría que demostrar en contrario, es decir, que aceptamos (bueno, el subsecretario Seade aceptó) que la carga de la prueba recaiga sobre el país denunciado, no sobre el que denuncia. Pero, adicionalmente a esos compromisos vertidos en el texto formal del protocolo modificatorio, están los compromisos políticos que México asumió y que quedaron reflejados en el texto del proyecto de ley de implementación del T-MEC y su protocolo modificatorio.
En la carta que el presidente López Obrador envió a los demócratas el pasado 14 de octubre, además de enumerar los recursos presupuestales destinados en el 2020 para implementar la reforma laboral, también informó que la Secretaría del Trabajo, y la SHCP, prevén destinar 176 millones de dólares para el mismo fin en el 2021; 325 millones de dólares en el 2022 y 328 millones de dólares en el 2023, claro, sin tomar en cuenta a la Cámara de Diputados, el órgano con la competencia exclusiva de aprobación del presupuesto federal. Estos compromisos y otros enumerados por el presidente en su carta, quedaron garantizados en la misma, en el penúltimo párrafo donde señala “les comunico que el gobierno de México no tiene reservas respecto a implementar mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de lo aquí asentado”. Lo que fue adoptado como un compromiso firme por EU para quedar reflejado en el proyecto de ley de implementación del T-MEC que esta semana aprobará el congreso de aquel país.
En la página 193 de ese proyecto de ley, aparece una sección con el número 715, que se titula “Recomendación para emprender una acción de cumplimiento”, en la que se establece, que derivado de los informes semestrales que elabore el Comité Laboral Intersecretarial (de ellos) en los que se asentará si México está cumpliendo con el presupuesto comprometido para la reforma laboral, así como en virtud de otros posibles supuestos de incumplimiento, ese comité podrá recomendar a la USTR que inicie una acción de cumplimiento en contra de México. Así que, el tema de los agregados laborales no es el único sobre el que hay que ponerse a pensar hasta dónde llegaron los compromisos políticos hechos por México. Todo esto indica que el Senado estratégicamente debía haber esperado a que se conociera el proyecto de ley de implementación del T-MEC en Estados Unidos y no apresurarse a aprobar el protocolo modificatorio.
Este artículo fue publicado en El Economista el 17 de diciembre de 2019, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
