El clientelismo electoral es premiado por el gobierno del presidente López Obrador, quien aceptó la renuncia de ocho de los superdelegados para que compitan por las gubernaturas de sus estados. En otra entidad, un subsecretario renunció con el mismo fin. Quedó comprobado así el pronóstico de que la estructura de los Servidores de la Nación, además de hacer una inconstitucional promoción personalizada del Ejecutivo, impulsó las carreras políticas de sus coordinadores estatales en pos de los gobiernos locales.
Sumando al subsecretario aludido son nueve candidaturas, que no es un número menor, pues son 15 las entidades que habrán de elegir gobernador el año entrante. Esto quiere decir que en casi dos tercios de las gubernaturas en disputa será la estructura clientelar del gobierno la que proveerá a los candidatos del partido Morena. Los exfuncionarios tomaron tramposamente la ventaja, pues se autopromovieron durante dos años distribuyendo, en forma directa, decenas de miles de millones de pesos del erario en apoyos a la población necesitada.
Los señalados por el dedo presidencial son: Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Índira Vizcaíno, de Colima; Juan Carlos Loera, de Chihuahua; Pablo Sandoval, de Guerrero; Hugo Eric Flores, de Morelos; Manuel Peraza, de Nayarit; Gilberto Herrera Ruiz, de Querétaro, y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, a quienes se debe añadir a David Monreal Ávila, quien dejó el cargo de subsecretario de ganadería para competir por el gobierno de Zacatecas.
Una de las hipótesis que plasmé en el libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T, publicado en septiembre del año anterior, quedó plenamente comprobada, pues los mencionados seguirán el ejemplo de Jaime Bonilla. Éste pasó de ser el superdelegado de AMLO en Baja California a ocupar la candidatura a la gubernatura del estado fronterizo, lo mismo que la mayoría de quienes hoy se desempeñan como alcaldes de esa entidad, que eran los coordinadores regionales de los Servidores de la Nación.
Tal hipótesis también fue expuesta en la queja electoral que dio lugar a la sentencia SRE-PSC-71/2019 emitida el 27 de diciembre de 2019 por la Sala Regional Especializada del TEPJF. Dicha sentencia, aunque no señaló la responsabilidad directa del Presidente de la República, encontró que la operación clientelar violó el artículo 134 de la Constitución y que la mayoría de los superdelegados era responsable de dos faltas: 1) uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada; y 2) desacato a las medidas cautelares dictadas por el INE.
Foto: Diario de Yucatán
De entre los futuros candidatos a gobernador, quedaron señalados en la sentencia, por la primera de las faltas, el guerrerense Pablo Sandoval y por desacato al INE Índira Vizcaíno (Colima), Hugo Erick Flores (Morelos) y Lorena Cuéllar (Tlaxcala). A éstos últimos se debe añadir a Verónica Díaz, la ex secretaria de David Monreal, a quien éste encomendó la coordinación de los Servidores de la Nación de Zacatecas y que también fue señalada. A los otros tres candidateados la Sala no les señaló responsabilidad particular, pese a las múltiples evidencias en su contra.
Las gravísimas infracciones dictaminadas por el máximo tribunal electoral debieron ser sancionadas por los superiores jerárquicos, quienes no debían investigar nada, pues los hechos habían quedado probados en el procedimiento judicial. Contando a los mencionados, se trata de 26 superdelegados señalados por una o por las dos faltas. A la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Bienestar les correspondía exclusivamente sancionar a los infractores pero, por órdenes presidenciales, estos han sido beneficiarios de la impunidad. Ahora los mencionados, además, recibirán en premio las candidaturas a gobernador de sus estados.
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