Los más de 155 mil muertos (oficiales) por la COVID-19, que tienen a México en el tercer lugar mundial de ese penoso ranking, son la consecuencia de una política de no gastar en salud, planteada dolosamente por el gobierno federal.
Expliquemos el asunto con una descripción sencilla. Imaginemos, por un momento, que México tiene servicios de salud como los que prometió López Obrador. La secuencia normal, ante síntomas de COVID-19, sería la siguiente:
Día uno, aparecen los síntomas e inmediatamente se hace una prueba PCR; día tres, los resultados de la PCR señalan positivo e inmediatamente se aplica tratamiento; día ocho, concluye la primera ronda de medicamento y se evalúa si se requieren otras substancias; día 14, concluye el ciclo usual de la infección; día 21, se hace una segunda PCR y prueba de anticuerpos, si la PCR es negativa y la de anticuerpos positiva, se monitorea semanalmente a la persona y comienzan tratamientos de las secuelas.
A precios de mercado, una atención médica así cuesta entre seis mil y treinta mil pesos. Por tanto, los servicios públicos de salud en México debieron haber recibido una dotación de, al menos, 12 mil millones de pesos adicionales, para atender a los hasta ahora casi dos millones de infectados.
Pero faltan los costos de atención hospitalaria para personas que necesitan oxígeno o incluso intubación. Los respiradores artificiales cuestan alrededor de medio millón de pesos, si consideramos que en dos semanas pueden llegar a morir, al ritmo actual de decesos, casi 23 mil personas, al menos deberían tenerse un promedio de dos mil ventiladores por entidad federativa, es decir, 64 mil respiradores.
Animal Político reportó, en marzo del año pasado, que México enfrentaba la pandemia con 60 mil camas y 5 mil 523 respiradores mecánicos. El 18 de enero de 2021 se reportó que había 10 mil 240 camas con soporte respiratorio artificial, que son muchas menos de las necesarias en un país donde la tendencia marca que cada día mueren mil 500 personas por esta enfermedad.
Si ya no íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, prometido por el presidente, al menos debieron habilitarse todas las escuelas primarias y secundarias públicas como refugios COVID y dotar de medicamento, camas y atención a esos casi dos millones de infectados.
Con los 41 mil 256 millones de pesos que se destinaron en 2020 a la construcción de la refinería de Dos Bocas, se hubiera podido atender debidamente a todos los infectados por la COVID-19.
Este año 2021 se destinarán 45 mil 050 millones más a ese proyecto. Huelga decir que por eso no se compraron vacunas suficientes para todos los mexicanos: por ejemplo, dar vacunas de Moderna a todos los habitantes del país implica destinar más de 130 mil millones de pesos, erogación que entrañaría dejar de gastar en el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, así como en las prácticas electoreras de este gobierno federal.
En resumen: o salvabas 155 mil personas… o construías tu refinería.
Entonces, no hay que confundir las acciones de los dos López (Obrador y Gatell) con la estupidez consistente y la ignorancia irredenta: los muertos por la COVID-19 son resultado de un plan sistemático de “ahorro” de recursos públicos, para destinarlos a la triada de elefantes blancos y programas demagógicos con los que Morena pretende consolidar su dominio del gobierno.
López-Gatell no es estúpido: es un cicatero criminal.
Nos vemos en La Haya.
