Cinque Terre

Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

Sinrazón de Estado

Entre las discusiones sobre la salida del ministro Medina Mora, quizá el peor argumento que he escuchado es la defensa del gobierno “porque actuó pragmáticamente”. 

En un estado constitucional de derecho, tal afirmación sólo puede ser consecuencia del cinismo o estupidez de su emisor.

Algo similar puede decirse de la afirmación de que “el Poder Judicial no es contrapeso político, sino constitucional”, cuando la Constitución habla de poderes y la naturaleza de la política es el ejercicio del poder. En una democracia constitucional, todo contrapeso político es contrapeso constitucional.

La pregunta es a qué viene tanta maroma de voceros de la 4T y sus aliados. El presidente de la Corte Suprema, impuesto desde Palacio Nacional, no tenía necesidad de comportarse como un vocero más del canal de las querellas.

Salir a defender al presidente López —y aprovechar para cargar contra Felipe Calderón— sólo puede obedecer a dos razones: a) quedar bien con el actual primer mandatario; o b) descararse, después de muchos años de represión, para mostrar sus verdaderos colores. En cualquiera de los dos supuestos, su conducta es frívola e innecesaria.

Innecesaria porque Arturo Zaldívar sirve menos a López en el papel explícito de subordinado del Ejecutivo; también, porque su “triunfo” aún es insuficiente para una reacción tan exagerada.

Frívola porque el papel de cabeza del máximo tribunal de un país exige imparcialidad, seriedad, sustancia. Las cabezas de la Corte Suprema estadounidense o británica no andan haciendo desfiguros en programas de cómicos de la legua, ni se sienten influencers —concepto al que acertadamente aludió Denise Dresser en Es La Hora de Opinar—. La neutralidad del árbitro se dificulta si este no guarda silencio antes de emitir sus decisiones.

Los matraqueros de diversa ralea, desde los ignorantes hasta los demagogos, intentaron defender el comportamiento de Zaldívar con un argumento peregrino: que la Corte debe acercarse a la gente. Ese razonamiento falla en diferentes niveles.

Primero, porque Zaldívar no es la Corte —a lo más, es el presidente de un órgano colegiado—, así que una cosa es que el tribunal sea cercano a la sociedad y otra que la vocería se la arrogue un ministro.

Segundo, porque la Corte sí tiene mecanismos de aproximación social, desde la transparencia de sus debates hasta su atinada nueva barra televisiva —por ejemplo, el programa que conduce Miguel Carbonell, en el que se explican decisiones del máximo tribunal—, así que resulta innecesario que el ministro presidente se distraiga de sus atribuciones principales —que es sentenciar en el Pleno y gobernar el Poder Judicial como cabeza del Consejo de la Judicatura— para salir de invitado en emisiones variopintas.

Tercero, porque el alegato de la cercanía social no es más que la versión comunicacional de la falacia de que «la Corte debe escuchar el mensaje de las urnas», cuando su función es controlar la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes y entidades públicas, no servir de caja de resonancia de mayorías electorales.

Y sobre este punto no hay más que reprobar el javiertellismo, que tergiversa la naturaleza del sistema federal: no hay tres poderes para que vayan en unidad, como Javier afirma, sino para que se vigilen mutuamente.

La unidad proviene, cuando se da, del arreglo de cada poder a la Constitución, porque el poder se divide y se controla para que tenga límites, no para que los órganos públicos se hagan la pala. El sistema estadounidense, que México copió, no busca un gobierno fuerte, sino uno con apenas la potencia suficiente para realizar sus funciones, ni un poco más, para que no abuse de sus potestades.

Detrás de esas falacias y deformaciones conceptuales se encuentra el afán irracional de justificar el excepcionalismo lopista: la posición de que a su gobierno y gente no le son aplicables los principios y reglas de la democracia constitucional —por su alta misión u honestidad, la excusa es lo de menos, ninguna valida la patente de corso que le quieren otorgar—.

Detrás de controlar a la Corte no sólo se encuentra la vulgar vocación autocrática a anular los contrapesos del poder, sino una idea propia de los totalitarismos más perniciosos: la de que el líder encarna el patriotismo y que cualquier disenso es traición. De ahí el ardor estalinista, nazi o yihadista con el que los adeptos de la 4T fustigan a quienes piden que el presidente López respete la Constitución.

En la lógica de la 4T, se está librando una guerra santa, poco importa que su profeta no lo sea. Sus pequeñas fallas deben ocultarse en cumplimiento de la misión histórica que el ángel le reveló. Le toca expulsar a los demonios del neoliberalismo, la ciencia, la métrica, la eficiencia y las políticas públicas, para llevar al paraíso keynesiano al pueblo oprimido por los infieles que no aceptan las revelaciones del profeta de la justicia social —whatever that means in his troubled mind—.

Con ese mandato divino, Andrés se convierte en un moderno Enrique de Navarra que cree que «México bien vale la sumisión de la Corte».

Imagen: Canal Once

La miniserie Chernobyl de Craig Mazin nos recuerda que el peor desastre atómico de la Unión Soviética fue producto de la censura patriótica: en un país en el que se castiga el disenso con la muerte, se silenció el fallo fatal del diseño de sus reactores nucleares.

Santa Lucía es el Chernobyl de López, su reactor que se funde por la necedad y arrogancia de poner la voluntad política sobre el saber técnico. Por eso hay que renunciar ministros y suspender magistrados: se atreven a contrariar la voluntad del líder, que está por encima de la razón y el Derecho. Como en una tiranía de caricatura, sólo se señalan las inmoralidades de los enemigos, no porque los amigos sean honestos, sino porque la justicia y gracia sólo es para los aliados: la ética de la 4T es la máxima juarista aplicada por un villano de película animada de Disney.

La razón de Estado es la justificación política del actuar ilegal, despótico o antidemocrático para preservar o fortalecer el Estado. Lo de este gobierno no es como el genio de Maquiavelo, no es razón, es sinrazón, es vulgaridad y estupidez, es descaro e ignorancia, es cinismo dañino, una tiranía que pudo ser escrita como una farsa por Molière.

Como colofón debe decirse que una sociedad que no puede confiar en sus tribunales está condenada a que su destino lo decida el capricho del caudillo. Con el Zaldivarazo, México dio otro paso en ese camino de perdición y la sociedad sigue pasiva en su andar hacia ese precipicio…

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