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Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

Simplificar el sistema

El presidente comentó que el Plan Nacional de Desarrollo (Planade) se inspira en el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y el Plan Sexenal del Gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940)¹.

Si bien el Planade merece un análisis aparte, no deja de ser significativo que, entre los principios rectores de política se encuentren varios que son idénticos a lemas de campaña y a inquietudes keynesianas², pero que brille por su ausencia el reclamo del Partido Liberal respecto a la necesidad de simplificar el juicio de amparo³. La redacción del Punto 41 del Programa es categórica: “hacer práctico el juicio de amparo, simplificando los procedimientos”4.

Ese reclamo tiene 113 años y, a la fecha, el amparo sigue siendo el juicio poco práctico, nada sencillo, discutiblemente expedito y con trabas, del que se quejaban esos críticos liberales. Esta indiferencia respecto a los defectos del sistema jurídico no es sólo una anécdota en la historia de la ineficacia gubernamental mexicana, sino una de las causas principales de la corrupción, por lo que la corrección del derecho mexicano debería ser un principio rector de la política nacional.

Carga regulatoria

Sartori tiene una feliz reflexión que suele olvidarse en el análisis político: “el único modo de resolver los problemas es conocerlos, saber que existen. El simplismo los borra y así los agrava5 o, como plantea en una traducción alterna de su obra, no hay soluciones fáciles a problemas complejos6. No obstante, hay una serie de remedios estructurales que mitigarían el problema del deficiente sistema jurídico mexicano, todos vinculados a la carga regulatoria, es decir, el costo que tienen las leyes para la vida y transacciones de las personas.

Bajo el pretexto del federalismo, tenemos tres niveles de gobierno y, por ende, tres categorías de normas correspondientes. Así, por ejemplo, en el país hay 32 códigos civiles y 32 penales, así como una insultante cantidad de reglamentos municipales que, gracias a las ocurrencias interpretativas de la Suprema Corte, son virtualmente leyes7 . Un mismo tema se trata de distintas formas en diversos ordenamientos, por lo que no resulta extraño que un trámite implique la decisión de autoridades federales y locales, que existan criterios judiciales contradictorios sobre un mismo tema y que la más pequeña gestión legal se convierta en un pantano de incertidumbre.

FOTO: GALO CAÑAS CUARTOSCURO.COM

Esta maraña jurídica otorga un poder enorme a los agentes públicos, que se convierten en los amos del laberinto: el desorden normativo hace virtualmente imposible que los ciudadanos comunes puedan entenderlo, sólo los funcionarios y operadores pueden descifrar sus barreras y atajos. El alto costo de la tramitación ordinaria hace atractivo que los ciudadanos opten por pagar la facilitación que efectúa un burócrata, mismo que también tiene incentivos para mantener esa oscuridad administrativa o incluso aumentarla. Por tanto, el enredo gubernativo es la causa principal de la corrupción.

Las acciones mínimas

Simplificar el sistema mitiga una parte importante de esta carga regulatoria. Medidas tan evidentes como reducir las instancias a sólo dos, haciendo a todas las apelaciones federales, prohibir el reenvío (quien revisa el asunto tiene que resolverlo de fondo), restringir el amparo a un auténtico medio extraordinario (máxime que, a partir de 2011, cualquier tribunal puede proteger derechos humanos), hacer leyes y códigos nacionales de todos los temas importantes (como pasa en otros países federales), reducir la legislación fiscal, concentrar los trámites a una ventanilla única en un solo nivel de gobierno (de preferencia automatizado), establecer un solo sistema de demarcaciones para los tres niveles de gobierno (si ya hay 300 distritos electorales, en esas mismas zonas deberían existir 300 distritos administrativos y judiciales), establecer un solo sistema nacional de carrera judicial y sacar a los poderes ejecutivos de la designación de jueces, magistrados y ministros, son apenas algunas de las medidas que, en el corto plazo, harían más sencillo el sistema y reducirían la corrupción.

Estas acciones harían más por el desarrollo incluyente, marcado como objetivo general del Planade8, que lugares comunes como “el mercado no sustituye al Estado” o “no al gobierno rico con pueblo pobre”, que se encuentran como principios rectores de política del plan sexenal. Si bien Sartori apuntaba que no hay soluciones sencillas para los problemas complicados, eso no implica que simplificar el gobierno sea fácil. La oposición política, los intereses creados, las demagogias y la cleptocracia hacen arduo aclarar el sistema. Lo cierto es que, si vamos a invocar a los liberales de 1906, hay cosas más útiles en sus documentos que las recuperadas en el Planade: lo único mejor que una democracia es que esta tenga un efectivo Estado de Derecho.


1 Vid. “El Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906”, consultable en la dirección electrónica https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-programa-del-partido-liberal-mexicano-de-1906

2 Vid. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, consultable en la dirección electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/458250/20190430-XVIII-1.pdf, especialmente página 10 de esa edición y el Punto 41, en la página 15.

3 Vid. Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación, consultable en la dirección electrónica

4 El Programa del Partido Liberal da una explicación precisa de su inconformidad con el trámite de los amparos: “un punto de gran importancia es el que se refiere a simplificar los procedimientos del juicio de amparo, para hacerlo práctico. Es preciso, si se quiere que todo ciudadano tenga a su alcance este recurso cuando sufra una violación de garantías, que se supriman las formalidades que hoy se necesitan para pedir un amparo y las que suponen ciertos conocimientos jurídicos que la mayoría del pueblo no posee. La justicia con trabas no es justicia. Si los ciudadanos tienen el recurso del amparo como una defensa contra los atentados de que son víctimas, debe este recurso hacerse práctico, sencillo y expedito, sin trabas que lo conviertan en irrisorio”.

5 Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia? (Spanish Edition) . Penguin Random House Grupo Editorial México. Edición de Kindle.

6 Cfr. Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia? Tercera reimpresión, México, Nueva Imagen, 2000.

7 Cfr. Controversia Constitucional 18/2008, consultable en la dirección electrónica http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/controv/128controv_07abr11.doc.

8 Vid. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, P. 29.

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