Cinque Terre

Armando Reyes Vigueras

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Periodista

¿Servirá de algo Emilio L.?

La reciente denuncia que, en voz del Fiscal General de la República, conocimos de parte de Emilio L. –aunque todos sabemos de quién se trata–, encierra una serie de elementos que vale la pena revisar, siendo el más llamativo el momento en que se hace y los elementos que aporta y suponen la comisión de uno o varios delitos. Quizá sea el instrumento para castigar la corrupción de los últimos dos sexenios o una simple llamarada de petate adelantada que buscaba brillar en las campañas electorales de 2021.

Soborno, mentiras y videos

La trama se antoja de los más interesante: un importante funcionario del gobierno anterior, al verse acorralado por la justicia, se ve obligado a declarar en contra de sus jefes, que no eran otros que el presidente y el más importante secretario de Estado, además de revelar datos que llevan al sexenio 2006-2012, en una historia que involucra recibos, testigos, legisladores de varios partidos y videos.

Si se tratara de otro país, estaríamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas por las implicaciones que tuvo el ahora testigo protegido en la recepción de recursos de una compañía extranjera para el pago de asesores, también extranjeros, para la campaña presidencial de 2012. Pero en México poco sorprenden las revelaciones porque se trata del PRI y de Enrique Peña Nieto, considerados el mejor ejemplo de lo que la corrupción hace al arribar al poder.

En otro país, la justicia procesaría este caso y pocos dudarían de la certeza de las palabras de los fiscales que llevan el mismo, pues estaría respetándose el debido proceso y las filtraciones serían una excepción, pero no aquí, en donde el presidente en su conferencia mañanera ya adelantó lo que el testigo Emilio L. declaró ante las autoridades que investigan el caso.

En otro país, las pruebas pasarían por una serie de procedimientos, peritos y revisiones para comprobar su autenticidad y vincularlas al proceso, pero aquí se habla de recibos y de un video –o de varios, como en el caso Ahumada– y de testigos que estuvieron presentes en no se sabe qué reuniones.

En otros países, la manera de procesar la información evitaría que las especulaciones llenaran los vacíos que se presentan en el caso, pues la autoridad responsable daría a conocer puntualmente los avances en la investigación, pero no aquí, en donde sabemos a qué legisladores se refieren al señalar a los supuestos receptores de recursos para aprobar ciertas iniciativas, como la Reforma Energética, a pesar de que el Fiscal General señaló que se trata de un diputado y cinco senadores.

Y en este punto, un argumento que el PAN va a utilizar para su defensa es que no es posible que sus legisladores fueran sobornados para aprobar una iniciativa que era impulsada, precisamente, por dicho partido.

En otro país las certezas abundarían, pero aquí las dudas son las que empiezan a llenar los espacios en medios de comunicación y redes sociales.

Los delitos que señala Emilio L., ¿ya prescribieron? De ser así, no se sabe entonces qué está haciendo el testigo, a excepción de ver sus propiedades decomisadas para resarcir el daño que hizo al erario.

¿Se violó, o está violando el debido proceso, al darse a conocer detalles de las declaraciones del testigo por una autoridad diferente a las de la Fiscalía o judiciales?

¿En realidad se procederá en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y demás imputados en las declaraciones de Emilio L.?

¿Los recibos de los que se habla en el video de Alejandro Gertz Manero, son por recibir un soborno, en serio alguien firmó por algo así o se trata de transferencias bancarias que demostrarían que sí se entregaron los recursos? Esto último contradice algunas versiones que relatan que algunos asistentes recibieron bolsas de tiendas de marca repletas de dinero.

¿Peña Nieto puede alegar que no supo lo que hacían sus subordinados, al igual que cierto ex jefe de gobierno declaró cuando, quien fue su secretario particular, fue exhibido recibiendo dinero de un empresario argentino?

Otra vertiente de este caso tiene que ver con la narrativa oficial de combate a la corrupción. De todos es sabido que el discurso favorito de López Obrador es aquel que involucra este tema, en el que acusa a todos aquellos que considera adversarios.

¿El caso de Emilio L. realmente será utilizado para el combate a la corrupción o será un ajuste de cuentas en contra de enemigos políticos del actual mandatario?

Y qué decir del momento en que se hace esta revelación.

Se esperaba que este tema estuviera corriendo en paralelo de las campañas electorales de 2021, como una muestra de que los partidos que fueron derrotados en 2018 no merecen el voto por ser cómplices de uno o varios actos de corrupción, ¿no quemaron este cartucho antes de tiempo o hay más información en Emilio L.?

Si fuera otro país, el caso se estaría debatiendo en los juzgados, pero aquí en México parece que todo lo relacionado se hará en una carpa con tres pistas en las que cada mañana se dará a conocer el detalle que al maestro de ceremonias le interese, en algo que poco tendrá que ver con la justicia.

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