Cinque Terre

Ricardo Becerra Laguna

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Economista. Fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad luego de los sismos de 2017. Presidente del Instituto para la Transición Democrática.

Servidores de la nación: ¿Y si se hiciera bien?

Sábado a las 17 horas en un auditorio abarrotado de la FIL-Guadalajara, se presenta una investigación muy amplia, bien documentada, ahora consolidada bajo la forma de libro. Se trata de los “Servidores de la nación” un ejército de personas que recorren el país, tocan la puerta, entrevistan a las personas, piden sus datos, su credencial para votar, las incorporan a un padrón de beneficiarios (el “censo para el bienestar”, un tronco grueso del que se desprenden varias ramas) y con ello se asignan y despliegan distintos programas de reparto bajo la forma de dinero líquido, para millones de mexicanos.

Todo esto en conjunto y por cada uno de sus eslabones es discutible y cuestionable. Pero también, si se hace con esmero, con reglas estrictas y bajo la supervisión de entidades independientes puede ser perfectamente legítimo. O dicho de otro modo: en un país tan desgarrado y empobrecido (9.3 millones de pobres extremos y 52.4 millones de pobres a secas, según el CONEVAL) el Estado debe hacer algo y acudir en auxilio de esa población. Esto es cierto y el gobierno de López Obrador sabe muy bien el sufrimiento real de la sociedad a la que quiere asistir. Santo y bueno.

Foto: El Universal

Pero precisamente porque estamos hablando de algo muy importante para los más pobres y porque, además, están involucrados muchísimos millones de pesos de dinero público (220 mil millones), es que esta gran operación debe hacerse bien.

Así las cosas, Rafael Hernández Estrada se dedicó a indagar con meticulosidad la forma en que se construye y trabajan los “Servidores de la nación”, y los resultados de su indagatoria pueden consultarse en este resumen https://tinyurl.com/vtag5j8. Resulta casi obvio subrayar la relevancia de esta investigación pero quizás por eso, vale más la pena rescatar las claves a las que apunta: 1) Los batallones de personas que salieron a tocar puertas y conformar padrones, empezaron a hacerlo antes de que el gobierno llegará a ser… gobierno, con meses de antelación ¿con qué atribuciones, expedidas por quien? 2) En ese sentido fueron particulares y no funcionarios los que pidieron datos personales a miles de mexicanos ¿qué normas ampararon la operación? 3) No se conoce, no se ha expuesto -quizás porque no existe- el método y los criterios que hacen que el padrón –el censo- exista en ciertas regiones y en otras no. No sabemos si las evidencias del CONEVAL (órgano que mide y ubica geográficamente la pobreza en México) han sido tomadas en cuenta ¿qué criterios y objetivos han sostenido la localización del censo? 4) Los padrones así constituidos no son accesibles. Aparentemente se pueden consultar en línea. En la práctica el solicitante de información encuentra un reiterado “not found ¿no deberíamos estar ante un instrumento estelar por su transparencia? 5) La manera en que se suministran o se suministrarán los recursos públicos tampoco tiene reglas claras ¿quién puede y quién no acceder a esos recursos? ¿por qué un banco se arroga la capacidad de entrega de tarjetas bajo la simple adjudicación directa? ¿dónde están las facultades legales de los llamados superdelegados, colocados en el centro de esta pirámide? ¿Y porqué en la cúspide todo se concentra en la mera Presidencia de la República y no en las secretarías que corresponden a las características de los beneficiarios? 6) Hernández encuentra una coincidencia notable entre la geografía de los padrones que tejen los “Servidores de la nación” y los distritos electorales ¿no hay aquí un sesgo 7) Y no menos importante, estos “Servidores de la nación”, en sus entrevistas a la puerta de los domicilios, suelen hacer especial énfasis en que recibirán su ayuda gracias a una persona providencial (ustedes saben quien es).

En otras palabras, esta que es la iniciativa gubernamental estrella, está edificada a contrapelo de leyes, normas y principios constitucionales. Y una cosa más: el libro reseñado aquí pone pruebas que han sido obtenidas por fuentes oficiales, nada de filtraciones, detectives ni periodistas que andan debajo de la mesa donde desayunan funcionarios públicos. Nada de eso. Hernández obtuvo sus evidencias por la vía legal echando mano de su derecho mediante las leyes de transparencia.

Y lo que encontró es inquietante porque revela una prisa inusual por construir una vasta red de beneficiarios, quienes le deberán sus ayudas al Presidente en directo, con sesgos geográfico-electorales. Y también revela una forma de ser gobierno a la que los procedimientos y las reglas son fácilmente desdeñables, aún en el más importante de sus programas.

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