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Gerardo Soria

Separación funcional: un fracaso documentado

La versión estenográfica de la sesión del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), celebrada el 17 de enero del 2020, mediante la cual se aprobó la modificación propuesta por Telmex sobre la transferencia de personal y compromisos adicionales a los contenidos en el plan final de implementación de la separación funcional, es un documento digno de análisis para entender las razones de la inoperancia de nuestra reforma constitucional en telecomunicaciones del 2013. Evidentemente, el análisis de los actos de los comisionados y funcionarios del IFT, documentados en miles de archivos, así como su impacto directo en el fracaso de la reforma, requiere de un trabajo y un espacio mucho más amplios que los de esta breve columna, que espero sirva, no obstante, como sugerencia.

Al iniciar la sesión, el jefe de la Unidad de Política Regulatoria, Víctor Manuel Rodríguez, explica el documento que propone al pleno para su aprobación. Básicamente, consiste en permitir que trabajadores sindicalizados de Telmex presten servicios a la nueva empresa mayorista (llamémosle la Roja) bajo un esquema de prestación de servicios. Después, analiza modificaciones a los estatutos sociales que aparentemente refuerzan la independencia del Consejo de Administración, el director general y el Comité de Auditoría de la Roja, para concluir con un tajante: “los trabajadores asignados a las empresas mayoristas (…) les estarán subordinados únicamente a ellos y no prestarán funciones a otras empresas, como Telmex”.

Es una pena, pero sólo hay dos opciones: o el jefe de Unidad es un ignorante o miente con la abierta intención de favorecer a Telmex. Si los trabajadores sindicalizados forman parte del contrato colectivo de trabajo de Telmex, entonces, el patrón es Telmex y no la Roja. Y la definición legal de relación laboral es la prestación de un servicio personal subordinado, así es que todo el personal sindicalizado, por definición, presta un servicio personal subordinado a Telmex, y no a la Roja. El comisionado Cuevas, atinadamente, hace notar este absurdo y señala que estaríamos en presencia de un outsourcing. Le explico: la Roja no tiene empleados para la última milla. Entonces, firma un contrato con Telmex para que Telmex (a través de sus empleados) le preste servicios de última milla a la Roja para que ésta, a su vez, le preste servicios de última milla a Telmex (con los mismos empleados de Telmex) y de paso a todos los demás competidores. Una simulación, vaya. Lo que el IFT ha pretendido ocultar es el contrato entre la Roja y Telmex para que Telmex le preste servicios a la Roja. Un verdadero sinsentido. El eterno juego del perro que se muerde la cola, o, lo que es lo mismo, el ingeniero Slim pasándose el dinero de una bolsa a la otra. La falta de experiencia en derecho corporativo de los funcionarios del IFT es evidente. Los estatutos sociales de una sociedad anónima rigen las relaciones entre accionistas, administración y órganos de vigilancia. Nada tienen que ver con los trabajadores ni su independencia o ética.

Al comisionado Fromow, que se vanagloria de los éxitos de la regulación asimétrica, le recuerdo que sólo se ha compartido 0.14% del total de accesos de banda ancha en el país, y la razón de aquella es que el preponderante baje de 50% en el sector.


Este artículo fue publicado en El Economista el 5 de febrero de 2020, agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.

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