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Leobardo Ordaz Zamorano

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Analista político. Egresado de la FCPyS de la UNAM.

Seguridad pública, la deuda pendiente de López Obrador

Hasta el momento, después de 8 meses de gobierno de López Obrador, la inseguridad como problema sigue galopante por todo el país y no parece haber nada ni nadie que la pueda frenar, para desgracia de los mexicanos.

De tal forma que, la seguridad pública hoy en día es una deuda pendiente de este gobierno.

Y es que el problema no era tan fácil de solucionar como parecía serlo desde la oposición crítica a otros gobiernos y durante la campaña electoral, terrenos en los que López Obrador se movió como pejelagarto en el agua.

Con tal de ganar adeptos y votos, como opositor político y estratega de campaña, el presidente López Obrador hizo creer a muchos que este y otros problemas quedarían prácticamente resueltos con sólo llegar al poder, ser honestos y tener mucha voluntad.

Pero la realidad está demostrando que el asunto es mucho más complejo de lo que se creía y que gobernar con buenos resultados no es cosa fácil y sí requiere de ciencia.

El mismo López Obrador reconoció, en su discurso de aniversario por el primer año de la victoria de su movimiento, que la seguridad pública es una deuda pendiente que sigue teniendo su gobierno, ya que se mantienen los altos niveles de violencia en las calles.

En lo que va de la administración de López Obrador, seguimos con tantas muertes violentas como si estuviéramos en tiempos de una guerra civil a sangre y fuego. La paz pública para una convivencia armónica y sin sobresaltos, continúa seriamente amenazada; y con ello, la integridad física de las personas y sus bienes están en constante riesgo frente a los maleantes que en todo momento desafían a la autoridad.

El presidente López Obrador debe tener claro que la seguridad pública tiene un valor político como fuente para legitimar el ejercicio del poder y como factor de gobernabilidad y de estabilidad políticas.

En la medida que no pueda cumplirle a la sociedad con la solución de este grave problema de inseguridad que nos aqueja todos los días, su gobierno irá perdiendo credibilidad y tendrá situaciones de ingobernabilidad e inestabilidad, que podrían abonar a una crisis política.

Hasta el momento, todas las estrategias que el gobierno ha instrumentado para enfrentar el problema que representa la inseguridad, no están dando los resultados necesarios: la ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa; la creación de la Guardia Nacional; la definición de la Estrategia Nacional de Seguridad; el fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Pública; la creación de coordinaciones de seguridad pública por regiones territoriales; el  involucramiento de los militares en tareas de seguridad pública; las reuniones de coordinación de los lunes en materia de seguridad; la Fiscalía General de la República y su fiscal carnal. Etc. Nada.

La delincuencia sigue pujante por todo el territorio y pareciera que el gobierno está siendo rebasado por el problema, quedando al descubierto una evidente incapacidad gubernamental.

Día con día los medios de comunicación dan cuenta de los hechos de inseguridad que van ocurriendo por todo el territorio nacional: homicidios, robos con violencia, asalto en transporte público, secuestros, extorsiones, feminicidios y un largo etc.

Hechos que van minando la confianza de la gente en sus autoridades de gobierno, las cuales no pueden evadir su responsabilidad echando culpas a administraciones pasadas.

Así como van las cosas, muy probablemente, este año será el más violento de toda la historia y se reforzará la percepción social de que en materia de seguridad pública este gobierno nada más no puede con el paquete.

Así lo demuestran los resultados que presentaron recientemente el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estos son algunos de los datos, veamos:

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que la incidencia delictiva en el país durante el mes de junio, de este año, había alcanzado una cifra total de 170 mil 738 delitos registrados, con un 5.34% menos que los registrados durante el mes de mayo que fueron 180 mil 379.

De este índice total de delitos, el homicidio doloso por número de delitos cometidos, para el mes de junio, alcanzó los 2 mil 560 casos, cifra superior al mes pasado que fue de 2 mil 473 casos, es decir un 3.52% mayor.

De igual forma, en cuanto al homicidio doloso por el número de muertes resultantes, se tuvieron 3 mil 001 muertos, superior a los 2 mil 901 muertos del mes de mayo, siendo superior en un 3.45%, con 100 muertes más.

El Financiero compara cifras del mes de junio con relación al gobierno de Peña en el mismo periodo. En junio de 2018, durante el gobierno de Peña, se alcanzaron un total 159 mil 618 delitos registrados, mientras que durante el gobierno de López hubo un total de 170 mil 738 registros de delitos cometidos, lo que es superior en 11 mil 120 casos, es decir un 6.97% mayor.

Así, el mes de junio, con el actual gobierno, es considerado como el mes más violento e inseguro del que se tenga registro.

En su reporte El Financiero hace un comparativo sobre el número de muertes ocurridas que fueron registradas, con relación a gobiernos anteriores: durante el gobierno de Fox en el periodo de diciembre a junio (2000-2001) hubo 8 mil 386 víctimas; con Calderón hubo 6 mil 266 muertes (2006-2007); con Peña hubo 11 mil 060 muertes (2012-2013), mientras que en este gobierno llevamos en el periodo diciembre-junio (2018-2019) 20 mil 032 muertes violentas, con una suma total de 567 feminicidios.

De tal forma que, este semestre es también el más violento del que se tenga registro, ya con el nuevo gobierno.

Además del homicidio doloso, otros delitos muestran un aumento preocupante como son el de feminicidios, extorsión, el resto de los robos y delitos, violencia familiar y narcomenudeo.

Aunque en algunos otros rubros hubo disminuciones moderadas como son el secuestro, robo total, robo casa habitación, robo vehículo automotor, robo transporte y trata de personas. No obstante, son datos que se deben tomar con cierta reserva pues la organización “Alto al Secuestro” denunció que organismos oficiales están afectando las cifras en casos como el secuestro.

Particularmente, la CDMX se mantuvo como la entidad con un mayor índice delictivo en junio con un total de 19 mil 959 casos, por encima del Estado de México; y ocupa el décimo lugar en homicidio doloso con 143 casos junto con otras ciudades como Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sonora y Veracruz.

Por otro lado, en el vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que instrumenta en todo el territorio el INEGI, se registró que para el segundo trimestre de este año el 73.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, y en el caso de la CDMX esta percepción alcanza porcentajes de hasta 86.6%. Mientras que en otras ciudades como Ecatepec, Villahermosa, Reynosa y Coatzacoalcos alcanzan porcentajes de 92.0%, 95.2, 92.8 y 92.6, respectivamente.

No obstante, este porcentaje de 73.9% es ligeramente menor al registrado durante el mismo periodo del 2018 que fue de 75.9%.

Esta percepción de inseguridad en los centros poblacionales del país se traduce particularmente en temor durante el desempeño de algunas actividades específicas, por ejemplo:

8 de cada 10 personas de 18 años y más se siente insegura en los cajeros automáticos ubicados en vía pública, que significa el 82.1%; el 74.5% de la población de 18 años y más se siente insegura en el transporte público; el  69.0% de esta población se siente insegura en los Bancos; el 65.0% se siente insegura en las calles; el 60.0 % se siente insegura en los mercados; el 57% se siente insegura en la carretera; el 55.0% se siente insegura en los parque recreativos; el 43.6 % se siente insegura en el centro comercial; el 42.9% se siente insegura en el automóvil; el 39.7% se siente insegura en su trabajo; el 28.9% se siente insegura en su casa, mientras que el 23.5% de la población de 18 años y más se siente insegura en la escuela.

Las mujeres son el sector que tiene una mayor percepción de la inseguridad con un 78.7% de la población de 18 años y más, contra un 68.2% de hombres.

Siguiendo con la misma fuente, a nivel nacional el 34.9% de los hogares contó con al menos un integrante que fue víctima de robo total o parcial de vehículo o en casa habitación; de asalto en calle o transporte público; de asalto en cajero automático o de alguna extorsión.

Aunque hay una disminución, considerada estadísticamente menor, con relación al primer y segundo semestre del 2018 que fue de 38.6% y 35.8%, respectivamente.

Un 15.5% de la población de 18 años y más tuvo algún contacto con autoridades de seguridad pública, de los cuales un 47.3% fue víctima de algún acto de corrupción;

Un 33.4% de la población de 18 años y más considera que en los próximos 12 meses la situación de inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que un 26% considera que la inseguridad empeorará en ese lapso. Lo cual sumado da un total de 60.3% la población de 18 años y más que tiene una percepción pesimista sobre alguna mejoría en materia de seguridad.

Esta percepción de inseguridad ha provocado que la gente también cambie de hábitos al momento de salir a la calle: el 62.4% de la población modificó su hábito de llevar cosas de valor como joyas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo; el 55.7% de la población de 18 años y más cambió hábitos en cuanto permitir que sus hijos salgan de su vivienda; el 51.7% de la población modificó rutinas  de caminar fuera de su casa después de las ocho de la noche; y el 36% de la población modificó rutinas de visitas a familiares y amigos.

En general la Guardia Nacional es poco identificada todavía pues sólo un 29.3% la reconoce, y de este porcentaje un 70.9% considera que es algo o muy efectiva.

El 65% de la población valora que el principal problema que tienen es el de la delincuencia, por debajo del problema de los baches en calles y avenidas que tiene un 79.8%.

Como se ve, hasta el momento, después de ocho meses de gobierno, en materia de seguridad pública, tenemos más de lo mismo y es una deuda que falta por saldar.

Los hechos de violencia y de inseguridad siguen brotando por todo el territorio como si fueran hongos en primavera; mientras que la percepción de la ciudadanía es de un gran temor, preocupación y escepticismo pues se siente envuelta en esta ola de terror interminable.

La seguridad pública es una de las bases para lograr la transformación que tanto pregona el presidente López Obrador; y está claro que no habrá cambio de régimen si su gobierno no logra una mejoría profunda, perceptible y real en esta materia, pues la seguridad es una parte sustantiva de la vida pública de México, sin la cual no hay un ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente de nuestras libertades sociales y políticas, que son una obligación del Estado el poder garantizarlas.

No habrá renacimiento de México mientras vivamos bajo el yugo de esta violencia incontrolable, porque sin paz pública no podrá haber progreso, justicia y libertad.

 

El último clavo:

De nueva cuenta el presidente López Obrador se confrontó con revista Proceso a quien acusó de no tratarlo bien y de no estar del lado de la transformación que él encabeza.

Para él la libertad de expresión y de información se reduce a estar a favor o en contra de su movimiento y liderazgo.

Lo dicho, tenemos un presidente busca pleitos por definición, que es portador de un talante autoritario e intolerante.

Y que no duda en hacerlo sentir, ahora con toda la fuerza de su investidura y del aparato de Estado que le rodea, principalmente contra sus críticos, y de manera muy particular contra los medios de comunicación y periodistas que no son cajas de resonancia de las verdades oficiales, oficiosas u oficialistas de su gobierno.

Los únicos medios de comunicación respetables para el presidente López Obrador son los que militan en su proyecto o que están a favor de éste incondicionalmente.

Por el contrario, aquellos medios de comunicación que son críticos al poder que ahora detenta son unos despreciables conservadores y unos conspiradores, a quienes les aplica la máxima de “sino estás conmigo entonces eres mi enemigo”.

Se refuerza la tesis del presidencialismo autoritario de López Obrador.

Ya es hora de que el gremio de los medios de comunicación vaya buscando formas de organización y de unidad para hacer frente a tanta intolerancia del presidente.

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