Desde hace tiempo, hay una exigencia reiterada de varios medios, entre ellos la Revista etcétera, de que la Ley de Publicidad debe disminuir recursos amén de transparentarlos y definir criterios de asignación a los medios de comunicación.
Pero José Jaime Ruiz dice en una columna de su autoría, publicada en SDPnoticias, un portal que no tiene reparos en publicar notas basura, que la imagen de los funcionarios ya está regulada y los recursos a los medios son transparentes, sin distingos.
¿Habla en serio?
Si ello es verdad ¿por qué La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018?
Se trata del primer paso en la regulación de los gastos de comunicación social desde el Gobierno Federal hasta los gobiernos municipales. El tema no es menor, como quieren hacernos creer en una liga menor de los elitistas autodenominados “Olimpo mayoritario”: SDPnoticias.
Ese medio, de enero a octubre de 2017 según el Portal de Transparencia, facturó 10 millones 2 mil 186 pesos sólo de un poderoso anunciante: el Gobierno Federal.
Digámoslo de otra forma para que esté más claro: 1) si hay “regulación” sobre la publicidad que las empresas deben considerar, 2) no hay criterios ni normas que establezcan cómo se asigna el gasto en publicidad: por ejemplo, por qué recibe más La Jornada que Milenio diario.
El gasto en publicidad -que es más bien propaganda- en medios de difusión, no es regulada o supervisada por ningún órgano civil o no político como en otras democracias más avanzadas.
En los “Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, se habla de la “distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial como uno de los mecanismos de censura indirecta.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.
“Este tema merece especial atención en las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado, históricamente, el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a la publicidad”.
“El olimpo mayoritario” de los medios de comunicación, tanto pequeños como gigantes, seguramente saben. Aunque no lo digan, que desde el 26 de octubre, bajo la batuta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la omisión del Congreso de la Unión de elaborar una Ley que regule la asignación de la publicidad oficial.
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
En este último párrafo marco con negritas la respuesta a la animosa pregunta de José Jaime Ruiz “¿qué jodidos significa beneficio social?”. ¿La libertad de expresión sometida al beneficio social?
Pues sí, no entiendo por qué tanto reparo en ello.
Aclaro, para mejores entendimientos, se está hablando de regulación y transparencia, no de eliminar la publicidad oficial en los medios de comunicación, como erróneamente cree Federico Arreola. En su columna “NYT, publicidad oficial, Slim, Junco, Castañeda y cómo vuelan Meade, Anaya y AMLO”, en diversos párrafos deja volar la imaginación y elucubra sobre los futuros inciertos de varios medios de comunicación sin la publicidad oficial.
Así, por ejemplo, señala con respecto a La Jornada que “no sé si el diario más independiente de todos, La Jornada, podrá vivir solo de publicidad comercial y de las ventas de ejemplares de papel en las calles.
“El periódico de izquierda dirigido por Carmen Lira nunca ha sido el favorito de los grandes anunciantes del sector privado que lo ven, correctamente, como un medio que rechaza los valores empresariales: el afán de lucro, el consumismo, la obsesión por la ganancia.”
En efecto, tan rechaza la obsesión por la ganancia, que tan solo de enero a octubre del 2017 recibió 30 millones de pesos por concepto de propaganda oficial.
Dice Jorge Sarmiento en el artículo “Pega y Paga”, publicado el 27 de diciembre en el Diario MX, que “Una de las razones por las que en México seguimos teniendo un enorme número de publicaciones impresas, cuando éstas desaparecen en el mundo, es el subsidio que reciben de gobiernos y políticos. La empresa de recopilación de información Especialistas en Medios registraba ayer portadas de 23 diarios sólo en la Ciudad de México, mientras que los países desarrollados, incluso en sus mayores ciudades, sólo pueden mantener uno o dos”.
De acuerdo con la organización Artículo 19, en cuatro años, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 34 mil millones de pesos en publicidad oficial. ¿Sirvió de algo ese dispendio? Cualquiera sabe que no.
Una reforma constitucional de febrero de 2014, señalaba que el Congreso debía haber regulado la publicidad gubernamental a más tardar en abril de 2014, pero los legisladores fueron omisos.
Es un hecho, el esquema de repartición de recursos de la propaganda oficial es una pesada carga para las arcas, inútil y dispendioso. Pero de ello nada dicen los integrantes del Olimpo, lo cual es por lo menos irresponsable.
Resulta así evidente que los supuestos argumentos empleados por SDPnoticias, son endebles. Nada dicen del gasto escandaloso en propaganda oficial por parte del Estado.
Recurren a falacias para descalificar a etcétera, entre ellas una de las más socorridas por quienes carecen de bases firmes, el argumento ad hominem, es decir, al no demostrar sus dichos intentan descalificar al director editorial de la revista y a sus colaboradores calificándolos como morralla periodística.
Es decir, pretenden desacreditar a un medio que, desde hace años, ha escrito sobradamente sobre la indispensable regulación de la publicidad oficial para, justamente, abonar a la libertad de expresión y al cumplimiento real de la función periodística.
Periodismo, pues, sin notas basura para atraer clicks y con ello millones de pesos.
En ese sentido, quienes hemos colaborado en la revista podemos sentirnos orgullosos de no recurrir a argucias ni falacias de ningún tipo para tener una tajada del enorme pastel de la propaganda oficial. Tampoco demeritamos el trabajo de ningún medio por su modestia. Sólo contribuimos al necesario análisis de su quehacer.
Y a eso se le llama ética periodística.
