El manejo de las finanzas públicas del actual gobierno es irresponsable, muestra a cada paso su ignorancia y conductas caprichosas, y puede ocasionar un desastre mayúsculo. Incapaz de adoptar medidas contracíclicas para enfrentar las adversidades y activar la economía, se orienta a cubrir a la fuerza los sobrecostos de sus obras de relumbrón y el clientelismo electoral, operación permanente que lleva a cabo a través de su cohorte de servidores de la nación.
Según dijo el presidente, su política de austeridad y la lucha contra la corrupción han resultado en un ahorro de un billón de pesos, pero esa cifra no tiene soporte alguno. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desmintió la fantasía presidencial en los informes que periódicamente rinde a la Cámara de Diputados: los ahorros presupuestarios apenas contabilizaron 3 mil 654 millones de pesos en 2020, 3 mil 856 millones en 2021 y 990 millones en lo que va de este año. Además, de acuerdo con la misma fuente, las dos terceras partes de esos ahorros fueron aportadas por los poderes Judicial, Legislativo y por organismos autónomos, y apenas un tercio se debe a la “austeridad republicana” de la administración pública federal.
La política de austeridad tiene pírricos resultados, y la recaudación fiscal se ha visto afectada en los últimos años por la recesión económica. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para cubrir los crecientes gastos del AIFA, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y de los montos que sufragan los programas asistencialistas?
Se alude al ahorro por la cancelación de las pensiones de los expresidentes, pero éstas apenas representaban unos 12 millones de pesos anuales. Por otro lado, cierto es que desde principios del sexenio se cancelaron programas (como Prospera, Estancias Infantiles, Seguro Popular, Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, Escuelas de Tiempo Completo), se subejercieron recursos presupuestados (como en los casos de los programas Carretero y de Salud), se despidió a decenas de miles de empleados públicos y se recortaron los presupuestos de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. En abril de 2020 se decretó el congelamiento de las plazas burocráticas (menos las del ejército electoral de AMLO), se redujeron las subsecretarías y se limitaron los gastos de operación de las dependencias gubernamentales, con lo que se empobreció el servicio que ofrecen al público. Pero todas estas medidas no produjeron ahorros en realidad, pues el dinero que se quitó a unos programas se gastó en otros, seleccionados a conveniencia del humor presidencial.
A pesar de la población que resultó sacrificada, esa reorientación de las erogaciones no alcanzó para cubrir el desmesurado gasto en los “programas prioritarios” de López Obrador, por lo que éste se dedicó con enjundia a exprimir las finanzas públicas. En el año 2020 se fue sobre los fideicomisos públicos, de los que en un primer momento obtuvo sólo 16 mil millones de pesos. En una segunda tarascada, extinguió otro centenar de ellos para hacerse de 70 mil millones más, no importando que se llevó entre las patas al Fondo de Desastres Naturales, como a tantos otros. Luego, el gobierno saqueó los 113 mil millones de pesos que tenía el Fondo de Salud al cierre del ejercicio 2019. Se agandalló el dinero de los fondos de estabilización presupuestaria, en los que había 368 mil millones de pesos al inicio del sexenio, de los que solo quedaron 31 mil a finales del año pasado (como se relató detalladamente hace dos semanas en esta columna).
Pero eso tampoco bastó para cubrir el gasto de los caprichos presidenciales. Contra lo que aseguran reiteradamente las autoridades, el gobierno de López Obrador es cliente de la deuda interna y externa, en forma tan frecuente y cuantiosa, que ha roto récords en la materia. Según informes oficiales de la propia SHCP, el Saldo Histórico de la Deuda Pública de México ya ronda el 50 por ciento del PIB en los años 2020 y 2021, y hace tiempo que dejó atrás al ejercicio de mayor endeudamiento del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Obras faraónicas de relumbrón y clientelismo electoral desbordado. Todo, a costa de fideicomisos extintos, el saqueo de los fondos estratégicos de ahorro y deuda pública creciente. ¿Qué puede salir mal?
Cincelada: el gobierno firma un promedio de 430 contratos por día. En dos semanas de suspensión de CompraNet son 6 mil 450 contratos otorgados en lo oscurito, más los que se acumulen.
