Cinque Terre

Luis Castrillón-RST

Escritor

Réplica y contraste

Permitir la réplica o darle oportunidad en una denuncia periodística a quien es señalado como quien incurre en una irregularidad o delito es una forma de trabajo y método al que por desgracia se recurre muy poco en el ejercicio informativo en México.


Tanto es así que poner en práctica alguno de esos dos recursos puede sorprender y hasta incomodar, de similar forma a la audiencia o a los mismos medios de información.


No hay que ir lejos para ilustrar dos casos que van de un extremo a otro de lo que se habla:


-La investigación realizada por Animal Político sobre el millonario desvío de recursos en el gobierno del estado de Veracruz.


-El procedimiento jurídico realizado por Proceso para ampararse ante la Ley de Derecho de Réplica publicada que entró en vigor en diciembre del año pasado.


En el primer caso, Animal Político publicó, por entregas esta semana, una investigación a lo que puede identificarse claramente como una red para torcer las leyes de adquisiciones, de licitación pública, de empadronamiento y fiscalización de proveedores en el gobierno de Veracruz para desviar poco más de 600 millones de pesos del erario.


La investigación, resultado de un trabajo acucioso de revisión de documentos, leyes, visitas a sitios específicos para verificar y corroborar datos, fue enviada al gobierno de Veracruz días antes de ser publicada, completa, con todos los detalles.


El objetivo de tal medida fue proporcionar al Ejecutivo estatal veracruzano la oportunidad de responder ante los señalamientos que resultaron de la indagación periodística realizada por el equipo de Animal Político y la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.


Existe, en la práctica periodística, un ejercicio a veces mal comprendido: no debes pedirle o consultarle a una fuente, un entrevistado o a alguien a quien puedas afectar, opinión alguna sobre lo que vas a publicar; ¿por qué habría de hacerse eso?


El aleccionador dicho antes expresado busca evitar que el reportero sea coaccionado o censurado por la fuente o la parte que pudiera resultar afectada.


El problema con esa definición es que no puede aplicarse de manera tajante, como si no existieran más escenarios que ese, como si no hubiera un escenario específico que forma parte del deber ser periodístico y que incluso está considerado en la ley y que implica dar el derecho a quien así lo requiera de replicar, contestar, argumentar o fijar una posición específica frente a un señalamiento sobre su persona, u obra en el caso de alguna institución.


Es simple: realizar una labor periodística no convierte al reportero en juez o fiscal para arbitrariamente decidir: voy a publicar lo que deba publicar y ya, y si no les gusta no es asunto mío, es mi trabajo.


Lo que hizo Animal Político en este caso no fue poner a consideración del gobierno de Veracruz el contenido de la investigación para que este diera línea alguna o propusiera algún tipo de censura, sino que recurrió al derecho de réplica de forma inmediata, a dar garantía y oportunidad a la parte señalada de expresar su versión de los hechos, para complementar y enriquecer el contenido final.


El resultado, actualizado hoy después de un encuentro entre Animal Político y funcionarios de Veracruz en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, ha permitido ampliar la perspectiva de lo publicado por el portal informativo e incluso mostrar la desfachatez –el adjetivo es una licencia que se toma quien esto escribe- del gobierno veracruzano.


Su respuesta es cerrada y deja en evidencia cómo aprovecharon su conocimiento de las leyes estatales para torcerlas, sacarles la vuelta y obtener una buena ventaja, una millonaria ventaja de ese proceder.


Es decir, la decisión de Animal Político de hacer el trabajo de poner la información obtenida ante la vista de la contraparte resultó útil. El objetivo se cumplió.


En el otro extremo está la revista Proceso, a cuyos editores valdría la pena preguntar desde aquí: ¿qué van a hacer en caso de que alguno de sus reporteros o redactores vuelvan a poner el cadáver de una reportera asesinada violando sus derechos si alguien reclama y solicita eliminar la fotografía y publicar una disculpa a los familiares de la persona fallecida?


¿La suspensión temporal que le otorgó el Poder Judicial a la revista ante la Ley de Derecho de Réplica impedirá que si se llega a publicar un dato incorrecto- como ha ocurrido y sido documentado por etcétera en más de una ocasión-, quien resulte afectado por esa publicación pueda pedirles, y se le permita, decir su versión de los hechos, su verdad?


¿Será un acto discrecional de parte de la revista el definir a quién sí se le da el derecho de réplica y a quien no?


Es un hecho que la Ley de Derecho de Réplica aprobada en noviembre del año pasado tiene elementos que son cuestionables y deben revisarse. Baste decir que solicitar el derecho puede resultar en un trámite terriblemente engorroso que lleve en algún momento al demandante a desistirse.


Tampoco puede desdeñarse que esa normatividad pueda usarse a modo por actores a quienes así convenga para desestimar investigaciones periodísticas o incluso para amedrentar o chantajear.


De hecho, no sólo Proceso, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó la ley al considerar que no cumple con los estándares de certeza y legalidad para una reforma jurídica.


Sin embargo, la defensa establecida por Proceso ante la Ley de Derecho de Réplica deja a la revista prácticamente impune ante lo mismo que argumenta para solicitar el amparo: garantizar el Derecho de Información que está bien fundamentado y expresado en los artículos 6to. y 7mo. de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.


Afirma la revista que la Ley referida “tiende a inducir la publicación de información oficial y propicia que disminuya la información plural e independiente”.


Para Proceso, esa reglamentación tiene un “efecto disuasivo”, “judicializa la libertad de expresión y el derecho a informar”, “vulnera el derecho a difundir ideas e informaciones porque da un trato desigual a los medios oficialistas y a los que no lo son, lo que resulta en el fomento de los medios oficialistas”.


La pregunta vuelve a saltar: con todos los años, la experiencia, las vivencias y los retos enfrentados a lo largo de la historia de Proceso, ¿cuál es el temor o la comezón frente a una legislación perfectible?


Lo que parece es lo que al principio se argumenta: la ausencia de la valoración del otro al momento de publicar el resultado de una investigación periodística. Lo que la fuente o quien resulte afectado diga no vale, no es tomado en cuenta. ¡Qué aguante el periodicazo!, podría decirse.


Debería ser más normal entender un paso que considera al otro en una investigación periodística. No se "consulta" la información con la parte que ha sido o será expuesta, se le da la oportunidad de argumentar.


¿Merece o no el gobierno de Veracruz ser tomando en cuenta de esta forma? Quizá moralmente no, por el nivel de su abuso del poder, pero deontológicamente hablando es necesario proporcionarle el espacio de respuesta. Además, a su respuesta, hay un análisis que suma, es decir, la respuesta incluso dice más de lo que está escrito en ella.


¿Debe Proceso preocuparse por los intentos de los poderes de censurarlo o interferir en las decisiones editoriales del poder público porque al tener que dar derecho de réplica deba poner a disposición del demandante un espacio definido en su publicación?


¿No debería mejor preocuparse de realizar una investigación tan bien hecha que pese a todo intento de réplica, la contundencia de lo publicado blinde a la revista de cualquier intento de abuso del poder público?

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