En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontraron una fórmula para destrabar el conflicto en torno a la consulta de revocación de mandato: El INE no puede suspender los trabajos de preparación del proceso, pero la Secretaría de Hacienda tiene que proporcionar los recursos para hacerlo posible.
El INE tendrá que realizar las adecuaciones necesarias a su presupuesto (en realidad ya las hizo), pero “sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales”.
Estas precisiones del Tribunal Electoral son pertinentes, porque atajan propuestas absurdas y populistas, como la reducción de los salarios o de diversas prestaciones. El consejero Uuc-Kib Espadas explicó, en su momento, que ni con la reducción del 100 por ciento de las percepciones de los mandos altos del INE por un año se lograría satisfacer las necesidades de lo que a todas luces será una operación de carácter nacional.
La Sala Superior vinculó a Hacienda para que, en caso de que el INE solicite una ampliación presupuestal, “dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato.”
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Con ello se protegen los derechos de la ciudadanía para la participación en un ejercicio democrático que está garantizado constitucional y convencionalmente, pero también se dota de realismo a la situación, advirtiendo que los recursos no pueden ser pretexto de posposiciones, por la sencilla razón de que tienen que ser otorgados por las instancias facultadas para ello.
Aquí es importante no confundirá la inutilidad de la consulta de Revocación de Mandato en este momento, sino para acciones futuras, cuando sea en serio y esté en juego la continuidad de un presidente de la República.
También se precisó que lo único que puede detener el procedimiento es que los promotores de la consulta no obtengan el respaldo del 3 por ciento de los inscritos en el Padrón Electoral o la dispersión en 17 entidades federativas.
Veremos qué ocurre en las próximas semanas, pero la determinación del TEPJF coloca la pelota en la cancha de Palacio Nacional, desde donde se puede instruir e la Secretaría de Hacienda para que colabore y haga posible una consulta con los estándares adecuados.
