Aquí nada ni nadie se oculta. La “merca” se ofrece a la vista de todos. Los tacos se venden igual que “los tokes”, las “quekas” o los “pericos”. Los estudiantes de nuevo ingreso tardan dos o tres días para ubicar al medio centenar de “dealers” que disputan “clientes” en inmediaciones de Filosofía y Letras, Campus Central, Ciencias Políticas y el Metro Universidad.
Es la UNAM, “la máxima casa de estudios”, en donde se consigue todo tipo de droga, la cantidad que el cliente pida y, sobre todo, 365 días del año.
Mercado en grande, a la vista de todos, que disputa una clientela cautiva de cientos de miles de consumidores; territorio sin ley y sin policía, en donde se educa a los abogados, pero donde la ley no existe; en donde se preparan los médicos y la salud no importa a nadie; en donde aprenden los futuros jueces y ministros, pero en medio de cursos intensivos de consumo de drogas.
¿Quién gana con el jugoso negocio del narco en la UNAM? ¿Qué autoridades universitarias y de qué nivel, estimulan el escandaloso negocio de la droga? ¿De verdad ningún rector se enteró del negocio? ¿No es ridículo que el doctor Narro –actual secretario de Salud–, hoy impulse campañas contra el consumo de drogas, cuando en sus tiempos de rector nada hizo para evitar el consumo de drogas?
Más ridículo que mientras los rectores parecen ciegos, sordos y hasta idiotas ante el escandaloso negocio de la droga que se regentea en sus narices, todos los universitarios –y no se diga consumidores eternos–, saben que el centro de distribución de droga es el Justo Sierra, el auditorio Che Guevara, en donde los cárteles de la droga tienen rentables centros de distribución y consumo: los universitarios.
Y todo solapado por esas gemelas perversas llamadas “autonomía universitaria” y “gobiernos represores”; justificaciones injustificables que estimulan grupos políticos universitarios que se resisten al ingreso de la Policía, a la detención de las mafias criminales de droga y a la investigación para saber en qué nivel universitario –y quién, con nombre y apellido–, brinda protección al magnífico negocio de la droga en la UNAM.
Y es que resulta increíble y hasta ofensivo que los rectores de la UNAM no conozcan el escandaloso negocio de drogas en la UNAM –empezando por el rector actual–, y que directores de facultades y escuelas estén ajenos. Y la mejor prueba de ese insólito es que en los últimos 16 años ninguna autoridad ha movido un dedo por acabar con ese problema, que empezaría por la recuperación del Justo Sierra, seguido por la detención y consignación de los ocupantes, todos ellos narcotraficantes.
Distintas encuestas a la comunidad universitaria señalan que por lo menos el 80% de los estudiantes aplaude el desalojo del Justo Sierra. Otro tanto repudia la creciente venta ilegal de todo tipo de drogas. Sin embargo, ni los rectores, ni el Gobierno de la Ciudad de México, y menos la PGR, se atreven a poner fin, a pesar de que los medios han documentado con nombre y apellido a cada uno de los “OcupaChe” que se dicen estudiantes sin serlo, que se dicen activistas de quién sabe qué causa, pero que sólo viven del negocio de la droga.
Y a pesar de todo lo anterior y en el absurdo de las buenas conciencias universitarias, el rector y toda su claque piden “con todo respeto” diálogo para desocupar el Justo Sierra.
Resulta ridículo –si no es que de risa loca– que en la casa de las ideas, del pensamiento y el conocimiento, que en la UNAM, nadie conozca la ley y menos su aplicación.
Al tiempo.
Este artículo fue publicado en Milenio Diario el 25 de marzo de 2016, agradecemos a Ricardo Alemán su autorización para publicarlo en nuestra página.
