La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la conectividad para el acceso de todos los mexicanos a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así como a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Este mandato se observa también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT) que señala, entre otros temas, que: “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general, y para la realización del Sistema Nacional”.
El cierre de la brecha digital es iniciativa clave para el crecimiento y desarrollo económico.
En México esto no parece estar muy claro y nos seguimos rezagando al cancelar proyectos que permiten que millones de personas accedan a internet cuando el fomentar la conectividad se traduciría, de acuerdo con la consultoría The CIU, en un incremento adicional del PIB de 0.16% cada año, es decir tan sólo en 10 años el crecimiento por el efecto acumulativo sería del 1.2%.
Así, a menos de un año de que López Obrador se comprometió para que todo el país goce de conectividad y así reducir la desigualdad y promover el desarrollo económico, esta promesa simplemente se esfumo con la cancelación del fideicomiso 2058, que respaldaba al proyecto e-México.
El proyecto e-México fue definido en 2003 bajo tres ejes principales:
- Conectividad
- Contenidos
- Sistemas
Al sentar así las bases hacia la equidad e igualdad de oportunidades en todo el país.
Su objetivo consistía en brindar a todos los mexicanos el acceso a información, contenidos y oportunidades de desarrollo en materia de salud, educación, comercio, turismo, economía, en especial a las distintas comunidades marginadas a través de la adopción de las TIC,
En noviembre de 2019 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la SCT hacer pública la información sobre el Fideicomiso Público de Administración e Inversión número 2058 e-México mediante la solicitud de información pública 0000900157614, sin embargo, la Secretaría contestó que esa información estaba clasificada como reservada por un periodo de 12 años debido a que la SHCP sentó en Banobras este fideicomiso y al ser fiduciaria había decidido la clasificación de dicha información.
Ante esta situación, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña precisó que, al ser un fideicomiso público federal, la SCT sería la responsable de reportar trimestralmente los ingresos de éste, así como los rendimientos financieros del periodo, los egresos, su destino y el saldo o disponibilidad, además precisó que se requería información sobre su operación como medida de transparencia de gestión pública y rendición de cuentas.
La semana pasada la 4T anunció que debido a irregularidades que se encontraron en el manejo de este proyecto durante la administración pasada (recurso ya muy recurrente o más bien permanente de esta administración), vía la Secretaría de Hacienda prescindió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la utilización de los recursos del Fideicomiso 2058 e-México, haciendo de lado a operadores de redes públicas y del gobierno federal que a través de centros comunitarios digitales, enlazaban a diversas localidades del país, dejando en la desconexión a millones de habitantes de zonas rurales que ya no gozarán de conectividad gratuita y por tanto carecerán de beneficios para la mejora de su calidad de vida.
Y aunque a la fecha la 4T no ha presentado ni las bases de una Agenda Digital Nacional, sigue muy enfocada en implementar estrategias para la austeridad (o más bien de austericidio), y propone que sea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos quien provea de servicios de conectividad a organismos de gobierno, quien además seleccionará qué empresas de integradores de servicios de telecomunicaciones podrían ser necesarios para su implementación.
Mientras tanto, entre los más afectados se encuentran estados como: Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que han sido históricamente los menos desarrollados en el uso de las TIC y son forzados a la desconexión.
Así, la 4T continúa desincentivando la inversión local y extranjera y fomentando un escenario de incertidumbre económica. Integradores de servicios de telecomunicaciones mexicanos como Elara, por ejemplo, y corporaciones extranjeras como Eutelsat, Hispasat, SES, Hughes, iDirect, entre otras, siguen dudando cada vez más en invertir en el país.
