Aún no se presenta, pero ya podemos esbozar cómo vendrá la iniciativa de reforma del sistema electoral que está elaborado el equipo del presidente López Obrador.
Se pretende reducir el costo presupuestal que generan el INE y el Tribunal Electoral. Para ello se propondrá reducir el financiamiento público de los partidos políticos, terminar con los órganos electorales locales, recortar plazas e insistir en reducir las percepciones de los funcionarios de puestos superiores.
También existe la propuesta de terminar con los 200 diputados plurinominales, para que las contiendas se definan en cada distrito. El senador Ricardo Monreal visualiza, más bien, una reducción a 400 diputados y a 96 senadores.
Uno de los ejes del cambio será renovar al Consejo General y a la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Si esto ocurriera, cosa por demás difícil debido a la próxima integración de la Cámara de Diputados, tendríamos un panorama distinto y regresivo. Es más un afán de venganza que de mejora institucional.
Reducir el dinero que reciben los partidos, por medio del financiamiento público, suena atractivo, pero es bastante riesgoso. Es un debate desde el inicio de la transición a la democracia, en el que se privilegió la dotación de recursos, supervisados y auditables, pera evitar que poderes fácticos o inclusive criminales pudieran decidir las contiendas.
Los Organismos Públicos Locales, que son quienes se encargan de la organización electoral en los estados, surgieron para evitar las presiones de los gobernadores, quienes ponían a su servicio a los diversos servidores públicos. Por eso el IFE se transformó en INE. No es un cambio de nomenclatura, sino un entramado que mejoró la operación y, sobre todo, contuvo las presiones de poderes locales.
Terminar con los diputados plurinominales es un viejo anhelo de los priistas más conservadores. Ahora se suma a ellos el presidente López Obrador, quizá calculado que siempre tendrá la mayoría territorial.
Es un error desde muchos puntos de vista y en particular del que respecta a la pluralidad, ya que la proporcionalidad permite tener un reflejo más claro de lo que ocurrió en las urnas.
El presidente ha dicho, de modo muy claro, que no quiere a los consejeros ni a los consejeros del INE ni a los magistrados del Tribunal Electoral.
Por ello propone cambiarlos a todos, para dar paso, dice él, a personalidades no sujetas al conservadurismo ni a los intereses de los partidos.
Es una fantasía, porque de nueva cuenta tendrá que ser en el Poder Legislativo donde se definan las integraciones de los órganos superiores de las autoridades electorales, ya que no se está proponiendo, al menos hasta ahora, un nuevo esquema para designarlos.
Además, no le alcanza a Morena y a sus aliados una operación de semejante calado, en tanto la oposición se mantenga unida y defienda avances que costaron mucho y que son un patrimonio de la sociedad que permiten, entre otras cosas, la democracia y, muy importante, las posibilidades siempre presentes de alternancia.
Estos cambios no ocurrirán, y por fortuna, porque es justo el nombramiento escalonado de consejeros y magistrados el que permite que se salvaguarde la independencia. ¿Qué los nombraron en otros sexenios? Pues sí, porque México no se inauguró en 2018.
