Más vale tarde que nunca. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los “Primeros 100 días del Tercer año de Gobierno” constituyó un acto de propaganda gubernamental personalizada y que eso está prohibido por la Constitución.
Se realizó el 30 de marzo pasado, cuando ya habían iniciado las campañas en seis estados del país, se utilizaron recursos públicos y fue difundido por los medios de comunicación.
El PRD presentó la queja respectiva, pero no tuvo mucho éxito, en un primer momento, porque nadie quería hacerse cargo de lo que implicaba.
Hace unas semanas escribí, aquí en etcétera, que solo en la Sala Regional Especializada no habían visto lo que todo el mundo observó y que por ello no existía sanción alguna al respecto.
Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, en cambio, se cometieron por lo menos dos infracciones con la celebración de aquel informe. En primer lugar la que prohíbe la propaganda gubernamental personalizada, como estipula el Artículo 134 constitucional y el segundo aspecto es que se esquivó la determinación de que no se puede hacer propaganda de gobierno durante los periodos electorales, como claramente señala el texto de la Constitución en su Artículo 41.
Foto: Cuartoscuro
Es curioso, pero ambos contenidos constitucionales, surgieron precisamente por las quejas de quienes eran oposición en el pasado y veían que los gobiernos abusaban de la propaganda y de los recursos que invertían en ella.
Durante todo el proceso electoral se han violado muchas de las disposiciones que hacen posible la equidad durante las contiendas. La realización de las mañaneras, en otro momento, habría sido un escándalo y significado un alto costo para el Poder Ejecutivo. El tamaño del daño solo lo conoceremos con posterioridad.
Faltan ya solo unos días para que los ciudadanos acudan a las urnas, por lo que la resolución no tendrá grandes efectos inmediatos, pero sí puede servir para evitar que hechos como los ocurridos no se repitan en el futuro.
Será la Sala Regional Especializada la que determinará las responsabilidades pertinentes, pero por lo pronto se puso en claro que no se pueden realizar informes de gobierno en plena contienda. Era obvio, pero ya sabemos cómo son las cosas desde hace un tiempo.
Estoy convencido que tendrá que hacerse un balance sobre cómo se desempeñaron las instituciones, pero sobre todo de hasta dónde se estiraron la cuerda los participantes en las elecciones y cómo se agrietó nuestro pacato democrático.
