A estas alturas suponemos que el Presidente y su equipo cercano ya se habrán dado cuenta que no hay vía rápida para algunos de los cambios que se han propuesto.
No es casual que estemos pasando con frecuencia por una discusión sobre el Estado de derecho, a veces con tintes de rebatinga, porque se ponen en entredicho las leyes a las cuales se les considera un dique para el cambio.
Algunas de las dificultades han sido resueltas en el Congreso. La mayoría fiel de Morena ha logrado reformas, pero es evidente que en democracia no se puede hacer lo que se quiere sin consenso por más que echen andar la maquinaria.
En ocasiones se han tomado otros caminos en medio de la prisa y en el querer hacer las cosas a como dé lugar. Se ha buscado a través de formas colaterales apurar procesos, los cuales no pasan necesariamente por un marco legal.
Se apela a las leyes para alcanzar objetivos, pero en ocasiones se pasa por alto a las propias leyes o se les acaba interpretando de manera particular.
Las consultas que ha propuesto el Presidente pasan por estos terrenos, el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un ejemplo de ello.
Pocas cosas en materia legal importaron, lo que se quería era cancelar la obra y para ello se organizó una consulta que no fue avalada por la Corte, lo cual importó poco o nada. El entorno legal, al final, terminó pasando a segundo plano lo que el Presidente prometió y quería se consiguió.
La prisa que ha tenido López Obrador inevitablemente enfrenta las condiciones bajo las que vivimos. Se pasa por alto que las leyes no fueron creadas gratuitamente, se establecieron y diseñaron a partir de un consenso social y de una experiencia colectiva. Sumemos a esto que en democracia las propuestas se debaten más que se imponen, a veces los caminos son largos para tomar las mejores decisiones.
Es claro que estamos en medio de un proceso de transformación que coloca diferentes aspectos de nuestro marco legal bajo interesantes cuestionamientos y también bajo las tentaciones de la imposición. A menudo se quieren cumplir los objetivos que tiene el Presidente a través de vías cortas, el proceso de cambio no puede de la noche a la mañana romper con una forma de vida que por más que se quiera desechar o desacreditar, es la que nos ha permitido desarrollarnos como sociedad, sin dejar de reconocer por ello los muchos elementos oscuros que nos han acompañado.
Éste ha sido un tema que está entre nosotros y difícilmente dejará de estarlo. Cuando el Presidente habla del pasado no solamente se centra en personas con nombre y apellido, también ubica su crítica en instituciones. Recordemos la famosa frase de “al diablo con sus instituciones”, era una forma de referirse críticamente a una de las formas de organización social que tenemos.
Sin embargo, por más que el Presidente insista una y otra vez en ello no es ocasión para llevar a efecto un rompimiento o destrucción de las instituciones y, por ende, de las bases y normas que nos organizan y ofrecen un cumplimiento legal.
Algo de todo esto tiene que ver con la propuesta presidencial del enjuiciamiento a los expresidentes. Muy probablemente, si nos atenemos a las leyes, la Corte rechazará la consulta. La clave es lo que puede pasar a partir de ello porque, por un lado, el mandatario podrá decir que como sea hizo el intento, a pesar de que había dicho que no se quería detener en estos temas.
El otro componente tiene que ver, como en el caso del aeropuerto, la consulta se llevará de cualquier manera a cabo, lo que nos meterá en un terreno pantanoso sin pies ni cabeza.
Nadie duda que el marco legal merece cuestionamientos y cambios, pero pasarlo hoy por encima nos puede llevar a la Ley de Herodes.
RESQUICIOS
Ante la amenaza y zarandeada de Trump sobre aplicar sanciones a México si no se ataca con resultados el narcotráfico, López Obrador aseguró que “no ameritaba respuesta”.
Este artículo fue publicado en La Razón el 18 de septiembre de 2020. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página
