Los primeros escarceos en el caso Lozoya se definen por las necesarias formalidades legales, las cuales urgían desde su llegada a México hace más de una semana.
No es menor lo de ayer, porque con ello se ha echado a andar la vinculación a proceso del extitular de Pemex. Lo que viene ahora va a tener su dosis de toma y daca, escándalo y morbo y diríamos que viene lo bueno.
El proceso se llevará tiempo por lo que más vale que seamos pacientes en lo que vamos conociendo los pormenores de uno de los juicios más importantes de las últimas décadas.
Lo importante de ayer es que ya están sobre la mesa los cargos contra Lozoya, es relevante porque se termina con las especulaciones sobre las acusaciones en su contra, entramos ahora sí al terreno de los hechos.
Una de las denuncias de la Fiscalía tiene gran relevancia política. Asegura que Alonso Ancira le habría entregado más de 34 mdp a Emilio Lozoya en los tiempos de la campaña de Peña Nieto. Con este tipo de acusaciones venga lo que venga ya no hay camino de regreso.
La única manera en que Lozoya va a poder responder a su cuestionable inocencia va a ser con acusaciones y señalamientos a otras personas. Lo que es definitivo es que independientemente de su defensa, sus acciones y decisiones lo colocan como parte del andamiaje de la corrupción, por más que diga que es “inocente” y que fue “intimidado, presionado e instrumentalizado”.
No tiene sentido pensar en personajes que en el organigrama de Pemex y otras dependencias estuvieran en cargos menores, la única manera en que se pueden tomar decisiones como las que tomaron es con el aval, la complicidad, la decisión y si se quiere la exigencia, de personajes de altos niveles entre los que estaba Lozoya.
El exdirector de Pemex puede estar entrando en un callejón sin salida, a pesar de su “voluntad por cooperar”. La razón es que como fuere convalidó acciones que están siendo sujetas a cuestionamiento y persecuciones legales. Como es sabido, lo que está tratando de hacer es correr por su vida y en el camino salvar el pellejo de los suyos para lo que la autoridad le está abriendo una puerta, que no todas.
Para el país y su historia tiene una gran relevancia lo que está pasando. Como sociedad estamos ante la oportunidad, única por como se han dado las condiciones del caso, de que al mismo tiempo que se denuncia y actúa bajo el Estado de derecho también pueda ser ocasión para construir nuevos procesos de desarrollo ético, educativo y cultural en todos los ámbitos del ejercicio del poder.
Hace bien el Presidente al convocar a estar “atentos” al caso. Efectivamente es importante que los ciudadanos estemos al tanto de lo que se hizo, porque de alguna manera afectó nuestras vidas y también como un principio.
Sin embargo, si algo debe prevalecer es el Estado de derecho por más que nos lleve a largos procesos y a desenlaces que no necesariamente sean de nuestro gusto o expectativa.
Lo que no viene bien es alentar juicios ciudadanos o populares, porque significa someter el Estado de derecho a una singular voluntad popular la cual está cargada de pasiones, emociones, filias y fobias y muchas veces cargada de un espíritu de venganza.
Lo que al final va a terminar definiendo el caso es la capacidad que tenga la Fiscalía para presentar sus argumentos y lo que esté dispuesto a mostrar y contar el hombre de la videoteca.
Cuenta la voluntad política, pero lo que más cuenta es el Estado de derecho porque a partir de él estaremos construyendo futuros nuevos y diferentes, traiga lo que traiga Lozoya y sus videos.
RESQUICIOS.
Nos dice el doctor Raúl Rojas, de la Universidad de Berlín, que con base en los comunicados de la Ssa con las cifras de Covid-19 apenas se ha cubierto un poco más del 25% de los casos reales. En función de que en los 12 estados no cubiertos por el reporte viven 40 millones de personas, “tenemos que el exceso de muertes en todo el país, hasta el 30 de junio, sería de 104,400 personas”.
Este artículo fue publicado en La Razón el 29 de julio de 2020, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
