El pasado lunes, la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encabezada por Paulina Martínez Youn, informó sobre el inicio de una investigación por la probable comisión de prácticas monopólicas relativas en el “mercado” de provisión de servicios mayoristas de desagregación de la red local del agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones. Marqué entre comillas la palabra “mercado” porque sólo hay un agente económico preponderante en telecomunicaciones y la provisión de servicios mayoristas de desagregación de su red local deriva de una obligación legal y no de su libre voluntad para participar en este “mercado”.
La investigación tiene como objeto verificar si Telmex/Telcel ha realizado prácticas monopólicas consistentes en la denegación de acceso a un insumo esencial o su acceso, pero en condiciones discriminatorias, con el objetivo de “desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos”.
La investigación iniciada por la Autoridad Investigadora es una buena señal, pues hasta el día de hoy el IFT ha sido completamente omiso en su obligación de supervisar el cumplimiento de las medidas de preponderancia impuestas a Telmex/Telcel, incluso al grado de hacer caso omiso a los cientos de denuncias presentadas por competidores respecto de las tácticas dilatorias y discriminatorias que éste realiza para impedir que su competencia en el segmento minorista pueda hacer un uso eficiente de la desagregación mayorista de su red local. El cinismo del IFT es de tal nivel que expresamente ha manifestado que Telmex/Telcel está en cumplimiento pleno de todas sus obligaciones documentales, esto es, que han entregado todos los papeles que el IFT les ha requerido para hacer como que trabaja y como que supervisa, pero no ha hecho mención alguna al cumplimiento efectivo de las obligaciones de preponderancia, tal y como lo establece la ley.
Si el IFT supervisara y sancionara el incumplimiento por parte de Telmex/Telcel a sus obligaciones en materia de desagregación de su red local, la Autoridad Investigadora no necesitaría hacer investigación alguna, ya que el IFT tiene plenas atribuciones para sancionar de inmediato cualquier práctica del preponderante tendiente a negar el acceso a su red o desplazar a sus competidores. El problema es que no lo hace. Permítame ser muy claro: la regulación en materia de preponderancia es correcta y consistente con las mejores prácticas internacionales. No obstante, la negligencia dolosa por parte del IFT para supervisar su cumplimiento efectivo impide, en la práctica, que ésta alcance los objetivos deseados. Parece que para el IFT la regulación de preponderancia no tiene más valor que una atenta sugerencia para Telmex/Telcel.
Si bien la investigación de la Autoridad Investigadora en materia de competencia económica es una buena noticia, lo cierto es que este tipo de investigaciones puede tomar hasta dos años, después de los cuales iniciaría un procedimiento en forma de juicio en el que Telmex/Telcel podrán defenderse de cualquier imputación que les llegue a realizar la Autoridad Investigadora, lo que podría tomar otro año. Así, en el mejor de los casos, podríamos ver resultados en tres años. Evidentemente, cada día de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de preponderancia es un día más en el que Telmex/Telcel podrán mantener su control sobre el mercado y desplazar a sus competidores.
Me parece que la intención de la Autoridad Investigadora es loable, pero si atendemos a la actitud mostrada por el pleno del IFT, que abiertamente permite los incumplimientos de Telmex/Telcel, que, como dije antes, podrían ser sancionados de inmediato sin necesidad de que concluya la investigación, me pregunto si ésta no obedece a la intención perversa de permitirle al preponderante seguir ganando tiempo mientras el IFT simula trabajar en pro de un entorno más competitivo.
Si bien el IFT puede sancionar de inmediato a Telmex/Telcel (si trabajara en la supervisión de las mediadas de preponderancia) hasta con 6% de sus ingresos brutos anuales, la investigación en materia de competencia podría derivar en una sanción de hasta 10% de los ingresos anuales de todo el agente preponderante, incluyendo a América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa y todas sus filiales y subsidiarias, lo cual no es poca cosa.
Este artículo fue publicado en El Economista el 8 de mayo de 2019, agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
