Algunas de las investigaciones que se hicieron sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala deben ser consideradas y atendidas.
En Gobernación lo saben y van a tener que dar la batalla para recuperar lo que es válido. Si bien hay que cambiar el concepto de “verdad histórica” no se puede soslayar la investigación que se hizo estos años.
En el imaginario colectivo ronda un descrédito de todo lo que se hizo, lo cual tiene su dosis de razón. La muy comentada conferencia de prensa que ofreció la PGR, por quien era el titular Jesús Murillo Karam, fue un conjunto de luces y sombras que terminó mal por aquella expresión de “ya me cansé”, la cual si bien tenía que ver con el estado de salud del procurador, fue expresada en el peor de los momentos. La otra expresión para la controversia fue la referida “verdad histórica”.
Algunos elementos parece que ya no pasan por tantos cuestionamientos. El secuestro hecho por la autoridad local para entregar a los normalistas a la delincuencia organizada es el punto de partida para todas las versiones.
El resto de esta lamentable y triste historia se mueve entre versiones contradictorias, intereses creados; una pésima comunicación de los hechos por parte del gobierno de Peña Nieto; personas que han lucrado con los hechos; un buen número de detenidos sin ser sentenciados; declaraciones bajo tortura y presiones, sólo por mencionar parte de lo que hemos vivido estos años en el doloroso y brutal caso.
¿Qué tantos elementos nuevos se podrán encontrar por la Comisión de la Verdad creada por el gobierno, la cual va a ser instalada en un máximo de 30 días?
En función de lo que se ha investigado y es del dominio público es probable que se confirmen algunas de las versiones de lo que ya se conoce. La clave del asunto y lo que hará las cosas diferentes está en que haya certezas para todos, pero sobre todo para los padres de familia, amigos y para la comunidad de la Normal Isidro Burgos.
Por más que todo sea brutal y doloroso, digamos que una vez más para las familias, no hay nada como conocer la verdad de los hechos.
En este marco, la decisión del gobierno, de crear una comisión sobre el caso, es un acierto. Quizá al final de los trabajos se mantengan cuestionamientos, algunos de ellos probablemente derivados de la impotencia y el dolor, pero de alguna forma todos estaremos un poco más “tranquilos”, por decirlo de alguna forma.
Podría de una vez por todas quedar claro que se hizo todo lo que estaba a la mano poder hacer teniendo a un lado a los padres de familia, y que además las cosas se hicieron como ellos lo solicitaron, lo que incluye la integración de la CIDH, la cual ha estado en varios momentos en el centro de la controversia.
Pensar el país de manera diferente, en medio de una gran crisis de violencia, tiene en el caso de la desaparición de los normalistas un gran reto y una oportunidad.
Conocer a detalle lo que pasó puede ser ocasión de que muchos otros casos que tenemos entre nosotros tengan salidas similares. Quiere decir que creando comisiones para casos emblemáticos —con solidaridad, convicción y profesionalismo—, que se han presentado estos años, podríamos estar desarrollando condiciones para la reconciliación y justicia que tanto le urgen al país.
El gran reto para la Comisión de la Verdad anunciada ayer está, paradójicamente, en llegar a la verdad. No tiene sentido crear una comisión a modo o para tratar de atemperar ánimos y justificados enconos.
Se trata de que esta comisión sea una especie de punto de partida para futuras investigaciones.
Se trata de tener mecanismos válidos y creíbles, es por ello que se deben hacer bien las cosas, por más que nos duela.
RESQUICIOS.
Lo que hemos visto y vivido estos tres meses lo vamos a ver todo el sexenio. Es el estilo personal de gobernar y son las formas de López Obrador. Estamos ante un antes y un después en el ejercicio del poder, el tiempo y nosotros decidiremos dónde aterrizamos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 12 de marzo de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
