Cinque Terre

José Buendía Hegewisch

Periscope para autoridades débiles

El control de los particulares del espacio público por la falta de autoridad es pan cotidiano. La capacidad de hacer que las regulaciones se cumplan de hecho y de derecho está en entredicho todos los días en las comunidades. Y la pérdida de justicia cotidiana es caldo de cultivo para la violencia y el control de poderes de facto, mafias o sólo prepotencia e influyentismo. Lo sabemos, nada nuevo, pero esta vez la anarquía es aireada por la propia autoridad con la polémica por el uso de Periscope para grabar y exhibir faltas de urbanidad y civismo a través de redes sociales, como el ya célebre caso del #LordMeLaPelas.


En efecto, las autoridades de Miguel Hidalgo tienen una estrategia de difusión pública de operativos llamados “vecino gandalla”, con el propósito de generar castigo social contra personas que incumplan con reglas cívicas. De ahí saltó el escándalo en redes por los insultos del empresario prepotente Libien Santiagocontra el city manager de la delegación, Arne aus den Ruthen, que documentó en video las faltas de sus guaruras al estacionar sus vehículos en una banqueta de avenida Reforma. A mí “me la pelas…”, le habría dicho el “hombre de dinero” en una escena harto conocida por muchas autoridades cuando enfrentan a alguno con poder.


Los abusos y excesos de autoridad son práctica común en la justicia cotidiana, tanto como la anulación de los funcionarios públicos cuando enfrentan a “intocables” o mirreyes. La delegada Xóchitl Gálvez ha justificado el programa y el método de sanción pública porque el país “está cansado de timoratos que no se atreven a aplicar la ley por temor” y seguir con Periscope “en aras de máxima publicidad y transparencia” del ejercicio de la autoridad, pese a una prevención de la CDHDF de dejar de usar esa plataforma para no violentar los derechos humanos de los ciudadanos.


La necesidad de recurrir a otras fuentes de poder, además de la ley y la coerción como la sanción moral, demuestra la debilidad de la autoridad; su indecisión, encogimiento ante “señores” de las calles y los “lores” de plazas y banquetas, con poder para reprender y hacer castigar a quien aplique la ley o corromperlos. Pero el temor del funcionario no viene del “vecino gandalla” al que se pretende educar, sino de sus superiores. Teme ser sacrificado si otro servidor más arriba cede a la presión y a la exigencia de impunidad de un “influyente”.


La vulnerabilidad de los funcionarios por el gobierno de la corrupción, en efecto, no es tema nuevo, sino parte de la osteoporosis que se genera en las instituciones autoritarias. Ahora lo novedoso está en la tecnología para transparentar la autoridad y dotarla de nueva fuente de disuasión, además de la coerción, aunque también abre el riesgo de incurrir en el escarnio público para cubrir sus deficiencias de legitimidad o, incluso, elevar la extorsión. Otro peligro más de la cultura autoritaria.


Parte del problema es que hay una especie de limbo sobre el uso de estas tecnologías para vigilar o documentar operativos públicos y la protección de derechos como imagen propia o de datos personales. El artículo 19 de la Ley para la Protección de la Vida Privada, del Honor y la Propia Imagen señala que la imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida o expuesta, si no es con su consentimiento… a menos que esté justificada por el interés público.


¿El interés público justificaría educar con el escarnio contra el “gandallismo”? La frontera entre actos que sean del interés público y afectar derechos de los otros es siempre una línea muy delgada. La grabación y difusión de actos de los ciudadanos por parte de la autoridad bordará cerca de la afrenta pública, aunque la autoridad justifique el método por su propia debilidad o el mayor poder de otros en la calle. En fin, la polémica está servida.



Este artículo fue publicado en Excélsior el 25 de Febrero de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página

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