Cinque Terre

Julián Andrade

Escritor y periodista.

Las pedradas al debido proceso

El fiscal Alejandro Gertz Manero es un funcionario de mucha experiencia y le ha tocado colaborar con diversos gobiernos. Como nunca, ahora goza de autonomía constitucional para hacer su trabajo, y parece que está dispuesto a utilizarla.

Por ello alzó la voz, en una reunión con el cuerpo diplomático, para señalar que existen unidades del gobierno federal que no respetan el debido proceso.

Hábil, como es, no puso nombres, pero no era necesario, ya que todos saben que se refiere a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto.

Lo que inquieta, es que se esbocen acusaciones, cuando aún no han hecho el trabajo en el Ministerio Público y mucho menos son del conocimiento de quienes tendrán la obligación de determinar la culpabilidad y la inocencia de cada expediente.

El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso de los reclamos y anunció que se buscará un esquema en el que quede claro qué es lo que se puede informar, aunque también expresó que las revelaciones que hace la UIF se realizan con el conocimiento de quien despacha en Palacio Nacional.

El tema es delicado, porque con el tiempo, muchos de los asuntos más impactantes, pueden ser desechados por el Poder Judicial, ya que los acusados, en conferencia de prensa, pueden argumentar que se quedaron sin elementos para su defensa y fueron acusados de antemano por autoridades que deberían guardar sigilo.

Es terrible, porque no pocos de los señalados ven como se arruina su vida y de ante mano saben que ni con la absolución se reparará el daño.

En el fondo, lo que está ocurriendo muestra que las rutinas del viejo aparato de justicia continúan funcionando y que no se acaban de digerir las pautas que impone la reforma que instrumentó los juicios orales bajo una lógica garantista. Por eso el debido proceso se percibe como un asunto engorroso que atrasa la impartición de justicia y que complica su procuración.

Es el problema con las cruzadas morales, donde las prisas terminan por suplir a los procedimientos y en la que la culpabilidad ya está determinada de antemano. Se acusa para ya no investigar, cuando en realidad se tendría que hacer lo contrario, esto es, indagar con cuidado y en su caso proceder, pero bajo el libreto que tiene que imperar en una sociedad de derechos.

Los que deben estar más preocupados con lo que está ocurriendo, además de los fiscales, como ya es evidente, son los jueces, el último eslabón de la cadena y sujetos al escarnio público cuando no hacen lo que se espera de ellos: Condenar a los corruptos del antiguo régimen neoliberal.

Se vive tratado de resolver la urgencia presente, pero a sabiendas de que en el futuro pueden cambiar las cosas y quienes no hayan defendido la legalidad van a quedar muy mal parados.

Uno de los daños más grandes que sufrió el país en el pasado, es justamente el que provino del uso faccioso de las instituciones para atacar a los enemigos políticos. La PGR tuvo momento bochornosos al respecto y ya estamos recorriendo la misma senda, aunque ahora con el agravante de que es en vivo y a todo color.

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